Gabriel Rivas Ríos: asesinaron a un regidor, pero también a medio siglo de lucha social en Morelos
Del movimiento popular de Cuernavaca a la fundación de la izquierda partidista, del Congreso del Estado a las movilizaciones contra los abusos del poder, Gabriel Rivas Ríos fue mucho más que un integrante del Cabildo. Su asesinato pone fin a una larga trayectoria de resistencia, confrontaciones políticas y defensa de las causas ciudadanas.
CUERNAVACA, MORELOS.— Para entender la dimensión del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, ocurrido este miércoles en Cuernavaca, es necesario mirar mucho más allá de su condición de regidor por Morena. Se trataba de uno de los personajes más persistentes de la lucha social morelense, protagonista de incontables movilizaciones, dirigente de organizaciones populares, antiguo diputado local y militante de una izquierda que conoció desde sus orígenes, sus divisiones y sus transformaciones.
Su historia no comenzó en una oficina pública ni en una campaña electoral. Se construyó principalmente en las colonias populares, entre ciudadanos que reclamaban servicios, familias que protestaban por cobros excesivos, transportistas y usuarios enfrentados por las tarifas, jubilados que demandaban sus derechos y movimientos que exigían justicia frente a los abusos gubernamentales.
Rivas Ríos pertenecía a una generación de dirigentes sociales formados en el contacto directo con la población. Su actividad no dependía de ocupar un cargo de elección popular. Cuando no tenía representación institucional, encabezaba marchas, organizaba plantones, acudía al Congreso o confrontaba públicamente a funcionarios. Y cuando llegaba a una posición de gobierno, conservaba buena parte de ese estilo combativo.
Un protagonista de la vieja izquierda morelense
Uno de los antecedentes más significativos de Gabriel Rivas Ríos fue su participación en la construcción del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, durante el proceso político iniciado en 1988 alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Su militancia perredista se prolongó durante aproximadamente 23 años. Fue parte de aquella izquierda que combinaba la competencia electoral con la organización comunitaria y la movilización callejera, en una época en que el PRI conservaba una fuerte presencia en las estructuras del poder estatal y municipal.
Llegó al Congreso de Morelos como diputado local de la XLVI Legislatura, desde donde participó en la vida parlamentaria sin abandonar sus vínculos con las organizaciones sociales. Su trayectoria legislativa fue sólo una etapa de una actividad política mucho más prolongada.
En junio de 2011 rompió públicamente con el PRD. No se trató de una renuncia silenciosa: denunció que el partido había abandonado principios fundacionales, cuestionó sus prácticas internas y acusó la utilización de las necesidades económicas de la población para conseguir afiliaciones y respaldos políticos.
Aquella decisión marcó una ruptura con la organización que había ayudado a construir, pero no significó su retiro de la política. Por el contrario, profundizó su presencia en los movimientos ciudadanos, antes de incorporarse posteriormente al proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Las amenazas de muerte y los atentados de 2012
Uno de los episodios más graves de su historia ocurrió en agosto de 2012, durante el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo.
En un periodo de apenas cinco días, desconocidos dispararon en dos ocasiones contra la vivienda de su madre y hermanos, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón de Cuernavaca. El primer ataque ocurrió el 24 de agosto y dejó cinco impactos de bala en puertas y ventanas. Días después se registró una segunda agresión contra el mismo domicilio.
Los ataques estuvieron precedidos por amenazas telefónicas dirigidas al activista y su familia. En aquel momento, Rivas Ríos participaba en movilizaciones contra los incrementos a las tarifas del transporte público y cuestionaba procesos de regularización de predios en la colonia Flores Magón.
La gravedad de aquellos hechos motivó la intervención de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y la Red por la Paz y la Justicia, vinculada al poeta y activista Javier Sicilia. Ambas demandaron medidas de protección e investigaciones para identificar a los responsables.
El entonces gobernador Marco Adame instruyó medidas cautelares en favor de Rivas Ríos. Aquel episodio constituye un antecedente documentado de las amenazas que enfrentó por su actividad social. Sin embargo, no existe hasta ahora evidencia que permita relacionar esas agresiones de 2012 con su asesinato de este miércoles.
El dirigente que enfrentó los aumentos de impuestos
Durante la administración municipal de Jorge Morales Barud, entre 2013 y 2015, Gabriel Rivas Ríos se convirtió en uno de los principales rostros de las protestas contra los incrementos de impuestos y servicios municipales.
Desde el Comité de Colonias en Lucha y otras organizaciones ciudadanas, encabezó manifestaciones contra los ajustes al predial, el cobro de recolección de basura y otras disposiciones fiscales que afectaban a los habitantes de Cuernavaca.
