La factura llegó 25 años después: ¿quién pagará las pensiones doradas?
Tercera y última parte
La historia comenzó con compensaciones, supersueldos y bonos. Un cuarto de siglo después, termina inevitablemente en las pensiones. Y justamente cuando Morelos enfrenta el creciente costo de sus jubilados, el gobierno estatal abrió una discusión para modificar profundamente el sistema pensionario.
El secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, informó este lunes que, después del diálogo sostenido con las organizaciones sindicales, no será turnada al Congreso local la iniciativa para crear un Instituto Estatal de Pensiones en los términos que se venían analizando. Los sindicatos participarán ahora directamente en la elaboración de una nueva propuesta.
La decisión disminuye por ahora la confrontación entre trabajadores y gobierno.
Pero deja intacta la pregunta principal: ¿qué hacer con las pensiones doradas?
La administración de Margarita González Saravia había reconocido anteriormente la necesidad de eliminar privilegios y transparentar los procedimientos pensionarios. Y existen razones financieras para discutirlo: las proyecciones elaboradas por organizaciones especializadas advierten que el gasto en jubilaciones continuará creciendo aceleradamente durante los próximos años.
Morelos podría destinar alrededor de 2 mil 83 millones de pesos a pensiones y jubilaciones en 2027, de acuerdo con estimaciones de Morelos Rinde Cuentas. La cantidad comienza a aproximarse peligrosamente al gasto correspondiente al personal activo.
Pero aquí aparece una diferencia fundamental.
El problema no lo provocó el trabajador que pasó tres décadas conduciendo una patrulla, atendiendo una oficina, limpiando instalaciones, reparando calles o realizando labores administrativas.
Tampoco puede responsabilizarse indiscriminadamente a todos los servidores públicos que obtuvieron legalmente una jubilación elevada.
El problema está en las reglas que durante décadas permitieron construir una burocracia con enormes diferencias salariales y, eventualmente, trasladar algunas de esas diferencias hacia el sistema pensionario.
Por eso una reforma que únicamente aumentara años de servicio, redujera prestaciones o exigiera mayores aportaciones a los trabajadores atacaría una parte del problema, pero dejaría intacta otra que Morelos lleva demasiado tiempo evitando discutir.
Hay que abrir los expedientes.
Revisar antigüedades.
Reconstruir trayectorias laborales.
Verificar nombramientos.
Comparar salarios.
Identificar incrementos extraordinarios registrados inmediatamente antes de determinadas jubilaciones.
Determinar cuánto tardó cada procedimiento.
Y establecer quién autorizó cada caso.
No para cancelar derechos adquiridos arbitrariamente ni iniciar una persecución política, sino para distinguir algo elemental: una jubilación legítimamente ganada de un eventual privilegio construido desde el poder.
La investigación realizada para esta serie permite identificar una ruta histórica.
En 1999, durante la administración municipal de Sergio Estrada Cajigal, Cuernavaca presupuestó aproximadamente 42.35 millones de pesos en compensaciones frente a sólo 13.42 millones bajo el concepto específico de sueldos.
En 2000, Estrada llegó al Gobierno estatal acompañado por integrantes de su equipo político y administrativo.
Durante sus primeros meses aparecieron los llamados “Sergiobonos”, que significaron una erogación reportada entonces en aproximadamente 10.9 millones de pesos para funcionarios comprendidos desde el gobernador hasta directores generales.
Paralelamente, investigaciones periodísticas de aquellos años documentaron incrementos importantes en las remuneraciones de los nuevos funcionarios.
Después llegaron otras administraciones.
Y los salarios elevados permanecieron.
Después llegaron otros congresos.
Otros magistrados.
Otros organismos autónomos.
Otros ayuntamientos.
Y aquella cultura salarial terminó incorporándose a buena parte del aparato público.
Hasta que comenzaron las jubilaciones.
Hoy encontramos exfuncionarios del Ejecutivo con pensiones superiores a 100 mil pesos mensuales y jubilaciones dentro del Poder Judicial que incluso rebasan los 200 mil.
Mientras tanto, existen trabajadores jubilados que reciben cinco, diez o quince mil pesos.
Esa es la discusión que debería estar en el centro de cualquier reforma.
Resulta razonable que los sindicatos participen en la elaboración de la nueva propuesta pensionaria. Son precisamente los representantes de quienes han dedicado décadas al servicio público y cualquier modificación afectará directamente los derechos de sus agremiados.
Pero los sindicatos también tienen frente a sí una oportunidad histórica.
Podrían ser ellos quienes propongan los candados para impedir que vuelva a construirse una pensión privilegiada mediante movimientos laborales artificiales, incrementos salariales de última hora, reconocimientos cuestionables de antigüedad o procedimientos legislativos acelerados.
El Gobierno del Estado, por su parte, debería colocar sobre la mesa los estudios actuariales completos.
Y el Congreso tendría que hacer algo todavía más importante: transparentar integralmente los expedientes de jubilación que legalmente puedan hacerse públicos y explicar los criterios utilizados durante las últimas décadas.
Porque Morelos no puede resolver el problema castigando al trabajador ordinario mientras deja intactos los mecanismos que hicieron posibles los excesos.
Han transcurrido aproximadamente 25 años desde los “Sergiobonos”.
Los protagonistas cambiaron.
Los partidos cambiaron.
Los gobernadores cambiaron.
Pero muchas estructuras permanecieron.
Y ahora que nuevamente se discute quién deberá financiar las jubilaciones futuras, convendría recordar algo elemental:
antes de pedirle más sacrificios a quienes trabajaron toda una vida, Morelos tiene derecho a saber quiénes construyeron las pensiones doradas, cómo las obtuvieron y cuánto seguirán costándole al erario.
Porque quizá el verdadero problema nunca fueron las pensiones.
Fueron los privilegios que terminaron jubilándose con cargo al pueblo de Morelos.
