Conflicto agrario en Tepoztlán: El Tribunal Unitario Agrario en el centro del debate por la elección del Comisariado

Tepoztlán, Morelos, 14 de noviembre de 2025 – El histórico pulso entre facciones de comuneros en Tepoztlán por el control de las tierras comunales ha escalado nuevamente al ámbito jurídico, con el Tribunal Unitario Agrario como árbitro principal.

Este órgano federal ha suspendido provisionalmente los efectos de la elección del Comisariado de Bienes Comunales celebrada el 26 de octubre, sumiendo al pueblo en una nueva fase de incertidumbre. El subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, hizo un llamado urgente al diálogo entre las partes, enfatizando que el Ejecutivo estatal aguardará la resolución de las instancias jurisdiccionales antes de intervenir.

El conflicto actual no surge de la nada; es la enésima manifestación de tensiones ancestrales en Tepoztlán, un municipio nahua con más de 1,200 hectáreas de bienes comunales que han sido blanco de presiones inmobiliarias y turísticas durante décadas. La elección del 26 de octubre, en la que Miguel Cuevas Palma fue designado presidente del comisariado con el respaldo de 295 comuneros, fue impugnada de inmediato por un grupo opositor que alega irregularidades en el padrón electoral –el registro oficial de comuneros con derecho a voto–. Este padrón, custodiado por la Procuraduría Agraria federal, es el eje del litigio: los demandantes argumentan que incluye nombres falsos o excluye a legítimos miembros, lo que viola el artículo 27 constitucional y la Ley Agraria, que regulan la inalienabilidad de las tierras comunales.

El Tribunal Unitario Agrario, con sede en Cuernavaca, intervino el 23 de octubre con una medida cautelar que frenó la asamblea, ordenando una revisión exhaustiva del padrón bajo el procedimiento de controversia de nomenclatura (artículos 185 y ss. de la Ley Agraria). Esta suspensión no solo invalida temporalmente la nueva directiva, sino que deja en limbo decisiones sobre ventas de terrenos, concesiones y proyectos de desarrollo, exacerbando la “combatividad” que ha caracterizado a los tepoztecos por generaciones.

Históricamente, estos choques han derivado en expulsiones colectivas –como la de nueve comuneros en 2020 por presunta venta ilegal de parcelas para viviendas– y fallos emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el de 2018 que ordenó la restitución de 280 hectáreas expropiadas para un club de golf, reconociendo la propiedad colectiva indígena.

En esencia, el “lío jurídico” radica en la colisión entre la autonomía comunal (protegida por el Convenio 169 de la OIT y la reforma constitucional de 2001) y las presiones externas: desde los años 90, Tepoztlán ha visto intentos de privatización de sus cerros y reservas ecológicas para turismo residencial, generando divisiones internas.

Un informe académico de los noventa documenta cómo estos conflictos ambientales han fortalecido el poder local, pero también han profundizado fracturas, con acusaciones mutuas de “lucrar con las tierras” que persisten hasta hoy. En 2022, una sucesión “a modo” en el comisariado fue cuestionada por supuestamente facilitar la deforestación para hoteles, un patrón que se repite en la actual impugnación.

Esta mañana de viernes, un contingente de comuneros se presentó ante el Tribunal Unitario Agrario para exigir celeridad en la resolución, lo que motivó la intervención de Peláez Gerardo. En entrevista, el subsecretario descartó “focos rojos” de escalada violenta –recordando bloqueos previos en la autopista México-Cuernavaca–, pero conminó a todas las facciones a “respetar la legalidad” y priorizar el diálogo.

“El gobierno esperará la resolución de las instancias jurisdicionales; no hay espacio para la confrontación cuando la ley es clara”, afirmó, recordando un pacto de civilidad firmado el 8 de octubre entre comuneros y autoridades estatales para garantizar elecciones en paz.

Peláez, quien asumió la Secretaría de Gobierno interinamente tras el fallecimiento de Juan Salgado Brito, ha mediado previamente en mesas de trabajo con la Procuraduría Agraria, buscando despolitizar el proceso. Sin embargo, críticos locales, como el Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, advierten que la dilación judicial podría prolongar la parálisis, beneficiando a intereses privados que acechan los terrenos comunales.

Con el Tribunal Unitario Agrario programando audiencias para las próximas semanas, el desenlace dependerá de la validación del padrón y posibles amparos ante la SCJN. Para los tepoztecos, curtidos en batallas como la contra el Tren Suburbano o las urbanizaciones ilegales, este capítulo refuerza su reputación de guardianes combativos del territorio. No obstante, el diálogo propuesto por Peláez podría ser la clave para evitar que el conflicto trascienda lo jurídico y derive en protestas masivas, preservando el legado agrario de una comunidad que, desde la Revolución Mexicana, ha defendido su autonomía con uñas y dientes.