MORENA, EL PRI RECARGADO: EL PRESIDENCIALISMO YA REGRESÓ

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 30 de octubre de 2026

La decepción de los latinoamericanos con la democracia está abriendo las puertas a nuevas formas de autoritarismo. México no solamente participa de esa tendencia: está reconstruyendo, bajo otras siglas y con un discurso diferente, las estructuras del viejo régimen de partido hegemónico.

América Latina está cansada de la democracia. O, para ser más precisos, está cansada de una democracia que promete prosperidad y ofrece desigualdad; que garantiza derechos en el papel, pero no siempre puede proteger la vida de sus ciudadanos; que celebra elecciones periódicas, mientras millones de personas siguen padeciendo inseguridad, corrupción, impunidad y pobreza. El desencanto existe, aunque algunos prefieran ignorarlo. Y lo verdaderamente preocupante es que semejante frustración está creando condiciones para que amplios sectores sociales acepten gobiernos cada vez más autoritarios, siempre que prometan resolver sus problemas. México no constituye una excepción. Por el contrario, estamos presenciando la reconstrucción de un sistema presidencialista que creíamos haber dejado atrás con la alternancia del año 2000.

Los datos del Latinobarómetro 2026, publicados el pasado 2 de octubre, son reveladores. Solamente el 52 por ciento de los latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En México, el porcentaje desciende al 45 por ciento. Peor todavía: mientras en 2024 la mitad de los mexicanos decía estar satisfecha con el funcionamiento de su democracia, en 2026 esa proporción se desplomó al 30 por ciento. La insatisfacción alcanzó al 67 por ciento. Hay otro dato inquietante: el 53 por ciento de los mexicanos estaría dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si éste resolviera los problemas nacionales. Es decir, para una parte considerable de nuestra sociedad, la eficacia gubernamental comienza a importar más que las reglas democráticas.

Conviene introducir una precisión indispensable. El apoyo explícito al autoritarismo en México no aumentó: disminuyó del 24 al 17 por ciento entre 2024 y 2026. Lo que creció fue la indiferencia frente al régimen político, del 22 al 30 por ciento. Y ahí radica precisamente el peligro. Las democracias no solamente mueren cuando sus ciudadanos reclaman dictadores; también pueden deteriorarse cuando millones de personas dejan de preocuparse por quién concentra el poder, cómo lo ejerce y quién puede detener sus abusos. La indiferencia constituye un terreno extraordinariamente fértil para el autoritarismo.

Durante varias décadas, los mexicanos construimos, con enormes dificultades, una democracia incipiente. No fue una concesión graciosa del poder. Fue consecuencia de luchas sociales, movilizaciones ciudadanas, reformas electorales, sacrificios personales y esfuerzos de generaciones enteras. La controvertida elección presidencial de 1988 aceleró las exigencias de apertura. El surgimiento del Instituto Federal Electoral en 1990, su autonomía alcanzada en 1996, la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia presidencial de 2000 representaron etapas fundamentales. Después vendrían nuevas alternancias, mayor pluralidad legislativa, organismos autónomos y mecanismos de transparencia. Todo aquello era imperfecto, desde luego, pero constituía un avance respecto del presidencialismo prácticamente omnipotente que caracterizó al México del siglo XX.

Hoy asistimos a un fenómeno que merece llamarse por su nombre: la restauración de la hegemonía política bajo la bandera de la transformación nacional. Morena no es idéntico al antiguo PRI, porque surgió en circunstancias históricas distintas, dispone de una legitimidad electoral propia y ha impulsado políticas sociales que cuentan con respaldo popular. Pero sus prácticas de concentración del poder, su capacidad para incorporar políticos de cualquier procedencia, la subordinación de buena parte de sus legisladores a las decisiones del Ejecutivo y su pretensión de convertirse en el eje permanente de la vida pública recuerdan demasiado al partido que gobernó México durante siete décadas. Incluso numerosos personajes que antes sirvieron al priismo encontraron acomodo, influencia y oportunidades dentro de la nueva organización dominante. Cambiaron las siglas, no necesariamente las costumbres.

El parecido tampoco termina en los personajes. El PRI hegemónico articulaba una formidable maquinaria territorial, distribuía beneficios, administraba lealtades, incorporaba adversarios y procuraba que las grandes decisiones políticas se tomaran desde la Presidencia de la República. Morena ha construido una organización diferente, pero con incentivos semejantes. Los programas sociales, que constituyen derechos legítimos y no deberían confundirse automáticamente con instrumentos electorales, también representan un enorme desafío institucional: garantizar que nadie pueda utilizarlos como mecanismo de presión o fidelización partidista. A esto se agrega la creciente debilidad de una oposición fragmentada, desacreditada por sus propios errores e incapaz, hasta ahora, de formular una alternativa nacional convincente.

