México se hunde en el sótano del Estado de Derecho: lugar 121 de 143; Morelos, el laboratorio perfecto de la corrupción cotidiana y la violencia desbordada
México vuelve a quedar en evidencia. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP) lo coloca en el lugar 121 de 143 países, con una calificación de apenas 0.40 sobre 1. Perdió dos posiciones respecto a la medición anterior y registró una caída del 2.8 %. En América Latina y el Caribe se ubica en el puesto 28 de 32, apenas por encima de los peores de la región.
El informe, construido con más de 152 mil encuestas a hogares y miles de entrevistas a especialistas, mide ocho factores.
México registra sus peores resultados precisamente donde más duele:
Ausencia de corrupción: 0.27 puntos, lugar 134 de 143.
Justicia civil: 0.35, también 134.
Justicia penal: 0.25, lugar 135 (el más bajo del país).
Orden y seguridad: 0.50, lugar 132.
Los únicos respiros relativos aparecen en gobierno abierto (0.56, lugar 54) y derechos fundamentales (0.47, lugar 95). El resto del cuadro es desolador: límites al poder gubernamental (108), aplicación regulatoria (113).
El mensaje es claro: las instituciones existen sobre el papel, pero en la práctica no limitan el poder, no investigan, no castigan y no protegen.
Morelos: la dimensión exacta de la corrupción mexicana
Si el ranking nacional ya es alarmante, Morelos lo aterriza con crudeza quirúrgica. No es el estado con la mayor tasa de actos de corrupción experimentados, pero sí uno de los que mejor ilustra cómo la percepción, la impunidad y la violencia se alimentan mutuamente.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI:
La tasa de incidencia de corrupción en Morelos fue de 23,675 actos por cada 100 mil habitantes (ligeramente inferior a los 23,742 de 2023), por debajo de la media nacional de 27,438.
La prevalencia (personas que fueron víctimas) se ubicó en 13,605 por cada 100 mil, también por debajo del promedio nacional de 15,642.
Hasta ahí, los números “duros” no lo colocan entre los peores. El problema es otro: la percepción. El 88 % de la población urbana de Morelos considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Eso lo sitúa en la posición 31 de 32 entidades, apenas por debajo de Michoacán y Baja California (89.4 % y 89.3 %). Es decir, aunque la gente experimente menos sobornos directos en trámites que en Hidalgo u Oaxaca, siente que la corrupción es el aire que respira.
Esa percepción no es paranoia. Se sostiene en datos de seguridad que ponen a Morelos en el ojo del huracán:
Primer lugar nacional en extorsión presencial (9.64 por cada 100 mil habitantes) y en extorsión por otros medios (14.51) entre enero y julio de 2026.
Segundo lugar en homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro exprés.
La extorsión y el control territorial de grupos criminales no prosperan sin corrupción policial, ministerial y política.
Cuando el sistema de justicia penal nacional obtiene 0.25 puntos y el de ausencia de corrupción 0.27, estados como Morelos se convierten en el laboratorio donde esas fallas se vuelven cotidianas: el policía que cobra “cuota”, el funcionario que vende protección, el fiscal que archiva.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presume avances (más de 500 carpetas judicializadas desde mayo de 2025), pero el rezago histórico y la cifra negra (más del 90 % de los actos no se denuncian) mantienen el problema estructural intacto.
México no es un país sin leyes. Es un país donde las leyes se negocian, se compran o se ignoran. El WJP lo confirma con números fríos. Morelos lo confirma con la vida diaria de sus habitantes: miedo, cuota y desconfianza. El Estado de Derecho no se mide solo en índices globales; se mide en si la gente puede vivir sin pagar para que la dejen en paz. En ese sentido, México —y Morelos en particular— sigue reprobando.