En enero de 2014 anunció nuevas movilizaciones para exigir modificaciones a la Ley de Ingresos municipal. Las protestas continuaron durante meses, con marchas, concentraciones y enfrentamientos verbales con diputados y autoridades municipales.
El 2 de abril de aquel año, integrantes del movimiento intentaron ocupar la tribuna del Congreso del Estado, inconformes con la falta de acuerdos legislativos para eliminar determinados cobros. Personal de seguridad intervino y se produjo un enfrentamiento físico que obligó a suspender temporalmente la sesión.
En septiembre del mismo año encabezó otra protesta frente al Congreso, donde integrantes del movimiento lanzaron huevos contra la fachada legislativa para expresar su rechazo a las autoridades y exigir responsabilidades por el deterioro financiero del municipio.
Sus métodos no estuvieron exentos de controversia. Los bloqueos, plantones y acciones de presión provocaron críticas, pero también consolidaron su imagen de dirigente dispuesto a sostener confrontaciones prolongadas frente a las instituciones.
La memoria de Gustavo Salgado y los activistas asesinados
Otro aspecto fundamental de su trayectoria fue su vinculación con la Asociación Cívica Morelense que adoptó el nombre de Gustavo Alejandro Salgado Delgado, dirigente social asesinado en febrero de 2015 en el municipio de Ayala.
Durante años, Rivas Ríos mantuvo viva la exigencia de justicia por aquel homicidio. Organizó marchas, protestas y actos conmemorativos, al tiempo que reclamaba a la Fiscalía de Morelos avanzar en las investigaciones para esclarecer las responsabilidades intelectuales del crimen.
Su actividad también se relacionó con la defensa de otros luchadores sociales, entre ellos Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019, y con los movimientos opositores al Proyecto Integral Morelos, especialmente en lo referente a los conflictos provocados por la infraestructura energética en la región oriente.
En febrero de 2023, integrantes de la Asociación Cívica Morelense volvieron a movilizarse para exigir justicia por los asesinatos de activistas. Rivas Ríos encabezó aquella jornada, que partió de El Calvario y terminó en el centro de Cuernavaca.
La circunstancia adquiere hoy un significado doloroso: quien durante años exigió esclarecer la muerte violenta de otros luchadores sociales terminó convirtiéndose también en víctima de homicidio.
Contra las pensiones privilegiadas y los abusos del poder
Gabriel Rivas Ríos no limitó su activismo a los conflictos municipales. En julio de 2018, cuando estaba por concluir el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, encabezó movilizaciones contra las llamadas pensiones doradas aprobadas por el Congreso de Morelos.
Desde la Asociación Cívica Morelense cuestionó los beneficios concedidos a determinados funcionarios y las decisiones legislativas que, a juicio de los manifestantes, comprometían recursos públicos para favorecer intereses particulares.
En octubre del mismo año regresó al Congreso para reclamar investigaciones contra el exgobernador Graco Ramírez y los integrantes de la LIII Legislatura, a quienes su organización atribuía presuntas irregularidades financieras, endeudamiento y decisiones contrarias al interés público.
Aquellas protestas dejaron constancia de una característica de su actuación: podía respaldar proyectos políticos de izquierda y, al mismo tiempo, confrontar a sus dirigentes cuando consideraba que determinadas decisiones perjudicaban a la ciudadanía.
El defensor de jubilados, pensionados y contribuyentes
En abril de 2016 encabezó un plantón que se prolongó durante cuatro semanas frente a la Tesorería Municipal de Cuernavaca. Su organización denunciaba incrementos del impuesto predial que, según explicó entonces, afectaban especialmente a personas adultas mayores, jubilados y habitantes de menores ingresos.
En aquella movilización afirmó que casi dos mil ciudadanos se habían sumado a la inconformidad contra los nuevos cobros. La protesta reflejó su capacidad para convertir una inconformidad administrativa en una movilización organizada.
Su presencia continuó durante los años siguientes. En junio de 2022, volvió al Congreso acompañado de integrantes de la asociación civil Gustavo Salgado, principalmente adultos mayores, para exigir atención a solicitudes de pensión, oponerse a modificaciones de valores catastrales y reclamar derechos económicos de profesores jubilados.
Su actividad, por tanto, abarcó distintas generaciones de habitantes de Cuernavaca y combinó demandas urbanas, asuntos laborales, reivindicaciones sociales y exigencias de transparencia.