Los síntomas del resquebrajamiento democrático son demasiado visibles. La reforma constitucional de diciembre de 2024 dispuso la desaparición de siete organismos autónomos y entes reguladores, cuyas funciones fueron redistribuidas. Entre ellos se encontraban el INAI, la Cofece y el IFT. La reforma judicial modificó radicalmente el mecanismo de integración de los tribunales y sometió a elección popular diversos cargos jurisdiccionales. La primera elección judicial federal, celebrada en junio de 2025, registró una participación cercana al 13 por ciento. Sus promotores sostienen que esas modificaciones democratizan instituciones anteriormente dominadas por élites; sus críticos advertimos que eliminar barreras institucionales frente a las mayorías políticas puede traducirse en una justicia mucho más vulnerable a la influencia del poder. Y no hay democracia constitucional sólida cuando los jueces carecen de independencia suficiente para contrariar al gobierno.

El Congreso de la Unión constituye otro ejemplo. La coalición encabezada por Morena consiguió, mediante las reglas electorales y la integración de sus bancadas, la fuerza necesaria para impulsar reformas constitucionales de enorme trascendencia. Conviene recordar que una mayoría legislativa, incluso muy amplia, tiene legitimidad democrática. El problema aparece cuando esa mayoría deja de comportarse como un poder que delibera, revisa y controla, para convertirse en una maquinaria dedicada a respaldar sistemáticamente las decisiones presidenciales. Durante el antiguo régimen priista se decía que el Congreso no modificaba ni una coma de las iniciativas del presidente. La frase vuelve a adquirir inquietante actualidad. El predominio legislativo del oficialismo ha reducido considerablemente la capacidad de negociación de las minorías y debilitado los equilibrios que habían comenzado a construirse desde finales del siglo pasado.

Existe, además, una confirmación internacional de la gravedad de este proceso. El Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, clasificó a México en su informe de 2026, correspondiente a los datos de 2025, dentro de la zona gris de las autocracias electorales. Freedom House, por su parte, asignó al país 58 puntos sobre 100 y lo mantuvo en la categoría de parcialmente libre. Son evaluaciones metodológicamente diferentes, no sentencias absolutas ni pruebas de que México se haya convertido en una dictadura cerrada. Sin embargo, ambas advierten problemas serios en la calidad de nuestra democracia. Resultaría irresponsable despreciarlas únicamente porque sus conclusiones incomodan al oficialismo.

Y hay un elemento adicional que suele pasar inadvertido. Latinobarómetro encontró que el 73 por ciento de los mexicanos no se siente representado por el Congreso, mientras que el 77 por ciento desconfía de que sus impuestos sean utilizados correctamente. Son cifras demoledoras para cualquier sistema representativo. Paradójicamente, la misma investigación señala que el 68 por ciento reconoce que sin elecciones no hay democracia y que el INE conserva la confianza del 53 por ciento de los encuestados. Esto demuestra que nuestra sociedad no ha renunciado por completo a sus convicciones democráticas. Lo que ocurre es que se encuentra profundamente decepcionada de los resultados del sistema. Y un gobierno con suficiente fuerza política puede aprovechar ese malestar para justificar la reducción de contrapesos, presentándolos como obstáculos burocráticos o privilegios de antiguos grupos de poder.

El presidencialismo mexicano, por tanto, no está en vías de regresar: ya regresó. Primero se reconstruyó alrededor del liderazgo personal de Andrés Manuel López Obrador, quien consiguió una influencia extraordinaria sobre su partido, el Congreso y la conversación pública. Después, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, esa concentración encontró continuidad institucional y una nueva expresión política. No se trata de afirmar que ambas figuras ejercen el poder de manera idéntica, ni de desconocer la legitimidad de sus victorias electorales. Se trata de observar que nuevamente la Presidencia ocupa una posición predominante frente a instituciones que, durante años, procuraron ampliar sus márgenes de autonomía. El problema no es que exista una presidenta fuerte. El problema es que los demás poderes sean demasiado débiles para ejercer sus atribuciones con independencia.

