LOS CONFLICTOS QUE VIENEN: EL TIEMPO DIRÁ EN MORELOS
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 20 de marzo de 2025
En 1993, durante un diplomado en la Universidad Iberoamericana, aprendí de la mano del doctor Edgar Jiménez que los conflictos son el combustible de la política. No hay gobierno que escape de ellos; lo que importa es cómo se enfrentan, se resuelven o se dejan crecer hasta que queman. Hoy, a seis meses de la llegada de Margarita González Saravia como gobernadora constitucional de Morelos —la primera mujer en el cargo—, esas lecciones resuenan con fuerza. El 1 de octubre de 2024 marcó el inicio de un sexenio que prometió transformación, pero también heredó un estado con heridas abiertas y expectativas altísimas. Los conflictos ya están aquí, y el tiempo dirá si este gobierno tiene la pericia para domarlos.
Morelos no es una isla. Lo que sucede en sus calles, en sus comunidades, en sus titulares, reverbera en el resto del país. Por eso, cuando González Saravia asumió el poder, su discurso de austeridad, inclusión y democracia participativa sonó como un bálsamo para un estado cansado de promesas rotas. Sin embargo, los primeros 100 días, reportados en enero de 2025, trajeron el primer desafío: irregularidades detectadas en la administración de Cuauhtémoc Blanco. Actos de corrupción y malversación de fondos, según la gobernadora, dejaron un lastre que ahora su equipo debe limpiar. La oposición, como era de esperarse, no se ha quedado callada, y los medios nacionales ya olfatean la noticia. Este conflicto, aún en ciernes, podría escalar si no se maneja con transparencia y firmeza.
La seguridad, eje central de su Plan de Gobierno 2024-2030, es otro terreno minado. Morelos sigue siendo un estado donde la violencia no da tregua, y la ciudadanía exige resultados. Son chispas que, de no apagarse a tiempo, podrían encender un fuego mayor. Como escribió Luis F. Aguilar Villanueva en su libro “Problemas públicos y agenda de gobierno” (Editorial Porrúa, México, 1993), un asunto solo entra a la agenda pública si el pueblo lo conoce, lo reclama y lo ve como tarea del gobierno. La seguridad cumple esos requisitos, y su manejo definirá el rumbo de este sexenio. En lo personal me parece que los miembros de la Mesa para la Construcción de Paz, integrada por representantes de fuerzas federales y estatales, están haciendo su mejor esfuerzo y han propinado golpes certeros al crimen organizado, aunque falta mucho por hacer.
La intensidad de un conflicto puede transformar un asunto local en un clamor global, como demuestra el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, descubierto por colectivos de Madres Buscadoras. Este sitio, presuntamente un campo de exterminio y reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación, pasó de ser un rumor a una denuncia mundial gracias a la valentía de estas mujeres, quienes, armadas solo con picos y palas, hallaron restos calcinados, zapatos y objetos personales que evocan el horror del Holocausto. Su hallazgo, amplificado por redes sociales y medios internacionales como AP y NPR, cimbró a la opinión pública y obligó a las autoridades a reaccionar, reabriendo una investigación que había sido abandonada. Esto confirma la tesis de Luis F. Aguilar Villanueva: no todos los conflictos escalan hasta estremecer a quienes detentan el poder, pero cuando la conflictividad se combina con la difusión masiva y la empatía del público en general, el impacto puede ser devastador, forzando incluso a un gobierno renuente a rendir cuentas.
NO TODO ES TORMENTA.
Hay señales de esperanza. En diciembre de 2024, González Saravia prometió un 2025 de “oportunidades, paz y progreso”, y acciones como la entrega de infraestructura educativa en Jojutla muestran un intento por conectar con la gente. Su énfasis en la inclusión y la consulta de revocación de mandato a los tres años busca darles voz a los sectores históricamente ignorados: mujeres, indígenas, comunidades marginadas. Estos grupos de identificación, junto al público atento que sigue la política, serán clave para sostenerla. Pero el público en general, ese que solo reacciona ante titulares emocionales, aún está por definirse.
El Decálogo de la Transformación, firmado por su gabinete, es un compromiso filosófico de servir al pueblo. Sin embargo, como advertí hace años, no basta con buenas intenciones: el estado de derecho —las constituciones federal y local, las leyes— no negocia. Los funcionarios de González Saravia, muchos conocidos en Morelos, están doblemente obligados: a responder a la confianza de su líder y a no traicionar la ley bajo el escrutinio público. Si fallan, la prensa y la sociedad no perdonarán.
Los conflictos son inevitables, pero su intensidad y duración dependen de la capacidad de este gobierno para anticiparlos y resolverlos. Hace 30 años, Edgar Jiménez nos habló de cuatro públicos: los afectados directos, los interesados específicos, los informados y los indiferentes. Hoy, Margarita González Saravia debe mantener a raya a los primeros, convencer a los segundos, informar a los terceros y evitar despertar al cuarto. El tiempo, ese juez implacable, ya empezó a contar. Por el bien de Morelos, todos anhelamos que este sea el sexenio de la transformación y no uno más en la lista de promesas incumplidas. Margarita merece todo nuestro respaldo.
