GOLPES QUE DUELEN: DE EL BÚFALO A CHIHUAHUA, EL NARCO Y SUS PROTECTORES POLÍTICOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 8 de mayo de 2026
El desmantelamiento del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua en abril pasado revive con fuerza el fantasma del legendario Rancho El Búfalo de 1984. Ambos operativos representaron golpes de gran escala a la capacidad productiva del narco mexicano, con presencia visible de agentes estadounidenses, y ambos han generado reacciones que van más allá del mero daño económico a determinado cártel.
En 1984, El Búfalo era un emporio de marihuana en Allende, Chihuahua, controlado por Rafael Caro Quintero y el Cártel de Guadalajara. El decomiso de cientos de hectáreas y miles de toneladas de droga, con inteligencia y acompañamiento de la DEA, fue uno de los mayores en la historia. No solo afectó las finanzas del cártel, sino que rompió un delicado equilibrio de protección política implícita.
La respuesta del narco fue brutal y directa: meses después, el secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena en Guadalajara marcó un antes y un después. Aquel golpe no solo enfureció a los capos; también incomodó profundamente a los círculos políticos del PRI que se beneficiaban de la operación tolerada.
Casi cuatro décadas después, el laboratorio de metanfetaminas en Morelos-Guachochi, en pleno Triángulo Dorado, presenta paralelismos inquietantes. Se trataba de una instalación industrial sofisticada, con capacidad para producir millones de dosis, ubicada en zona histórica de dominio del Cártel de Sinaloa. El operativo, ejecutado por autoridades estatales de Chihuahua, contó con presencia confirmada de agentes de la CIA.
La ausencia de droga terminada y la sospecha de aviso previo no disminuyeron el impacto financiero. Destruir esa infraestructura debe dolerle al cártel, pero también a la red de protección política que, según las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recibe sobornos y ofrece impunidad a cambio.
Precisamente en 2026, Washington ha intensificado sus imputaciones contra narcopolíticos mexicanos. Gobernadores, alcaldes y legisladores de Sinaloa —incluido Rubén Rocha Moya— enfrentan cargos por conspiración para importar fentanilo y otras drogas. El laboratorio desmantelado estaba en territorio donde esas supuestas protecciones políticas permitían operar con relativa tranquilidad.
El enojo es doble. Al cártel le duele la pérdida de capacidad productiva. A los políticos señalados les molesta que un gobierno estatal opositor, con apoyo visible de Estados Unidos, haya roto la aparente tranquilidad en una zona sensible. El golpe expone vulnerabilidades en el sistema de protección que presuntamente operaba.
La gobernadora Maru Campos ha sido enfática al denunciar la hipocresía: mientras se critica el operativo de Chihuahua, se defiende a quienes son acusados por la justicia estadounidense. Esta confrontación revela cómo el narco y la narcopolítica forman un ecosistema interdependiente.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha respondido con investigaciones de la FGR contra decenas de funcionarios chihuahuenses por supuesta violación a la soberanía. La narrativa oficialista busca convertir el éxito operativo en un escándalo de injerencia extranjera, desviando la atención de las acusaciones de Washington.
Este patrón histórico se repite: cuando se toca infraestructura grande del narco con huella gringa visible, no solo responde el crimen organizado. También se activan los mecanismos de defensa de quienes se benefician políticamente del statu quo.
La diferencia clave entre 1984 y 2026 radica en la sustancia: marihuana entonces, metanfetaminas y precursores ahora. Sin embargo, la dinámica de poder permanece similar: el narco como fuente de financiamiento y los políticos como proveedores de oxígeno institucional.
Las muertes de los dos agentes de la CIA y los funcionarios chihuahuenses en el accidente de regreso añaden un elemento trágico y sospechoso. En un contexto de acusaciones cruzadas, incluso los hechos fortuitos se politizan y generan teorías sobre venganzas.
Al final, estos golpes duelen en dos niveles. Económicamente al cártel y políticamente a sus aliados. Mientras Estados Unidos presiona con extradiciones y sanciones, México vive una polarización que impide un frente común contra el problema estructural.
La lección de El Búfalo y del laboratorio chihuahuense es clara: cuando se altera el flujo de dinero y poder que une al narco con sectores de la clase política, la reacción es proporcional al daño causado. La historia mexicana del narcotráfico sigue escribiéndose con sangre, escándalos y, sobre todo, con mucho enojo acumulado.
