LA DESINFORMACIÓN COMO ARMA DE DESESTABILIZACIÓN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 19 de mayo de 2026
El Gobierno del Estado de Morelos desmintió de manera categórica las versiones difundidas en una columna anónima de circulación nacional, que afirmaban supuestas restricciones migratorias o cancelación de visa contra la gobernadora Margarita González Saravia. No existe notificación oficial, procedimiento administrativo ni resolución alguna por parte de autoridades nacionales o extranjeras que respalde tales afirmaciones. Se trata de información sin sustento documental, difundida con evidente intención de generar confusión y cuestionar la estabilidad institucional.
Este tipo de rumores no surge en el vacío: suele coincidir con momentos de presión social y política, como ocurrió tras la reciente Caminata por la Paz encabezada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. En esa marcha, el prelado denunció con firmeza la grave situación de extorsión en comunidades como Huautla, en Tlaquiltenango, donde el crimen organizado, presuntamente, ya no cobra solo por negocios, sino por el simple hecho de habitar una vivienda: “cobran piso simplemente por vivir allí, por tener una casa”. Pidió investigación rigurosa y acciones concretas ante el avance de la violencia, los feminicidios y el reclutamiento forzado. Sus palabras reflejan el dolor de una sociedad harta de la inseguridad y exigen respuesta institucional, no silencio.
Sin embargo, es preocupante cómo estos legítimos llamados pueden ser instrumentalizados para amplificar narrativas que buscan debilitar a la autoridad estatal, en lugar de construir puentes para una solución conjunta entre Iglesia, gobierno y sociedad.
La gobernadora González Saravia enfrenta, como cualquier mandataria, el escrutinio natural de su gestión en un estado históricamente marcado por desafíos de seguridad. Quienes la conocen desde hace décadas pueden dar fe de su trayectoria íntegra y su compromiso con Morelos desde muy joven. Nadie está exento de errores o debilidades, pero acusarla de alianzas con el crimen organizado ignora el contraste evidente con administraciones pasadas y carece de evidencia.
Estos rumores buscan precisamente erosionar la confianza ciudadana y desestabilizar una administración que, como toda, debe rendir cuentas con transparencia, pero también merece operar sin sabotajes mediáticos infundados.
En democracia, la crítica constructiva fortalece; la desinformación deliberada, en cambio, envenena el debate público.
Es urgente que las autoridades investiguen con rigor las denuncias del obispo sobre el “cobro de piso” en Tlaquiltenango y respondan con hechos a la inseguridad. Al mismo tiempo, urge un periodismo responsable que priorice la verificación sobre el sensacionalismo.
Morelos necesita unidad para enfrentar sus verdaderos problemas, no distracciones fabricadas que solo benefician a quienes desean ver fracasar cualquier esfuerzo de gobernabilidad. La paz y la seguridad son tareas de todos.