En los estados, incluido Morelos, esta tendencia adquiere expresiones propias. Los cambios de partido de políticos que ayer defendían otras plataformas ideológicas, las disputas por las candidaturas del oficialismo y el creciente peso de las decisiones cupulares recuerdan las épocas en que obtener la postulación del partido dominante podía resultar más importante que competir en las urnas. Con el proceso electoral de 2027 en marcha, convendría preguntarnos si estamos fortaleciendo verdaderamente la pluralidad o si avanzamos hacia un sistema donde las principales disputas por el poder se resuelvan dentro de Morena y sus aliados. La segunda posibilidad constituye una característica histórica de los regímenes de partido hegemónico: la competencia formal subsiste, pero el centro decisivo de la política se desplaza hacia el interior de la fuerza gobernante.

Quienes defienden al actual régimen tienen argumentos que merecen reconocerse. Morena ha ganado elecciones competitivas, cuenta con millones de simpatizantes, ha conseguido conectar con sectores tradicionalmente marginados y reivindica políticas redistributivas que sus adversarios no supieron impulsar con suficiente eficacia. Ninguna crítica seria puede negar esos hechos. Pero la popularidad de un gobierno no sustituye al Estado de derecho. Tampoco una victoria electoral concede autorización ilimitada para rediseñar instituciones sin preservar mecanismos efectivos de control. La democracia no consiste exclusivamente en que gobierne quien obtuvo más votos. Consiste también en garantizar que los ciudadanos puedan cuestionarlo, que los jueces puedan frenarlo, que la prensa pueda investigarlo y que sus adversarios tengan oportunidades reales de sustituirlo mediante elecciones libres.

La historia latinoamericana está llena de dirigentes que llegaron al poder mediante el voto y después debilitaron, desde el propio gobierno, las instituciones que hicieron posible su triunfo. La tentación autoritaria no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. Aparece donde la concentración del poder se presenta como condición indispensable para resolver los problemas nacionales. Aparece cuando la crítica es tratada como traición, cuando la oposición es descalificada por existir y cuando se pretende identificar al partido gobernante con el pueblo entero. La democracia comienza a perder sustancia mucho antes de que desaparezcan las elecciones.

Por eso sostengo que Morena representa, en numerosos aspectos de su funcionamiento político, una versión recargada del antiguo PRI. No porque ambos partidos sean históricamente iguales, sino porque el nuevo oficialismo ha recuperado mecanismos de concentración, disciplina, incorporación de adversarios y predominio presidencial que México tardó décadas en intentar desmontar. La diferencia es que ahora dispone de nuevas tecnologías, una capacidad de comunicación política mucho mayor y un discurso de transformación que presenta la acumulación del poder como una reivindicación popular. El antiguo régimen invocaba la estabilidad revolucionaria; el nuevo reivindica la continuidad de la Cuarta Transformación. Ambos discursos pueden terminar justificando la permanencia de una sola corriente política en el centro del Estado.

El mayor riesgo, sin embargo, no es Morena por sí mismo. Es que los mexicanos terminemos acostumbrándonos nuevamente a un poder sin contrapesos suficientes. Que consideremos normales la subordinación legislativa, la fragilidad judicial, la desaparición de instituciones autónomas y la debilidad de las alternativas partidistas. Que confundamos la estabilidad con la obediencia y la gobernabilidad con la concentración de decisiones. El Latinobarómetro nos advierte que la decepción ciudadana puede convertirse en indiferencia democrática. Y la indiferencia es, precisamente, lo que necesitan los proyectos hegemónicos para consolidarse.

México no perdió su incipiente democracia de un solo golpe. Sus equilibrios se han deteriorado mediante decisiones políticas, reformas constitucionales, mayorías legislativas y transformaciones institucionales que, consideradas aisladamente, pueden parecer justificables, pero que observadas en conjunto revelan una profunda redistribución del poder en favor del oficialismo. Todavía existen elecciones, oposición, medios independientes y espacios de resistencia cívica. Eso importa y debe defenderse. Pero negar la magnitud del retroceso sería tan irresponsable como afirmar que ya no queda ninguna posibilidad democrática.

El viejo presidencialismo no está tocando a la puerta. Ya entró, se instaló y comenzó a reorganizar la casa. Y lo verdaderamente preocupante es que una parte considerable de la sociedad, desencantada con los resultados de la democracia, parece dispuesta a tolerarlo mientras conserve la esperanza de que alguien, desde la cúspide del poder, resuelva finalmente sus problemas. Así se construyen las hegemonías. No siempre mediante la imposición abierta, sino también gracias al consentimiento, al cansancio y a la resignación de quienes un día conquistaron el derecho de elegir libremente a sus gobernantes.