LA IMPUNIDAD NO SE COMBATE CON DISCURSOS, SINO CON JUSTICIA
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 19 de noviembre de 2026
E D I T O R I A L
La comparecencia del fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ante el Congreso del Estado dejó sobre la mesa una cuestión que debería preocuparnos mucho más que las diferencias partidistas, los posicionamientos legislativos o las estadísticas institucionales: ¿cuándo comenzarán los morelenses a sentir que la justicia verdaderamente funciona? Porque al ciudadano de a pie, al comerciante extorsionado, a la madre que busca a su hijo desaparecido o a la familia que perdió a uno de sus integrantes por la violencia, poco le interesan los discursos adornados. Lo que necesitan son investigaciones eficaces, responsables identificados, delincuentes sometidos a proceso y sentencias que impidan que los delitos permanezcan impunes.
Durante su Segundo Informe Semestral de Gestión, correspondiente al periodo del 7 de febrero al 6 de agosto de 2026, Blumenkron Escobar reconoció que la Fiscalía General del Estado atraviesa un proceso de reconstrucción. Es importante que lo admita. También es justo reconocer que recibió una institución con problemas acumulados durante años, muchos de ellos relacionados con deficiencias operativas, rezagos ministeriales y desconfianza ciudadana. Sin embargo, esa herencia no puede convertirse en una explicación permanente. La reconstrucción institucional debe tener objetivos, plazos y resultados medibles. De lo contrario, el concepto terminará convertido en otra expresión burocrática para justificar lo que todavía no funciona.
Entre los datos expuestos por las diputadas y los diputados sobresale uno verdaderamente alarmante: el índice de impunidad penal institucional de Morelos alcanza 97.61 por ciento, según las cifras de México Evalúa citadas durante la comparecencia. Conviene aclarar que ese indicador responde a una metodología específica y no significa, literalmente, que 97 de cada 100 denuncias presentadas durante este semestre hayan quedado sin castigo. Pero semejante porcentaje refleja la magnitud del problema. A ello se agrega que, durante el periodo informado, la Fiscalía inició 28 mil 14 carpetas de investigación, reportó mil 632 judicializaciones, obtuvo 226 sentencias condenatorias y envió cuatro mil 766 investigaciones al archivo temporal. Son cifras de etapas procesales distintas, que no deben compararse como si correspondieran a los mismos expedientes, pero obligan a preguntarnos cuántas víctimas encuentran finalmente una respuesta satisfactoria.
Hay algo que debemos tener perfectamente claro: la Fiscalía General del Estado no constituye, por sí sola, el sistema de seguridad pública y justicia de Morelos. Es apenas una de sus cuatro grandes columnas. La primera corresponde a la prevención y disuasión del delito, mediante la actuación de las policías municipales y estatales, con el apoyo que legalmente corresponda a las instituciones federales. La segunda es precisamente la procuración de justicia, encabezada por el Ministerio Público y sus fiscalías especializadas. La tercera corresponde a la administración e impartición de justicia, responsabilidad de jueces y tribunales. Finalmente, la cuarta comprende el sistema penitenciario y la reinserción social de quienes han sido sentenciados. Si cualquiera de esas columnas falla, todo el edificio institucional se debilita.
Comencemos por la prevención. De poco sirve que una Fiscalía investigue miles de delitos si las corporaciones responsables de impedirlos carecen de personal suficiente, patrullas, tecnología, inteligencia policial y presencia territorial. En Morelos venimos arrastrando enormes rezagos en infraestructura de seguridad, particularmente en videovigilancia, sistemas de comunicación y capacidad de respuesta. El sexenio anterior dejó demasiados pendientes que ahora deben atenderse. No basta con enviar patrullas después de una balacera, acordonar el escenario de un homicidio o levantar reportes cuando un comerciante ya fue extorsionado. La prevención significa anticiparse al delito, identificar factores de riesgo, recuperar espacios públicos y establecer condiciones que dificulten la actuación de los delincuentes. Ahí tienen responsabilidades fundamentales los ayuntamientos y las autoridades estatales.
