ORIGEN ES DESTINO: LA CRISIS DE INGOBERNABILIDAD EN EL TSJ
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 20 de marzo de 2025
Este jueves 19 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos alcanzó un punto crítico en su ya prolongada crisis de gobernabilidad. Esta situación, que lleva meses gestándose, explotó con una supuesta destitución del magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, en una sesión del Pleno de magistrados que, lejos de resolver los conflictos internos, expuso aún más las fracturas y la falta de legitimidad al interior del órgano judicial. La crisis no es un hecho aislado, sino la culminación de un deterioro progresivo que tiene sus raíces en la polarización entre los 22 magistrados, divididos en al menos tres grupos enfrentados, y en un sistema de designación viciado por intereses políticos y cuotas partidistas.
El detonante inmediato ocurrió durante la sesión de este miércoles, cuando, de manera abrupta, se intentó incluir en el orden del día la destitución de Gamboa Olea. Según reportes de medios locales, la maniobra no contó con el respaldo suficiente para cumplir los requisitos legales: de los 22 magistrados, solo 11 habrían estado presentes o apoyado la moción, lejos de los 15 votos que se necesitan para una mayoría calificada, lo que ha llevado a cuestionar la validez del acto.
La sesión se vio interrumpida por eventos inesperados —como la activación de una alerta sísmica, cortes de internet y fallos en la energía eléctrica—, lo que añadió caos a un proceso ya de por sí controvertido. Para complicar más las cosas, agentes de la Fiscalía Anticorrupción, fuertemente armados, irrumpieron en las instalaciones del TSJ, presuntamente porque el mismísimo Gamboa Olea lo solicitó para resguardar las oficinas de la Presidencia, Administración y el Salón de Plenos.
Esta crisis de ingobernabilidad no es solo un problema administrativo; tiene profundas repercusiones en la impartición de justicia en Morelos. Los magistrados, atrapados en pugnas internas, han sido señalados durante meses por priorizar intereses políticos y económicos sobre la resolución de los miles de expedientes que se acumulan en el sistema judicial. La parálisis del Pleno ha provocado que juicios importantes queden estancados, afectando a ciudadanos que dependen de fallos en casos penales, civiles y administrativos. A esto se suma la percepción pública de corrupción, alimentada por denuncias cruzadas entre los propios magistrados, algunos de los cuales han sido acusados de liberar a presuntos delincuentes en decisiones polémicas, como el caso de un triple homicidio en Cuautla resuelto de manera cuestionable a finales de 2024.
El trasfondo de esta situación está en el sistema de designación de los magistrados, controlado históricamente por el Congreso local y sus cuotas partidistas. Lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos sigue confirmando aquel viejo adagio mexicano: “Origen es destino”. Durante varias décadas los magistrados han emergido de procesos cuestionados: cuotas partidistas repartidas en el Congreso local. Como si se tratara de un pastel interminable, los nombramientos de estos cruciales funcionarios del Poder Judicial morelense se decidieron en la cueva legislativa, donde los acuerdos solo se entienden en el idioma de las componendas.
Aunque la reforma judicial federal, impulsada por el Ejecutivo y aprobada parcialmente en diciembre de 2024, busca cambiar esto mediante la elección popular de jueces y magistrados, su implementación en Morelos sigue enredada en debates legislativos. La armonización de la Constitución local, que debía estar lista para el 15 de marzo de 2025 según algunos juristas, no se ha concretado, y la gobernadora Margarita González Saravia ha indicado que podría retrasarse hasta 2027, lo que agrava la incertidumbre.
Hoy, la “destitución” de Gamboa Olea —ya sea por falta de quórum o por irregularidades procesales— no hace más que profundizar el desgobierno en el TSJ. Los bandos enfrentados parecen más interesados en mantener o arrebatar el control que en restaurar la funcionalidad del tribunal. Mientras tanto, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción sugiere que el escándalo podría escalar a un nivel penal, aunque también hay quienes ven en esto una maniobra política para desprestigiar a ciertos magistrados.
En este contexto, la justicia en Morelos queda exhibida en forma negativa y en el limbo: un Poder Judicial ingobernable, sin liderazgo claro, y con una credibilidad erosionada ante una ciudadanía que lleva años padeciendo resoluciones dudosas y una violencia que no encuentra freno en los tribunales. Ahora resulta que en el TSJ hay dos presidentes. ¿Cómo la ven, gentiles lectores?
