MILITARES Y SEGURIDAD PÚBLICA EN MORELOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 1 de agosto de 2024

La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, ha sido prudente al proporcionar datos respecto a quienes pudieran integrar su gabinete, sobre todo en el complicado sector de la seguridad pública. Eso sí: ya anunció que desaparecerá la Comisión Estatal de Seguridad, cuyo titular es aún el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, la cual fue creada a comienzos de 2013 por el entonces gobernador Graco Ramírez para extinguir la anterior Secretaría de Seguridad Pública del estado y ubicar ahí al abogado Jesús Alberto Capella Ibarra, quien provenía de Tijuana y no cumplía con la residencia requerida por las leyes locales para ser secretario del despacho.

Algo podemos inferir en torno a la prudencia manifestada por Margarita González Saravia: estaría en condiciones de soltar al gobierno federal la decisión de nombrar a quien vaya a ser el titular de la renaciente Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Sin embargo, la diferencia con decisiones de antaño estaría en la posibilidad de que el flamante titular de la próxima SSP sea, efectivamente, un militar… que cumpla con la exigencia de residencia. Aquello de que podría ser un civil con ascendencia militar se antoja algo difícil. Se es o no militar, pero no puede haber medias tintas en tan comprometedor nombramiento.

Para Margarita, me parece, sería mejor dejarle a Omar García Harfuch, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la importante decisión (es decir la papa caliente), desde luego con la anuencia de quien vaya a ser el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; la luz verde en Bucareli, pronto a cargo de Rosa Isela Rodríguez; y desde luego, con la venia de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo. De igual forma, Margarita debería pensar en el relevo del fiscal Uriel Carmona Gándara compartiendo la elaboración de la respectiva terna con las más importantes agrupaciones de abogados. Y sería sabio invitar a la UAEM. Si el próximo titular de la Fiscalía falla o fracasa, la responsabilidad sería distribuida y con menor impacto en la investidura de la nueva gobernadora.

Pero, regresando al tema de los militares en la recargada Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, diré que nuestra entidad ya tiene gran experiencia al respecto.

Luis Ángel Cabeza de Vaca fue secretario de Seguridad Pública durante la mayor parte del sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), y el 1 de octubre de 2006 el gobernador Marco Antonio Adame Castillo lo ratificó en el cargo. Sin embargo, Cabeza de Vaca fue detenido por agentes federales el 15 de mayo de 2009 y sometido a proceso penal debido a supuestos nexos con narcotraficantes. En su lugar fue nombrado el general retirado Gastón Menchaca Arias, acompañado por una pléyade de elementos castrenses, entre ellos quienes fueron sus posteriores relevos: Gilberto Toledano Sánchez y Rafael García Aguilar. Un conocido de ellos, también general retirado, Manuel Farfán Carriola, sería designado titular de la SSP en Cuernavaca. Este último fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 4 de febrero de 2011.

Tocante a los militares al frente de la SSP morelense “Reforma” publicó el 10 de abril de 2011 la siguiente nota:

“Si la llegada de los mandos militares a las Secretarías de Seguridad de los estados tiene la intención de disminuir la delincuencia en esos territorios, las experiencias de estados como Michoacán y Morelos muestran un claro fracaso (…) En Morelos, donde la seguridad está a cargo de un militar desde mayo de 2009, aumentaron los robos en 7 por ciento, los secuestros en 160 por ciento y los homicidios en 15 por ciento. Hasta diciembre del 2010 se habían registrado 433 ejecuciones”.

El arribo de Gastón Menchaca a la titularidad de la SSP fue anunciado con bombo y platillo, al igual que el de Manuel Farfán Carriola (otro general retirado) a la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca, quien sustituyó a Francisco Sánchez González, detenido por agentes federales en Torre Morelos junto con Luis Ángel Cabeza de Vaca, aunque liberado hace unos meses al no comprobársele su vinculación con cárteles de la droga.

El 2 de junio de 2009 escribí lo siguiente:

“Todo lo que sucede y sucederá a futuro en la difícil tarea de garantizar la protección de la ciudadanía (teóricamente hablando) deberá ser observado y analizado bajo un riguroso escrutinio pues la llegada de los nuevos jefes policíacos fue proyectada por los sectores oficiales como si fuera la panacea frente a los altos índices de criminalidad. Suponerlo así sería temerario e ingenuo”.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Existen muchos ensayos referentes a la militarización a nivel nacional.

Hoy transcribiré parte de uno, escrito por Juan Manuel Sandoval Palacios, investigador titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y coordinador general del Seminario Permanente de Estudios de las Fronteras, quien indica que a partir de los ochenta, sobre todo después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994, “las fuerzas armadas han ido tomando un papel cada vez más protagónico en diversos ámbitos de la vida social y política de México. La presencia militar se ha extendido más allá de la llamada zona de conflicto en la entidad chiapaneca (donde existe un estado formal de guerra que le fue declarado al Ejército Federal por el EZLN en diciembre de 1993), fundamentalmente en los estados del altiplano central y del sur-sureste, debido al accionar de otros grupos insurgentes. Encontramos abundante presencia militar en los estados del norte, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Empero, la presencia militar en las grandes urbes ya es también una constante. Todos los mandos superiores de la PGR y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) en el área antinarcóticos son militares entrenados en Estados Unidos”.

Y añadí aquel 2 de junio de 2009:

¿Cuál es en consecuencia el escenario posible a corto y mediano plazo, tanto a nivel nacional como en Morelos? Me parece que la sociedad morelense no debe ocuparse sólo de la presencia, sino del papel que las fuerzas armadas han asumido en la definición e instrumentación de las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública que el estado mexicano impulsa, y en donde la relación entre civiles y militares se modificó, tomando estos últimos un papel cada vez más relevante en tales cuestiones. La mayoría de los controles civiles objetivos y subjetivos se encuentra en una grave crisis a nivel nacional debido a que la transición política y los conflictos político-militares han cuestionado severamente el poder presidencial y la conducción social en Morelos.

Dada la complejidad de la inseguridad pública en cualquier región mexicana, es difícil que se dé un regreso rápido a las formas de control civil objetivo, así como el retorno de los militares a los cuarteles. Para mediados de 2007, más del 75 por ciento de las fuerzas policíacas del país se encontraban ya en manos del ejército. Sin embargo, los militares no pudieron y no han podido garantizar la seguridad pública.

Los operativos policiaco-militares en contra de la delincuencia no sólo son ineficaces, sino que han violado los derechos humanos de la población donde se llevan a cabo. Los índices de delincuencia e inseguridad no disminuyen; y en la violación sistemática de los derechos humanos, incluyendo la tortura, los militares se encuentran entre los principales actores. Ellos y la Guardia Nacional aparecen como segundo y tercer escalón, mientras los primeros respondientes tras la comisión de graves hechos de violencia siempre son policías preventivos municipales o estatales. De hecho, las famosas mesas para la paz, desarrolladas en instalaciones castrenses, son un instrumento de control del gobierno de la República. Y ya. El presente sexenio se ha caracterizado por una gigantesco gasto en la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, pero una grave disminución en los pilares fundamentales de la seguridad pública a nivel local: las corporaciones municipales y estatales, así como todas las dependencias vinculadas a la procuración de justicia, investigación y persecución de delitos.

Así las cosas, los morelenses pronto sabremos el nombre de otro militar que será designado como secretario de Seguridad Pública. A ver qué resulta.