Ley contra la impunidad en feminicidios abre debate sobre actuación de fiscalías en Morelos
Una reforma legal que contempla sanciones de hasta diez años de prisión para servidores públicos que obstaculicen investigaciones de feminicidio podría convertirse en referente para fortalecer la procuración de justicia en Morelos, donde las autoridades enfrentan el desafío de esclarecer las muertes violentas de mujeres y garantizar que los expedientes se integren con perspectiva de género.
Se trata de la denominada Ley Mariana Lima Buendía, aprobada por unanimidad el 10 de septiembre de 2026 por el Congreso del Estado de México y vigente desde el 26 del mismo mes. La legislación surgió de la lucha emprendida por Irinea Buendía Cortés, cuya hija Mariana fue asesinada en 2010, aunque inicialmente las autoridades presentaron su muerte como un suicidio.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo de 2015 estableció criterios fundamentales para investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. Once años después, aquella resolución judicial dio origen a modificaciones legales destinadas a combatir la negligencia, las irregularidades y la obstaculización de investigaciones por parte de servidores públicos.
La reforma establece obligaciones para que las autoridades investiguen las muertes violentas de mujeres bajo los protocolos correspondientes, sin descartar anticipadamente la posibilidad de feminicidio. También contempla responsabilidades penales para funcionarios que, mediante acciones u omisiones sancionadas por la ley, impidan el esclarecimiento de los hechos o dificulten el acceso de las familias a la justicia.
Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado que acompañó a Irinea Buendía durante el proceso, explicó que el siguiente objetivo consiste en promover reformas semejantes en las demás entidades federativas. La intención es que durante el primer trimestre de 2027 se presenten iniciativas en los congresos estatales, a fin de fortalecer los mecanismos legales contra la impunidad.
En Morelos, la discusión adquiere especial importancia por la necesidad de evaluar el trabajo de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones de feminicidio, particularmente en la aplicación de protocolos, la preservación de indicios, la atención a familiares de las víctimas y el seguimiento de expedientes hasta obtener resoluciones judiciales.
La entidad cuenta, además, con municipios sujetos a la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que exige acciones institucionales para prevenir, atender y combatir la violencia feminicida. En este contexto, resulta necesario conocer cuántas investigaciones han concluido con sentencias, cuántas permanecen pendientes y si existen procedimientos contra funcionarios por posibles irregularidades durante las indagatorias.
Aunque la Ley Mariana Lima Buendía tiene vigencia únicamente en el Estado de México, su contenido abre la posibilidad de revisar la legislación morelense para establecer disposiciones más precisas sobre las responsabilidades de ministerios públicos, policías de investigación y peritos que incumplan sus obligaciones.
El principal planteamiento de esta reforma es que la responsabilidad institucional no termine con la apertura de una carpeta de investigación. También comprende la obligación de investigar adecuadamente, evitar la revictimización y garantizar a las familias el acceso efectivo a la justicia, bajo el principio de que las omisiones graves de las autoridades deben tener consecuencias legales.
