Más de 94% de las carpetas no llega ante un juez: el gran cuello de botella de la Fiscalía de Morelos
El rezago en la procuración de justicia que se observa a nivel nacional tiene en Morelos una expresión particularmente preocupante: más de 94 por ciento de las carpetas de investigación abiertas durante el periodo reportado por la Fiscalía estatal no habían alcanzado la etapa de judicialización, de acuerdo con datos expuestos este año ante el Congreso del estado.
La cifra cobra relevancia frente a los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del INEGI, que revelan que las fiscalías del país terminaron 2025 con 2 millones 916 mil 624 procedimientos pendientes, 10.4 por ciento más que un año antes, pese a que dispusieron de mayores recursos y disminuyó la apertura de nuevas investigaciones.
El problema no parece ser exclusivamente presupuestal. En Morelos, el último dato comparable del INEGI muestra que la Fiscalía ejerció 814.6 millones de pesos durante 2024, mientras que en 2023 el gasto había sido equivalente a 701.2 millones de pesos a precios constantes. Es decir, la institución dispone de cientos de millones de pesos cada año, pero enfrenta un enorme desafío para convertir denuncias y carpetas en casos que efectivamente lleguen ante los tribunales.
El tamaño del cuello de botella quedó expuesto durante la comparecencia del fiscal general Fernando Blumenkron Escobar ante el Congreso de Morelos, el pasado 28 de mayo. Legisladores cuestionaron directamente que más de 94 por ciento de las carpetas abiertas durante el semestre no alcanzara la judicialización, además del rezago histórico, el archivo de expedientes y las dificultades de los ministerios públicos para llevar las investigaciones ante los jueces.
La propia Fiscalía presentó entonces otro dato que permite observar la diferencia cuando existe una persona detenida. Las fiscalías regionales Metropolitana, Oriente y Sur Poniente reportaron mil 492 carpetas con detenidos, de las cuales mil 108 —aproximadamente 74 por ciento— fueron judicializadas. El contraste sugiere que uno de los principales problemas se encuentra precisamente en las investigaciones donde no existe una detención inicial y corresponde al Ministerio Público desarrollar la indagatoria hasta identificar al probable responsable.
El fenómeno coincide con lo detectado por el INEGI en todo el país. Durante 2025, seis de cada diez carpetas abiertas por las fiscalías estatales no tenían registrada una persona imputada, mientras que únicamente alrededor de tres de cada diez contaban con alguien identificado bajo esa condición. Además, sólo 15.2 por ciento de las determinaciones reportadas por las fiscalías estatales concluyó con la decisión de ejercer acción penal.
Para Morelos, estos indicadores adquieren especial importancia porque la discusión sobre seguridad pública suele concentrarse en policías, patrullas, operativos y detenciones, cuando una parte decisiva del sistema comienza después: integrar correctamente las carpetas, investigar, obtener pruebas, identificar responsables y llevarlos ante un juez. Si esa cadena se rompe en la Fiscalía, una detención o una denuncia difícilmente termina convirtiéndose en justicia.
El nuevo Censo del INEGI refuerza así una pregunta que ya llegó formalmente al Congreso de Morelos: ¿qué ocurre con las miles de carpetas que se abren pero nunca alcanzan los tribunales? El reto para la Fiscalía estatal no consiste solamente en recibir denuncias o iniciar expedientes, sino en demostrar cuántos de esos casos logra esclarecer, judicializar y conducir hasta una resolución efectiva para las víctimas.
