IEBEM: el dirigente que protesta contra las irregularidades y al mismo tiempo respalda al nuevo director

La circunstancia coloca a González Sánchez en dos planos de una misma disputa: por un lado, exige transparencia y cuestiona las decisiones de las autoridades educativas; por otro, manifiesta su apoyo al funcionario que acaba de asumir la conducción del instituto. La coincidencia ha provocado cuestionamientos sobre los intereses y las posiciones que confluyen en el movimiento magisterial.

El antecedente más relevante se encuentra en su trayectoria sindical. Durante la gestión de Gabriela Bañón al frente de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), González Sánchez ocupó una responsabilidad vinculada con los procesos de ingreso y promoción docente. Desde aquella etapa, según los señalamientos difundidos, habría tenido intervención en procedimientos de promoción y asignación de plazas, precisamente uno de los asuntos que hoy motivan las protestas.

Entre los casos mencionados por sus críticos aparece el de Nayeli Andraca Bañón, quien presuntamente obtuvo una promoción a funciones de supervisión durante ese periodo. También circulan acusaciones relacionadas con una supuesta comercialización de títulos y grados académicos, aunque hasta ahora no se han presentado resoluciones oficiales que acrediten esas conductas o establezcan responsabilidades.

La trayectoria de González Sánchez dentro del sindicato está documentada. En agosto de 2017 fue identificado públicamente como responsable de la Secretaría del Servicio Profesional Docente de la Sección 19 del SNTE, cuando participó en actividades relacionadas con la asignación de plazas a directores, subdirectores y supervisores. Este antecedente cobra relevancia frente a sus actuales exigencias de transparencia, aunque por sí mismo no demuestra participación en irregularidades.

Otro frente de cuestionamientos se relaciona con su preparación profesional. Sus detractores ponen en duda la documentación con la que habría accedido a una plaza docente. González Sánchez, de acuerdo con las declaraciones que se le atribuyen, ha sostenido que estudió en una Normal Superior y que cuenta con un doctorado. Sin embargo, las acusaciones sobre la presunta irregularidad de sus títulos no han podido corroborarse mediante documentación oficial, por lo que no es posible presentarlas como hechos acreditados.

El trasfondo del conflicto es todavía más complejo. Las movilizaciones en el IEBEM reúnen dos demandas distintas y, en cierto sentido, contrapuestas: mientras un sector de docentes exige aclarar los resultados de la Promoción Horizontal, otro grupo de trabajadores rechaza la designación de Carlos Franco Ruiz. Así, las protestas que coinciden en las instalaciones del instituto no necesariamente responden a una misma conducción ni persiguen idénticos objetivos.

En medio de las inconformidades, Franco Ruiz acordó el miércoles 7 de octubre revisar individualmente los expedientes de los docentes afectados, mediante el Departamento de Actualización Magisterial, para presentar los casos ante la instancia federal de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). La decisión abre una vía institucional para atender los reclamos, pero deja pendiente esclarecer las presuntas irregularidades en la documentación y los procedimientos que originaron el conflicto.

La pregunta que ahora surge es quién representa realmente a quién dentro del movimiento magisterial. La participación de González Sánchez en anteriores estructuras sindicales, sus actuales señalamientos contra exfuncionarios educativos y el respaldo que se le atribuye hacia Franco Ruiz ameritan una explicación pública. También corresponde aclarar si existe alguna aspiración suya a ocupar responsabilidades dentro del IEBEM, como sostienen sus críticos.

El conflicto, por tanto, ya no se limita a los puntajes de los maestros ni al rechazo del nuevo director. También coloca bajo escrutinio a quienes encabezan las protestas, sus antecedentes y sus posibles intereses dentro de la estructura educativa. Para despejar las dudas hacen falta documentos, investigaciones y respuestas de los involucrados, no solamente acusaciones cruzadas. Porque exigir cuentas a las autoridades también implica estar dispuesto a rendirlas.