El Pacto Contra la Extorsión de CDMX: ¿Un espejo que Morelos debe mirar?
Este lunes 13 de abril, en la Ciudad de México se firmó el Pacto Contra la Extorsión, un acuerdo multisectorial que une al gobierno capitalino con empresarios, académicos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, el pacto busca romper la soledad que sienten las víctimas de este delito y convertir la lucha en una acción colectiva. Ya no se trata solo de operativos policiales, sino de crear comunidad alrededor de la prevención, la denuncia y el acompañamiento integral.
El documento firmado detalla compromisos concretos y ambiciosos. Se creará un Gabinete contra la Extorsión que coordine todas las instancias, junto con un Centro de Atención especializado que incorpore inteligencia financiera y un sistema robusto de protección a víctimas, denunciantes y testigos. Entre las medidas destacan la instalación de inhibidores de señal en penales para cortar las extorsiones desde las cárceles, la colocación de botones de auxilio en comercios y la formación de una Unidad de Criminalística de Proximidad que acuda directamente al lugar de los hechos. La prevención se reforzará con redes vecinales y empresariales, talleres y campañas que empoderen a la ciudadanía.
Clara Brugada fue clara al señalar que habrá “cero tolerancia” ante la extorsión y que la sociedad será la principal aliada. La jefa de Gobierno enfatizó que este pacto no es un evento aislado, sino el inicio de un proceso social donde el miedo deje de ser herramienta del delincuente. La Fiscal General Bertha Alcalde Luján, por su parte, destacó la necesidad de profesionalizar las investigaciones mediante cruce de datos telefónicos, bancarios y análisis de patrones para desarticular redes completas.
Los resultados preliminares en la capital respaldan el esfuerzo. Entre enero de 2025 y marzo de 2026 se detuvieron 335 personas por extorsión o en grado de tentativa, y las órdenes de aprehensión aumentaron significativamente respecto a años anteriores. Estas cifras demuestran que una estrategia integral, que combina represión con atención a víctimas y prevención comunitaria, puede generar avances reales en un delito que tradicionalmente se caracteriza por su alta cifra negra.
Morelos, por su proximidad geográfica y conurbación con la zona metropolitana del Valle de México, no puede permanecer indiferente ante este pacto. Muchas bandas de extorsionadores operan de forma regional, utilizando teléfonos y aplicaciones que cruzan límites estatales. Si la CDMX logra reducir el flujo de estas llamadas y desarticular células en su territorio, es probable que parte de la presión se sienta en municipios morelenses como Cuernavaca, Jiutepec o Cuautla. La coordinación interestatal se vuelve, por tanto, indispensable.
En diciembre de 2025, la propia Clara Brugada propuso un Pacto Metropolitano contra la Extorsión que incluiría a Morelos y otros estados colindantes. Se habló entonces de acciones compartidas como inhibidores en penales y mayor inteligencia regional. Sin embargo, hasta la fecha ese frente metropolitano no se ha concretado en una firma pública y amplia como la realizada este lunes en la capital. Morelos ha participado en reuniones de coordinación interestatal, pero aún falta el impulso formal y multisectorial que caracteriza al acuerdo capitalino.
En Morelos, el gobierno estatal ha avanzado en la alineación con la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han impulsado campañas de prevención para fomentar la denuncia, se trabaja en la instalación de inhibidores de señal y equipos de rayos X en los centros penitenciarios, y se han fortalecido operativos interestatales contra el robo y la extorsión. La gobernadora Margarita González Saravia ha priorizado la coordinación con entidades vecinas y la cobertura total de cámaras de vigilancia en el territorio estatal durante 2026.
No obstante, lo que distingue al pacto de CDMX es su componente comunitario fuerte. No solo involucra a las autoridades, sino que compromete formalmente a empresarios, iglesias, académicos y medios a promover la denuncia, organizar redes de apoyo y acompañar a las víctimas más vulnerables. En Morelos predominan hasta ahora acciones más institucionales y preventivas, pero falta esa firma pública de un pacto amplio que genere el mismo sentido de “comunidad contra el miedo”.
La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más lastima la vida cotidiana en nuestro estado, afectando a comerciantes, transportistas y familias enteras. Muchas víctimas prefieren pagar en silencio por temor a represalias, lo que alimenta el círculo vicioso. Un pacto similar al de la CDMX podría ayudar a romper ese silencio, creando espacios seguros de atención y empoderando a la sociedad morelense para que deje de sentirse sola frente al delincuente.
Llegó el momento de que Morelos tome este pacto como espejo y oportunidad. Replicar su espíritu multisectorial, adaptándolo a nuestra realidad local, podría significar un avance significativo. Involucrar a los sectores productivos de Cuernavaca, a las iglesias y a los medios locales en un gran acuerdo estatal contra la extorsión fortalecería la confianza ciudadana y multiplicaría los esfuerzos. La cercanía con la CDMX no solo trae desafíos, también ofrece lecciones valiosas que no deberíamos desaprovechar. La paz y la tranquilidad de las familias morelenses bien valen ese esfuerzo colectivo.
