El Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos y el cuento del Coco: amenaza con destituir alcaldes, pero nunca llega el castigo

En Morelos, las advertencias de destitución contra presidentes municipales se han convertido en una historia repetida. El Tribunal de Justicia Administrativa anuncia sanciones, envía expedientes al Congreso y advierte sobre consecuencias severas, pero los alcaldes siguen despachando tranquilamente. Mientras tanto, quienes ganaron juicios y esperan recibir su dinero continúan atrapados entre los desacatos de las autoridades municipales y la lentitud de las instituciones.

CUERNAVACA, Mor., 31 de octubre de 2026.— Como en el viejo cuento con el que se asustaba a los niños, aquel de “ahí viene el Coco y te comerá”, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos vuelve a anunciar que varios presidentes municipales están a punto de perder sus cargos. La amenaza suena fuerte, aparece en los titulares y provoca expectación. Pero pasan las semanas, transcurren los meses y el temido Coco nunca aparece.

Esta vez, el magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, informó que cuatro alcaldes enfrentan procedimientos de destitución por incumplir sentencias judiciales: José Luis Maya Torres, de Zacatepec; Israel Andrade Zavala, de Jonacatepec; José Carlos Jiménez Ponciano, de Xoxocotla, y Enrique Alonso Plascencia, de Tlaquiltenango. Los expedientes están en poder del Congreso estatal, donde deberán determinar si procede separar a los funcionarios de sus responsabilidades.

El problema es que esta película ya la hemos visto demasiadas veces. Desde junio pasado, el propio Tribunal solicitó la destitución de los alcaldes de Xoxocotla y Tlaquiltenango. En septiembre volvió a colocar el asunto en la agenda pública y durante octubre reiteró las advertencias. Ahora se suman nuevos procedimientos y otros presidentes municipales, pero el desenlace sigue siendo el mismo: solicitudes que permanecen en trámite, funcionarios que conservan sus puestos y resoluciones judiciales que no terminan de cumplirse.

La situación resulta particularmente grave porque no estamos hablando de simples diferencias administrativas. Detrás de los expedientes existen trabajadores despedidos, familiares que reclaman pensiones por viudez u orfandad y ciudadanos que acudieron a los tribunales, obtuvieron resoluciones favorables y continúan esperando justicia. En Zacatepec, por ejemplo, se reclama el pago de más de un millón 121 mil pesos a favor de dos menores, hijos de una agente de Tránsito fallecida. Para ellos, el incumplimiento no es un asunto de discursos, sino de derechos que siguen sin materializarse.

Pero conviene precisar quién tiene realmente la responsabilidad de ejecutar las sanciones. El TJA puede determinar el incumplimiento de sus sentencias y solicitar la separación de autoridades electas, pero no puede destituir directamente a los presidentes municipales. Esa decisión corresponde al Congreso del Estado, conforme a los procedimientos legales. Por eso, si las advertencias del Tribunal se han convertido en un cuento interminable, el Poder Legislativo tiene una responsabilidad central en que la historia nunca llegue a su desenlace.

El propio Arroyo Cruz reconoció que existen alcaldes que mantienen una conducta reiterada de resistencia frente a las sentencias. También señaló que los expedientes permanecen bajo análisis de los órganos internos del Congreso, sin que hasta ahora se haya informado de una destitución ejecutada en estos cuatro casos. Dicho de otra manera: los magistrados reclaman obediencia a sus resoluciones, mientras los diputados mantienen en suspenso la aplicación de las consecuencias solicitadas.

Resulta inevitable preguntar cuántas veces más tendrán que anunciarse procedimientos de destitución para que las instituciones hagan valer sus determinaciones. ¿Cuántos requerimientos, multas, apercibimientos y solicitudes al Congreso son necesarios? ¿De qué sirve una sentencia firme cuando su cumplimiento depende de trámites que parecen no tener fecha de conclusión? Peor todavía: ¿qué mensaje reciben los alcaldes que observan cómo sus colegas acumulan expedientes sin enfrentar consecuencias definitivas?

El riesgo es que la amenaza de destitución termine convertida en una fórmula de presión política y mediática, en lugar de un instrumento eficaz para garantizar el cumplimiento de la ley. Eso no significa que deba separarse automáticamente a cualquier alcalde señalado, porque cada expediente exige fundamentación, derecho de defensa y respeto al debido proceso. Significa que las instituciones tienen la obligación de resolver, y hacerlo oportunamente, en lugar de permitir que las advertencias pierdan toda credibilidad.

En Morelos, la justicia administrativa no puede seguir pareciéndose al cuento del Coco. Porque llegará el momento en que los presidentes municipales ya ni siquiera se inquieten cuando escuchen que podrían ser destituidos. Y entonces el problema será mucho mayor: tendremos autoridades que desacatan sentencias, legisladores que no resuelven oportunamente y ciudadanos que descubren que ganar un juicio no necesariamente significa obtener justicia. El Tribunal ya hizo sus advertencias; ahora corresponde al Congreso demostrar que la ley es algo más que un espantajo.