“El Patrón” cayó, pero su historia criminal en Morelos comenzó hace muchos años
La captura de Lino Adame Sotelo, identificado como uno de los principales dirigentes de la organización delictiva conocida como “Los Linos”, no representa solamente la detención de otro presunto generador de violencia. Es el episodio más reciente de una historia que se remonta, por lo menos, a más de una década de operaciones criminales en territorio morelense, detenciones, liberaciones judiciales, presuntos nexos con organizaciones de mayor alcance y una preocupante capacidad para sobrevivir a los cambios de gobierno. No estamos hablando de un desconocido para las autoridades. Su nombre figuraba desde hace años en investigaciones y reportes de inteligencia.
La detención de Lino Adame Sotelo, alias “El Patrón” o “El Señor”, ocurrida este martes 3 de noviembre en Ixtapaluca, Estado de México, permite recuperar antecedentes que ayudan a comprender la dimensión del personaje. Su organización, originaria de Mezcala, Guerrero, habría comenzado a establecerse en Morelos entre 2011 y 2012, cuando distintas células criminales aprovecharon la fragmentación de las estructuras que habían operado bajo el predominio de los Beltrán Leyva. Primero se asentaron en Temixco y posteriormente extendieron su influencia hacia Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Tlaltizapán y Cuernavaca. Investigaciones periodísticas también han documentado su presencia en comunidades como La Nopalera, en Yautepec. Con el tiempo, las autoridades federales relacionaron a esta organización con extorsiones, homicidios, narcomenudeo, robo de vehículos y tráfico internacional de drogas.
Pero hay antecedentes todavía más reveladores. Una investigación publicada en 2017 por La Silla Rota documentó que Lino Adame Sotelo había estado recluido en el penal de Chilpancingo, Guerrero, desde años anteriores, y que en junio de 2003 fue lesionado durante una agresión dentro de ese establecimiento penitenciario. También dio cuenta de registros judiciales posteriores en el Estado de México. Más delicado aún: los nombres de Lino y Rodolfo Adame Sotelo aparecieron en una libreta atribuida a Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como dirigente de Guerreros Unidos, organización vinculada con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un documento de la entonces Comisión Nacional de Seguridad también los identificaba como integrantes de esa estructura. Conviene precisar que tales referencias constituyen antecedentes de inteligencia y señalamientos documentados, no pruebas de participación personal en la desaparición de los estudiantes.
Hay una fecha especialmente importante: el 4 de marzo de 2017. Ese día, durante el gobierno de Graco Ramírez, policías estatales detuvieron en Tlaltizapán a 18 personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada. Entre ellas figuraban Lino y sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo. En el operativo fueron aseguradas nueve armas de fuego, 359 cartuchos útiles y seis vehículos. Sin embargo, el 27 de mayo de aquel año, una jueza federal determinó que siete de los detenidos, incluidos los hermanos, continuaran su proceso en libertad. La decisión provocó una reacción pública del entonces comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, quien denunció presuntas amenazas contra policías participantes en la operación y actos intimidatorios cerca de los domicilios de sus familias. No se trató, por tanto, de un episodio menor: desde entonces existían alertas sobre la peligrosidad atribuida a esa estructura y su posible capacidad de intimidación.
La trayectoria posterior de “Los Linos” resulta igualmente inquietante. En enero de 2026, dos agentes de investigación criminal fueron emboscados en Jiutepec y murieron como consecuencia del ataque. Una investigación publicada por El Universal relacionó ese crimen con un presunto integrante de la organización encargado de vigilar casas de seguridad. Meses después, el 6 de mayo, fuerzas federales desplegaron un operativo en Yautepec para detener a integrantes del grupo. La intervención derivó en un enfrentamiento armado, con un presunto agresor muerto y dos agentes federales lesionados, uno de ellos de gravedad. Fueron detenidas ocho personas, entre ellas Rodolfo Adame Sotelo, conocido como “Don Ramón”, y Carlos Adame Sotelo, ambos hermanos del ahora capturado. El 22 de mayo, un juez federal vinculó a proceso a los ocho detenidos. Es decir, cuando finalmente cayó Lino, una parte importante de la estructura familiar y operativa ya enfrentaba procedimientos judiciales.
Otro aspecto que merece investigación es la capacidad de esta organización para asentarse territorialmente y mantener relaciones dentro de las comunidades donde operaba. Reportajes publicados durante 2026 recogieron señalamientos de habitantes de La Nopalera sobre presuntas relaciones de sus integrantes con autoridades ejidales. Esos vínculos deben investigarse y no darse por demostrados sin pruebas adicionales. Sin embargo, el asunto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo consiguió una organización identificada desde hace tantos años extender sus actividades por diversos municipios sin ser desarticulada definitivamente? La respuesta obliga a examinar no solamente la actuación de las policías, sino también las investigaciones ministeriales, las resoluciones judiciales, las posibles redes de protección y la continuidad de las estrategias estatales de seguridad durante distintas administraciones.
La captura anunciada por Omar García Harfuch constituye un golpe importante contra una organización señalada como responsable de buena parte de la violencia en la región centro y sur de Morelos. También representa un resultado relevante de la coordinación entre el gobierno federal y la administración de Margarita González Saravia. Pero sería un error confundir la detención de nueve presuntos integrantes con la desaparición automática de toda la estructura criminal. Las organizaciones de esta naturaleza suelen desarrollar redes económicas, territoriales y operativas que pueden sobrevivir a sus dirigentes. La verdadera prueba vendrá con las investigaciones patrimoniales, la identificación de posibles cómplices, el esclarecimiento de homicidios y extorsiones concretos y, sobre todo, con procesos judiciales capaces de sostenerse hasta llegar a sentencias.
Porque la pregunta de fondo no es únicamente por qué cayó ahora “El Patrón”, sino cómo consiguió mantenerse durante tantos años en el escenario criminal morelense pese a que su nombre, sus antecedentes y los señalamientos contra su organización eran conocidos desde mucho tiempo atrás. La historia de “Los Linos” exhibe uno de los problemas estructurales de la seguridad pública en Morelos: se detiene a presuntos dirigentes, se anuncian golpes espectaculares y, sin embargo, algunas organizaciones terminan reapareciendo, reorganizándose o ampliando sus territorios. Esta vez corresponde a las instituciones demostrar que la captura no será otro capítulo de esa interminable historia. Los morelenses necesitan algo más que fotografías de detenidos: necesitan conocer toda la red que hizo posible su permanencia y tener garantías de que no seguirá operando bajo otros mandos.
