PACO NAVARRETE: UNA VICTORIA DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS EXCESOS DEL PODER

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 29 de octubre de 2026

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal revocó la negativa a dispensar al caricaturista de ofrecer disculpas públicas a una diputada de Morena. El desenlace abre una discusión fundamental sobre los límites de la justicia electoral y la defensa de las libertades ciudadanas.

Hay triunfos que rebasan los intereses de quienes los protagonizan. Lo ocurrido este miércoles 28 de octubre con el caricaturista Paco Navarrete es uno de ellos. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del Tribunal Electoral de Jalisco que había rechazado dispensarlo de ofrecer disculpas públicas a la diputada local de Morena, Itzul Barrera Rodríguez. El asunto, que durante semanas provocó indignación entre periodistas, caricaturistas y ciudadanos, alcanza así un desenlace favorable respecto de una medida que muchos consideramos excesiva. No significa que todas las sanciones hayan desaparecido, pero sí constituye una victoria importante para quienes creemos que la justicia debe proteger derechos sin convertirse en un mecanismo de sometimiento.

Conviene recordar el origen de este episodio. Paco Navarrete publicó, el 5 de febrero de 2025, un cartón político en el periódico Mural, de Guadalajara, mediante el cual ironizaba sobre unas declaraciones de la legisladora morenista relacionadas con los aranceles estadounidenses al aguacate mexicano. La diputada consideró que aquella publicación contenía elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género y acudió ante las autoridades electorales. El Tribunal Electoral de Jalisco le dio la razón e impuso al caricaturista una amonestación pública, su inscripción en el registro de personas sancionadas y la obligación de difundir un video de disculpas durante quince días. Posteriormente, la justicia electoral federal confirmó la determinación original y, el pasado 7 de octubre, la Sala Superior desechó un recurso promovido por Navarrete.

Pero el expediente todavía reservaría un capítulo que exhibe las contradicciones en las que puede incurrir la propia justicia. La diputada denunciante solicitó que se dispensara el cumplimiento de la disculpa pública, al considerar que la difusión del video podría provocarle una nueva afectación psicológica y moral. Sorprendentemente, el tribunal jalisciense rechazó inicialmente esa petición. Es decir, una medida supuestamente concebida para reparar el daño a una persona debía mantenerse incluso cuando la propia beneficiaria manifestaba que no deseaba recibirla. La pregunta resulta inevitable: ¿a quién pretendían proteger entonces los magistrados? ¿A la denunciante o a una interpretación inflexible de sus propias resoluciones?

Fue precisamente esa contradicción la que terminó llegando nuevamente a la Sala Regional Guadalajara, mediante los expedientes SG-JDC-940/2026 y SG-JDC-943/2026. Este miércoles, los magistrados determinaron revocar el acuerdo del tribunal estatal para los efectos establecidos en su sentencia. En el centro de la discusión aparecen los argumentos jurídicos expuestos por Defensa Electoral, particularmente la diferencia entre una sanción y una medida de reparación. Mientras la primera corresponde al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, la segunda debe atender la finalidad de reparar una afectación concreta. Confundir ambas figuras puede conducir a decisiones jurídicamente cuestionables, como mantener una disculpa obligatoria contra la voluntad de quien debía recibirla.

Aquí aparece un problema mucho más profundo, que no debería pasar inadvertido en una sociedad democrática. La legislación destinada a combatir la violencia política contra las mujeres responde a una necesidad real e incuestionable. Durante décadas, innumerables mexicanas enfrentaron exclusión, amenazas, discriminación y obstáculos para ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, defender esa legislación no significa otorgarle un carácter absoluto ni aceptar que cualquier crítica incómoda contra una funcionaria pública deba interpretarse automáticamente como violencia de género. Tampoco implica desconocer que determinadas expresiones sí pueden constituir violencia. El verdadero desafío consiste en establecer diferencias claras, aplicar criterios proporcionales y evitar que una causa legítima termine siendo utilizada para restringir indebidamente otras libertades fundamentales.