La segunda columna, la procuración de justicia, es justamente donde interviene Blumenkron Escobar. Una buena investigación ministerial debe comenzar desde el primer momento, con policías de investigación capacitados, peritos competentes, preservación de indicios y agentes del Ministerio Público capaces de integrar carpetas sólidas. La denuncia no puede convertirse en un peregrinaje interminable entre oficinas, ni la víctima debe terminar investigando por su cuenta lo que corresponde a la autoridad. Por eso resultaron pertinentes los cuestionamientos sobre las miles de carpetas enviadas al archivo temporal, las desapariciones de personas, los feminicidios y la extorsión que afecta especialmente a Cuautla y otros municipios del oriente. La eficacia de una Fiscalía no se mide solamente por el número de expedientes abiertos, sino por la calidad de sus investigaciones y su capacidad para llevar los casos ante los jueces.
Pero llegamos a la tercera columna, donde aparece otra parte fundamental del problema: la impartición de justicia. El Ministerio Público puede integrar una investigación y llevar a un presunto responsable ante un juez, pero corresponde al Poder Judicial determinar, con apego a las pruebas y al debido proceso, si procede una vinculación, una medida cautelar o, finalmente, una sentencia condenatoria. Aquí debemos evitar una simplificación frecuente: no toda liberación judicial constituye impunidad, ni toda prisión preventiva equivale a justicia. Sin embargo, cuando existen investigaciones deficientes, actuaciones ministeriales mal sustentadas o resoluciones que no logran cerrar adecuadamente los procesos, la ciudadanía percibe que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Esa percepción debe combatirse mediante investigaciones profesionales, resoluciones fundadas y una coordinación institucional que respete plenamente la independencia de los tribunales.
La cuarta columna suele recibir menos atención en el debate público: el sistema penitenciario y la reinserción social. ¿De qué sirve detener, investigar y sentenciar a un delincuente si los centros penitenciarios no cuentan con condiciones adecuadas para impedir que continúe operando desde el encierro o para reducir sus posibilidades de reincidencia? La Constitución establece que la reinserción social debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. No se trata de ofrecer privilegios a quienes cometieron delitos, sino de evitar que las prisiones se conviertan en escuelas de criminalidad. Una política seria de seguridad pública debe mirar también hacia el interior de los centros penitenciarios, porque la reincidencia constituye otro fracaso que termina pagando la sociedad.
Volvamos a la comparecencia legislativa. Hubo preguntas importantes sobre los mil 120 millones de pesos autorizados a la Fiscalía para 2026, los salarios de los ministerios públicos, la sobrecarga de expedientes, los servicios periciales y la atención a las víctimas. También hubo reconocimiento al proceso de reorganización institucional y llamados a la unidad. Todo eso es válido, pero el Congreso debe entender que su responsabilidad no termina cuando el fiscal abandona el recinto legislativo. Los diputados tienen la obligación de dar seguimiento a las respuestas, exigir indicadores verificables, revisar el ejercicio presupuestal y comprobar que los recursos públicos produzcan mejoras. La fiscalización no debe convertirse en espectáculo político, pero tampoco en una ceremonia de cortesías donde todos se felicitan y los problemas continúan exactamente igual.
En conclusión, la comparecencia de Fernando Blumenkron Escobar debe servir para algo más que llenar páginas de informes o generar declaraciones para los medios. Morelos necesita que funcionen simultáneamente las cuatro columnas: prevención del delito, procuración de justicia, impartición de justicia y reinserción social. La gobernadora Margarita González Saravia tiene ante sí el enorme desafío de impulsar, desde las atribuciones del Ejecutivo, una coordinación efectiva que permita superar los rezagos heredados, sin invadir la autonomía de la Fiscalía ni la independencia del Poder Judicial.
Aumentaron, por su parte, tendrá que demostrar que la reconstrucción de su institución comienza a producir resultados. Porque, al final de cuentas, el ciudadano común no pide milagros, privilegios ni discursos espectaculares. Exige algo mucho más elemental: poder vivir sin miedo, denunciar sin exponerse a represalias y tener la certeza de que, cuando alguien comete un delito, existe un Estado capaz de investigarlo, juzgarlo y sancionarlo conforme a derecho. Esa es la justicia pronta y expedita que Morelos sigue esperando.
