Después de años de pestilencia, el estado enfrenta al tiradero de Chipitlán, otrora disfrazado como “centro de transferencia” de basura de Cuernavaca
Después de años de denuncias, malos olores, fauna nociva y riesgos para la salud de cientos de familias, el Gobierno de Morelos finalmente emprendió acciones legales contra el predio de la avenida Estado de Puebla, en Chipitlán, utilizado históricamente como centro de transferencia y convertido desde hace tiempo en un enorme foco de infección al sur de Cuernavaca.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable, por conducto de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, suspendió nuevamente las actividades y aseguró los accesos al terreno, luego de comprobar durante una inspección realizada el 19 de agosto que habían sido rotos los sellos colocados previamente por la autoridad ambiental.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, anunció que el gobierno estatal presentará una denuncia penal ante la Fiscalía de Morelos por el quebrantamiento de los sellos, además de continuar el procedimiento administrativo para imponer las sanciones correspondientes. La intención, aseguró, es aplicar la multa más elevada permitida por la ley.
La intervención no llegó por iniciativa espontánea de las autoridades. El procedimiento comenzó después de una denuncia presentada el 3 de febrero de 2026. La PROPAEM inspeccionó el lugar el 13 de marzo y cuatro días después ordenó la suspensión total de sus actividades; sin embargo, alguien decidió ignorar la determinación oficial, romper los sellos y continuar utilizando el predio.
Lo verdaderamente relevante es que la autoridad estatal asegura que no se limitará a impedir la entrada de camiones o la descarga de más desechos. Dupré se comprometió también a exigir la reparación del daño y la restauración del terreno. “Ese cerro de residuos no puede quedarse ahí; tiene que restaurarse el lugar”, declaró ante habitantes de la zona.
El caso incluye una responsabilidad incómoda para el propio gobierno. El funcionario reconoció que una camioneta oficial fue fotografiada mientras depositaba residuos en el lugar y admitió que la conducta fue indebida. Según informó, la persona responsable fue separada del cargo desde el 31 de marzo.
Los habitantes de Chipitlán, Lázaro Cárdenas, El Polvorín, La Cañada y otras colonias cercanas llevan muchos años soportando las consecuencias de ese foco de contaminación. Por eso, el anuncio merece reconocimiento, pero también seguimiento: el verdadero “diez” para las autoridades no será colocar nuevamente los sellos, sino retirar la montaña de basura, restaurar el predio y evitar que el antiguo centro de transferencia vuelva a operar bajo cualquier disfraz.