Su regreso al Ayuntamiento y la promesa de reducir salarios
En las elecciones de 2024, Gabriel Rivas Ríos obtuvo una regiduría en el Ayuntamiento de Cuernavaca por Morena. Su llegada al Cabildo significó el regreso a una posición institucional después de años de movilizaciones ciudadanas.
En junio de aquel año anunció que propondría reducir a la mitad los salarios de los integrantes del Cabildo para destinar recursos a necesidades públicas. También declaró que, si la propuesta no prosperaba, utilizaría personalmente parte de sus ingresos en beneficio de la población.
La propuesta reforzó la identificación que algunos ciudadanos hacían de él como el «regidor del pueblo», aunque no debe confundirse el anuncio de esa iniciativa con su aprobación o aplicación efectiva.
Ya como integrante del Ayuntamiento, continuó participando en manifestaciones y cuestionamientos públicos, una conducta poco habitual entre representantes populares que suelen abandonar las protestas una vez que alcanzan un cargo.
Una vieja batalla: las tarifas del transporte público
La oposición a los incrementos del transporte colectivo fue una de las causas más constantes de su trayectoria. Esa lucha había estado presente desde años anteriores y se encontraba directamente vinculada con las amenazas de muerte que denunció en 2012.
En marzo de 2026, volvió a manifestarse públicamente contra un aumento al pasaje, al considerar que no podía exigirse un pago mayor sin garantizar mejores condiciones de servicio para los usuarios.
Meses después, ante la discusión del incremento de la tarifa mínima de diez a trece pesos, participó en un plantón frente al Palacio de Gobierno, donde demandó modernizar las unidades, mejorar las condiciones para personas con discapacidad y proteger la economía de estudiantes y adultos mayores.
Su oposición no era solamente al precio del pasaje. También cuestionaba el deterioro de las unidades, el trato a los pasajeros y las condiciones bajo las cuales operaba el transporte público.
Sus últimas confrontaciones: territorio, ambiente y desarrollo inmobiliario
Durante los últimos meses de su vida, Gabriel Rivas Ríos mantuvo una postura crítica frente a determinados desarrollos inmobiliarios de Cuernavaca.
Participó en movilizaciones ciudadanas relacionadas con la defensa de espacios ambientales y cuestionó autorizaciones administrativas que, desde su perspectiva, podían favorecer construcciones contrarias al interés de los habitantes.
Entre sus intervenciones más recientes estuvieron las relacionadas con La Cazahuatera, un conflicto que volvió a colocar en la discusión pública la expansión inmobiliaria, la protección del territorio y la responsabilidad de las autoridades municipales.
Apenas en los días previos a su muerte continuaba expresando cuestionamientos sobre estas materias, lo que confirma que su actividad pública no se había reducido ni siquiera después de incorporarse al Cabildo capitalino.
No obstante, debe quedar claramente establecido que ninguno de estos antecedentes permite determinar el móvil de su asesinato. Vincular el crimen con alguna de sus luchas, con decisiones administrativas o con conflictos políticos sería una conclusión prematura mientras no existan elementos de investigación que la respalden.
Una muerte que obliga a mirar hacia atrás
El asesinato de Gabriel Rivas Ríos no puede reducirse a la estadística de un nuevo homicidio en Morelos. Se trata de la muerte violenta de un personaje que participó durante décadas en la formación de organizaciones populares, en la construcción de la izquierda estatal, en debates legislativos y en conflictos sociales que marcaron distintas administraciones.
Su trayectoria fue polémica, como suelen serlo las de quienes hacen de la protesta un instrumento permanente de presión. Tuvo adversarios, rompió con antiguos compañeros, cuestionó decisiones de sus propios aliados y protagonizó movilizaciones que incomodaron a gobiernos de distintas procedencias partidistas.
Pero sería imposible reconstruir la historia contemporánea de las organizaciones ciudadanas de Cuernavaca sin mencionar su nombre. Desde las luchas contra los incrementos de impuestos hasta la defensa de jubilados, los reclamos por el transporte público y las exigencias de justicia para otros activistas asesinados, Gabriel Rivas Ríos ocupó un lugar reconocible en la vida pública de Morelos.
Su muerte deja, además, una interrogante inevitable para las instituciones responsables de procurar justicia: ¿quién decidió asesinar a un dirigente social con semejante trayectoria y por qué?
La Fiscalía General del Estado tiene ahora la responsabilidad de esclarecer el homicidio, identificar a sus autores materiales e intelectuales y determinar si existió alguna relación con su actividad pública.
Porque el hombre asesinado este 4 de noviembre no era solamente un regidor. Era parte de la memoria política y social de Morelos. Y su historia no debe desaparecer detrás de una carpeta de investigación.
