ESTUFAS DE LEÑA EN EL MÉXICO DE SHEINBAUM: ¿SOLUCIÓN PRÁCTICA O RETROCESO SIMBÓLICO?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 07 de julio de 2025
EDITORIAL
El Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en abril de 2025, ha generado un debate intenso sobre su pertinencia, impacto y simbolismo en el contexto mexicano.
La iniciativa, que busca instalar un millón de estufas eficientes con una inversión inicial de 500 millones de pesos, tiene raíces en el trabajo académico de Sheinbaum, quien hace más de 40 años estudió estufas agroecológicas en comunidades purépechas de Michoacán.
El programa promete reducir hasta un 50 por ciento las emisiones de humo, proteger la salud de mujeres y niños expuestos a fogones tradicionales y generar economías locales. Sin embargo, su enfoque y alcances han desatado críticas que merecen una reflexión crítica sobre si representa un avance genuino o una solución insuficiente frente a problemas estructurales como la pobreza energética y la deforestación.
Por un lado, el programa puede leerse como un esfuerzo loable por abordar la pobreza energética que afecta a unos 20 millones de mexicanos, particularmente en comunidades rurales e indígenas donde la leña es el único combustible accesible. Las estufas eficientes, inspiradas en modelos como las “Lorena” de Guatemala, buscan mitigar los daños a la salud causados por la exposición prolongada al humo, que contribuye a enfermedades respiratorias y problemas de visión, especialmente en mujeres. Además, la reducción en el consumo de leña podría aliviar la presión sobre los bosques, un punto crítico en un país donde la tala ilegal y la deforestación son problemas persistentes.
En este sentido, la iniciativa parece alinearse con los objetivos de justicia social y ambiental que Sheinbaum ha enfatizado, integrándose al Plan de Justicia del Pueblo Purépecha y promoviendo el reconocimiento de los derechos indígenas. No obstante, las críticas al programa señalan que podría ser una medida paliativa que no ataca las raíces de la pobreza energética. Con 4.5 millones de hogares dependiendo de la leña, la meta de un millón de estufas cubre apenas el 20 por ciento de las necesidades, lo que sugiere una escala insuficiente frente a la magnitud del problema. Además, la inversión inicial de 500 millones de pesos, aunque significativa, palidece frente a los 5,300 millones propuestos en 2024 para un programa más ambicioso de 2.2 millones de estufas, lo que plantea dudas sobre la priorización y ejecución del plan actual.
Críticos en redes sociales y medios han calificado la iniciativa como un “retroceso” o un “comunismo medieval”, argumentando que perpetúa el uso de tecnologías básicas en lugar de promover alternativas modernas como estufas de gas LP o solares, que podrían ser más efectivas y menos dependientes de la leña.
La falta de un enfoque centrado en las mujeres, quienes son las principales usuarias, también ha sido señalada como una debilidad, considerando que no se menciona su participación en el diseño o implementación del programa.
El riesgo de una tala boscosa inminente es otro punto de preocupación. Aunque las estufas eficientes reducen el consumo de leña, la dependencia de este recurso en comunidades marginadas no desaparecerá a corto plazo. Sin una estrategia integral que combine reforestación, regulación de la tala y acceso a energías alternativas, el programa podría no ser suficiente para proteger los bosques. La experiencia histórica no es alentadora: en 45 años, México solo ha instalado entre 600,000 y 800,000 estufas mejor mejoradas, y programas similares han tenido resultados limitados por problemas de mantenimiento, aceptación cultural y financiamiento.
Además, en regiones como Michoacán, donde la inseguridad y el crimen organizado afectan profundamente a las comunidades, la entrega de estufas podría percibirse como una medida desarticulada de las necesidades más urgentes, como la seguridad, el acceso a servicios básicos o el desarrollo económico. Para que el programa trascienda el simbolismo y logre un impacto duradero, debe integrarse en una política energética y ambiental más ambiciosa que no solo mitigue la pobreza energética, sino que también empodere a las comunidades y garantice la sostenibilidad de los recursos naturales.
