Operativos que desfilan, crímenes que permanecen: la eterna falacia de la “máxima presencia” en Cuernavaca
Desde el sexenio de Marco Adame Castillo (2006-2012) hasta nuestros días, Morelos ha sido escenario de una sucesión casi ritual de operativos con nombres rimbombantes: “Morelos Seguro”, “Máxima Presencia” y cuantas variantes se les ocurran a las autoridades. Convoyes, retenes, camionetas artilladas, soldados, marinos, guardias nacionales y policías de todos los órdenes desfilan por colonias y avenidas. Se revisan motos, se inspeccionan personas, se toman fotos y se emiten comunicados triunfalistas. Y luego… todo vuelve a la normalidad delincuencial. Los criminales esperan pacientemente a que se retire el espectáculo y retoman el control.
Recordemos el Operativo Morelos Seguro, ejecutado dos veces bajo el mando de la Sedena durante el gobierno panista de Adame. El comandante de la 24ª Zona Militar era el general Leopoldo Díaz, hoy presuntamente relegado a un escritorio en el Campo Militar Uno de la Ciudad de México. Fue precisamente bajo ese “operativo” cuando, en mayo de 2011, el joven Jethro Ramsés Sánchez Santana fue sometido a torturas atroces y asesinado en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería, en la avenida Domingo Díez de Cuernavaca. Las instalaciones castrenses de la colonia Buena Vista se convirtieron en centro de vejaciones para innumerables detenidos.
Elementos de la extinta Policía Federal (al mando de García Luna), traídos de entidades donde la corrupción y las células criminales están institucionalizadas, también dejaron su huella. Doce de ellos terminaron en prisión por extorsionar a la propietaria de una ferretería del Paseo Cuauhnáhuac. Ese caso no es anécdota: es la prueba viviente de lo que ocurre cuando se importan corporaciones sin control real y se les otorga poder discrecional sobre la ciudadanía.
Décadas después, el patrón se repite. El reciente Operativo Interinstitucional “Máxima Presencia” —con Guardia Nacional, Marina, AIC, policía estatal y SEPRAC— arrojó cifras que hablan por sí solas: 90 personas inspeccionadas, 75 motocicletas y 20 vehículos revisados… y apenas una persona enviada al Juzgado Cívico por una falta administrativa y otra puesta a disposición del Ministerio Público. Un desfile costoso que disuade temporalmente y luego se retira, dejando el terreno libre otra vez.
La historia es contundente: estos operativos no funcionan. Son teatro de seguridad. Sirven para la foto, para el boletín y para que algún alcalde —como el que llegó a Cuernavaca en 2015 sin conocer la memoria dolorosa de esta tierra— pueda decir que “está haciendo algo”. Pero no atacan la raíz. Cuando se van, los delincuentes regresan. Y, en el peor de los casos, como ya ocurrió, las propias fuerzas “de seguridad” se convierten en victimarios.
Lo que sí funciona es otra cosa, mucho menos mediática y mucho más exigente: inteligencia real, investigación profunda (la que muchas veces es exigua en la Agencia de Investigación Criminal), y la presencia cotidiana, confiable y cercana de policías honestos en las comunidades. Trabajo de campo. Construcción de confianza. Información que nace del barrio y no del retén. Capacidad de desmantelar redes, no solo de detener a quien pasa por la esquina en el momento equivocado.
Morelos no necesita más desfiles de convoyes ni más “máximas presencias” que se evaporan el lunes. Necesita memoria: recordar a Jethro, recordar a la comerciante extorsionada, recordar a todos los que sufrieron vejaciones en instalaciones militares o federales. Y necesita voluntad política para apostar por lo que realmente reduce la delincuencia: inteligencia, investigación seria y policía de proximidad honesta. Todo lo demás es ruido de sirenas que, tarde o temprano, se apaga… y deja el silencio de siempre.