Después de más de cinco décadas de ejercer el periodismo, tengo perfectamente claro que ningún gobernante disfruta ser objeto de una crítica severa, mucho menos cuando viene acompañada de ironía, humor o sarcasmo. La caricatura política existe precisamente para incomodar al poder, exagerar sus contradicciones y exhibir sus errores. No nació para obtener la aprobación de diputados, gobernadores, presidentes municipales o magistrados. Por eso resultan preocupantes los procedimientos que pueden producir efectos inhibitorios sobre el ejercicio periodístico. Cuando expresar una opinión, publicar una caricatura o cuestionar a un representante popular supone enfrentar largos litigios y medidas que afectan la reputación profesional, el mensaje para los demás periodistas puede ser devastador: mejor guardar silencio que correr riesgos.

El caso de Paco Navarrete también obliga a revisar la conducta de los organismos encargados de administrar justicia electoral. Los tribunales no pueden perder de vista que sus facultades encuentran límites en los derechos constitucionales de los ciudadanos. La aplicación de las normas exige sensibilidad, proporcionalidad y una comprensión integral de las libertades públicas. Una sentencia no se vuelve incuestionable solamente porque provenga de un órgano jurisdiccional. Y cuando una medida reparadora termina produciendo una situación contraria a la voluntad de su beneficiaria, existe una razón poderosa para examinarla. Eso fue precisamente lo que permitió que el asunto regresara a la jurisdicción federal y que se revocara el acuerdo que impedía dispensar las disculpas.

Sería incorrecto presentar lo sucedido como una absolución completa de Paco Navarrete. La determinación original sobre violencia política en razón de género permanece jurídicamente diferenciada de la controversia relativa al cumplimiento de las disculpas públicas. Pero tampoco debemos minimizar el significado de la nueva resolución. Lo que estaba en discusión no era solamente un video ni los quince días durante los cuales debía permanecer publicado, sino la razonabilidad de una medida que podía convertirse en una imposición carente de utilidad reparadora. Y eso importa no únicamente para los periodistas, sino para cualquier ciudadano que algún día se encuentre frente a una disposición desproporcionada de la autoridad.

En nuestro país hemos visto cómo distintas figuras públicas recurren cada vez con mayor frecuencia a procedimientos legales para enfrentar expresiones que consideran ofensivas. Es su derecho acudir ante los tribunales cuando estiman vulneradas sus garantías. Pero también es nuestro derecho cuestionar las interpretaciones y consecuencias de esas resoluciones. Ningún representante popular está exento del escrutinio ciudadano. Los funcionarios administran recursos públicos, toman decisiones que afectan a millones de personas y reciben remuneraciones provenientes de nuestros impuestos. Por eso deben asumir que su desempeño está sujeto a una crítica más intensa que la dirigida a cualquier ciudadano particular. Una democracia sin prensa incómoda, sin sátira política y sin ciudadanos dispuestos a cuestionar al poder termina convirtiéndose en una simulación.

Lo sucedido con Paco Navarrete deja una enseñanza que debería trascender las fronteras de Jalisco. Las libertades no se defienden solamente cuando los tribunales nos dan la razón, sino también cuando exigimos que sus decisiones sean revisadas, justificadas y sujetas a límites. Este miércoles ganó una batalla importante el caricaturista, pero también ganó la sociedad al abrirse paso una solución frente a una medida de reparación cuestionada incluso por quien debía recibirla. Ojalá nuestros magistrados comprendan que su misión consiste en impartir justicia, no en fabricar silencios ni imponer arrepentimientos inútiles. Porque en México necesitamos instituciones que protejan a las mujeres de la violencia, pero también que protejan a todos los ciudadanos de los excesos del poder. Y la libertad de expresión, esa conquista que tanto ha costado defender, jamás debería depender de la complacencia de quienes gobiernan.