La UAEM llama a la unidad, pero también busca recuperar la iniciativa política en medio de sus crisis
Por Guillermo Cinta Flores
El reciente pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), leído por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, merece una interpretación que vaya más allá de sus expresiones de solidaridad con las familias de estudiantes víctimas de la violencia. El documento contiene tres llamados fundamentales: a la unidad de la comunidad universitaria, a la defensa de la educación pública y al compromiso con las juventudes. Sin embargo, detrás de esas convocatorias, legítimas y necesarias, se advierte también una intención política e institucional: recuperar la iniciativa frente a las distintas crisis que han colocado a la Rectoría en una posición predominantemente defensiva durante 2026.
No es un asunto menor. Los asesinatos de estudiantes, las movilizaciones juveniles, los reclamos de seguridad y los cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades universitarias han generado un ambiente de tensión que difícilmente puede resolverse mediante declaraciones. La indignación estudiantil tiene causas concretas y exigencias que no desaparecen con llamados a la concordia. En ese escenario, el pronunciamiento parece buscar que el dolor, la inconformidad y las diferencias internas encuentren un punto de coincidencia en la defensa de la propia Universidad. Dicho de otra manera, se pretende pasar de una institución sacudida por los acontecimientos a una comunidad capaz de presentar posiciones compartidas frente a ellos.
Hay un detalle particularmente significativo: el mensaje no fue presentado como una declaración personal de la rectora, sino como un pronunciamiento del máximo órgano colegiado universitario. La diferencia tiene un peso político considerable. Mientras una postura individual de Viridiana León podría interpretarse como una respuesta de su administración ante las críticas, el respaldo institucional del Consejo Universitario proyecta una posición de mayor amplitud y representación. Esto fortalece políticamente a la Rectoría, aunque no necesariamente significa que exista unanimidad entre todos los sectores universitarios. Para conocer la profundidad de ese consenso sería conveniente revisar cómo se discutió y aprobó el documento.
Otra de las claves aparece en una frase aparentemente sencilla: “Unidad no es uniformidad”. Al reivindicar el derecho a pensar diferente, protestar y disentir, pero rechazar simultáneamente las descalificaciones, la intimidación y la violencia, el Consejo establece una línea discursiva que busca conciliar dos necesidades: reconocer la legitimidad de las inconformidades y preservar la capacidad de conducción de las autoridades universitarias. No se pide expresamente que terminen las protestas, pero sí se propone que las diferencias no impidan construir una posición común. La cuestión es si esa apertura al disenso se traducirá en espacios efectivos de participación y decisiones compartidas o permanecerá únicamente en el terreno de las buenas intenciones.
También debe observarse cuidadosamente el momento en que aparece este pronunciamiento. La UAEM enfrenta problemas financieros que no han sido superados, compromisos laborales importantes y una discusión presupuestaria de enorme trascendencia para 2027. La posibilidad de incrementar los recursos públicos destinados a la institución forma parte de un escenario en el que serán determinantes las decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso de Morelos. Por eso, cuando el Consejo Universitario convoca a los gobiernos a garantizar recursos suficientes y a la sociedad a reconocer a la Universidad como patrimonio colectivo, está construyendo también una plataforma de legitimidad para sus próximas negociaciones financieras. No se trata solamente de solicitar dinero, sino de presentar esa demanda como una responsabilidad social compartida.
Existe, además, un intento de delimitar responsabilidades frente a la inseguridad. El pronunciamiento reconoce la necesidad de revisar y corregir aquello que no ha funcionado dentro de la Universidad, pero exige simultáneamente a las autoridades gubernamentales garantizar la seguridad pública. La distinción es correcta: la UAEM no sustituye a las corporaciones policiales ni a las instituciones encargadas de investigar delitos. Sin embargo, tampoco puede eludir sus propias obligaciones de prevención, protección, acompañamiento y atención a los estudiantes. El equilibrio entre ambas responsabilidades será decisivo para valorar la autenticidad del compromiso expresado por el Consejo.
Precisamente ahí aparece la principal debilidad del documento. Se habla de corregir errores, pero no se identifican cuáles fueron; se promete escuchar a las juventudes, pero no se explican los mecanismos para atender sus demandas; se convoca a la unidad, pero no se establecen compromisos verificables que permitan medir avances. Tampoco se precisa qué resultados concretos han producido las acciones emprendidas frente a la crisis de seguridad. En consecuencia, estamos ante un posicionamiento institucional de considerable significado político, pero todavía distante de una hoja de ruta que permita exigir resultados. Y después de lo ocurrido durante este año, los estudiantes y sus familias tienen razones suficientes para esperar algo más que palabras.
Conviene reconocer, desde luego, que la solidaridad expresada con las víctimas puede ser genuina y que el llamado a defender la educación superior pública tiene plena justificación. No sería correcto descalificar automáticamente el pronunciamiento por sus posibles implicaciones políticas. Pero tampoco conviene confundir la defensa de la Universidad con un respaldo incondicional a quienes actualmente la gobiernan. La UAEM pertenece a su comunidad y a la sociedad morelense, no a una administración determinada. Defenderla también significa exigir transparencia, apertura, rendición de cuentas y capacidad para rectificar decisiones equivocadas.
En el fondo, la Rectoría parece estar intentando pasar de la reacción ante las crisis a la conducción de una agenda institucional compartida. Esa es la intencionalidad que se alcanza a distinguir detrás del lenguaje conciliador del Consejo Universitario. El objetivo puede ser legítimo, pero su éxito dependerá menos de la solemnidad del pronunciamiento que de la disposición real para escuchar, corregir y responder. Porque la unidad universitaria no se consigue por decreto ni mediante declaraciones cuidadosamente redactadas. Se construye con confianza, y la confianza solamente se recupera con hechos. La pregunta es si la Rectoría pretende unir a la comunidad universitaria alrededor de soluciones concretas o simplemente alrededor de su propia conducción.
