El CERS de Atlacholoaya: interminables los sucesos violentos, el autogobierno y la corrupción
El Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya, ubicado en el estado de Morelos, ha sido escenario de varios episodios de violencia en los últimos años, reflejando los eternos problemas del sistema penitenciario mexicano.
Uno de los incidentes más graves en el CERESO de Atlacholoaya ocurrió en octubre de 2019, cuando estalló un motín que dejó como saldo siete muertos y más de una docena de heridos. Este evento se atribuyó a enfrentamientos entre grupos criminales al interior del penal, particularmente entre facciones de cárteles de droga. Según reportes, la violencia incluyó uso de armas blancas y fuego, lo que reveló una falta de control efectivo por parte de las autoridades sobre el penal. Este evento fue significativo ya que evidenció serias deficiencias en la seguridad del penal, incluyendo presuntos vínculos entre custodios y los grupos criminales que operaban dentro del CERESO.
El año siguiente, 2020, fue testigo de nuevas riñas dentro del penal que resultaron en más muertos y heridos. En marzo, otro enfrentamiento entre internos dejó varios lesionados, lo que volvió a poner en el foco la violencia que prevalece en el centro penitenciario. Este tipo de situaciones han sido comunes debido a la sobrepoblación y la falta de control por parte de las autoridades.
Otro episodio de relevancia fue la fuga de varios reos en diferentes ocasiones. En 2020, las autoridades informaron sobre intentos de fuga y algunos casos de evasión exitosos. Además, en algunos casos, custodios o familiares de internos han sido asesinados fuera del penal, en posibles represalias o ajustes de cuentas, lo que refuerza la percepción de la falta de control en torno a la seguridad de la prisión.
Uno de los factores que ha alimentado la violencia en Atlacholoaya es la presencia de cárteles de droga y grupos del crimen organizado que disputan el control dentro del penal. Internos afiliados a estas organizaciones criminales han sido responsables de muchos de los enfrentamientos violentos. La corrupción al interior del sistema penitenciario ha permitido que estos grupos mantengan cierto grado de influencia, complicando los esfuerzos por pacificar el CERESO.
Después de los eventos de violencia más graves, como el motín de 2019, las autoridades penitenciarias de Morelos y el gobierno estatal prometieron mejoras en la seguridad del penal, incluyendo el aumento de personal de seguridad y la implementación de medidas más estrictas para controlar el acceso a armas y drogas dentro del centro. Sin embargo, estas promesas no siempre se han reflejado en mejoras visibles y duraderas.
La situación en Atlacholoaya ha provocado severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de familiares de los internos, quienes señalan las malas condiciones de vida dentro del penal, la corrupción y la falta de programas efectivos de reinserción. Estas críticas sugieren que, además de la violencia física, hay una violencia estructural relacionada con la falta de acceso a servicios básicos y condiciones dignas.
El CERESO de Atlacholoaya es un ejemplo de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en México, caracterizado por la sobrepoblación, la corrupción y la violencia entre los reclusos. Los esfuerzos por mejorar la situación han sido limitados, y los episodios de violencia continúan poniendo en riesgo tanto a los internos como al personal penitenciario. La violencia en este centro es un reflejo de problemas más amplios en la sociedad, como la presencia del crimen organizado y la falta de control institucional sobre los espacios penitenciarios.
Este historial de sucesos muestra la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario en Morelos y en el país, con el objetivo de proteger los derechos humanos de los reclusos y garantizar la seguridad dentro de los centros de reclusión. Hoy en día las prisiones de Morelos son controladas por la Coordinación del Sistema Penitenciario, adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad, en proceso de extinción, misma que pasará a ser Secretaría de Seguridad y Auxilio Ciudadano a cargo de Miguel Ángel Urrutia Lozano.
