POLICÍAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA: EL ABSURDO DE LA SEGURIDAD
En Morelos, arriesgar la vida para proteger a los ciudadanos tiene diferentes precios, dependiendo del municipio donde se porte el uniforme. Mientras el Ayuntamiento de Cuernavaca acaba de aprobar un salario neto mensual de 17 mil 701 pesos para sus policías que cumplan los requisitos establecidos, en Xochitepec los elementos de Seguridad Pública salieron este martes a protestar porque, según denunciaron, perciben apenas nueve mil 400 pesos mensuales, más dos mil pesos en despensa. La diferencia salarial es considerable, aunque las responsabilidades, los riesgos y la posibilidad de enfrentarse a delincuentes armados sean prácticamente los mismos. Las balas no distinguen entre policías de Cuernavaca y Xochitepec, pero las nóminas municipales sí.
El caso de Xochitepec resulta particularmente revelador. Los inconformes aseguran que llevan por lo menos ocho años sin recibir un ajuste salarial y que la corporación cuenta con apenas 87 elementos. También reclaman acceso a servicios médicos adecuados, una prestación elemental para quienes diariamente ponen en riesgo su integridad física. El contraste con Cuernavaca es inevitable: el Cabildo capitalino aprobó un nuevo tabulador que, además del salario señalado, contempla prestaciones complementarias de despensa y alimentación. Es cierto que cada ayuntamiento dispone de capacidades presupuestales diferentes y que el acceso a determinadas remuneraciones depende de requisitos de certificación y carrera policial. Pero ninguna de esas circunstancias debería justificar que existan diferencias tan profundas en las condiciones laborales de servidores públicos encargados de una misma función esencial.
La protesta adquiere una dimensión todavía mayor después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera públicamente que Morelos dispone de aproximadamente mil policías estatales para una entidad de 36 municipios y alrededor de dos millones de habitantes. Conviene precisar que esa cifra corresponde a la corporación estatal, no al total de elementos municipales y federales que operan en nuestro territorio. Sin embargo, el señalamiento presidencial confirma la necesidad de fortalecer el estado de fuerza. Y aquí aparece una contradicción que merece atención: ¿cómo pretendemos contratar más policías si todavía existen ayuntamientos que enfrentan dificultades para pagar adecuadamente a los que ya tienen? La insuficiencia de personal no puede resolverse únicamente mediante convocatorias de reclutamiento cuando las condiciones salariales y laborales tampoco resultan suficientemente atractivas.
La presidenta instruyó la elaboración de un plan de fortalecimiento policial que será revisado dentro de aproximadamente un mes, en coordinación con la gobernadora Margarita González Saravia y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La estrategia contempla mejorar las corporaciones estatales y municipales, reforzar la presencia de la Guardia Nacional y determinar los recursos necesarios para incrementar las capacidades de seguridad. Es una decisión importante, sobre todo después de los acontecimientos violentos registrados en Totolapan y Cuautla. Pero sería un error reducir el diagnóstico a contar patrullas, uniformes, armas y elementos disponibles. También debe establecerse cuánto gana realmente un policía en cada municipio, qué prestaciones recibe, si cuenta con seguro médico, cuáles son sus jornadas de trabajo y qué posibilidades tiene de desarrollar una carrera profesional.
No olvidemos que durante décadas hemos visto desfilar por Morelos a innumerables responsables de la seguridad pública, acompañados casi siempre de anuncios sobre nuevas estrategias, reorganizaciones, operativos y promesas de mejores resultados. Algunos consiguieron avances parciales; otros terminaron sus encargos sin resolver los problemas estructurales. La delincuencia, mientras tanto, ha evolucionado y dispone de recursos que frecuentemente superan las capacidades de las corporaciones municipales. Por eso, el nuevo plan federal tendría que incorporar un mecanismo de homologación salarial gradual, acompañado de aportaciones presupuestales suficientes y obligaciones concretas para los ayuntamientos. No se trata de que todos los policías reciban automáticamente la misma remuneración, independientemente de su grado o preparación, sino de establecer un piso salarial digno y prestaciones básicas que no dependan exclusivamente de la voluntad política o de las posibilidades económicas de cada alcalde.
También sería ingenuo suponer que mejores salarios, por sí solos, garantizarán policías honestos y eficientes. Los controles de confianza, la capacitación permanente, la supervisión de los mandos y los procedimientos para investigar posibles actos de corrupción son igualmente indispensables. Las recientes acusaciones sobre presunta infiltración criminal en la policía de Cuautla, todavía sujetas a comprobación, recuerdan la importancia de contar con corporaciones confiables. Pero tampoco podemos exigir profesionalismo, disciplina y disponibilidad absoluta a elementos que trabajan con remuneraciones insuficientes, equipamiento deficiente o incertidumbre sobre la atención médica que recibirán si resultan lesionados. La dignificación policial no debe confundirse con un privilegio: constituye una inversión en la seguridad de todos. Y esa inversión necesita controles estrictos para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes cumplen con su deber.
La manifestación de los policías de Xochitepec debería servir como una llamada de atención para los 36 ayuntamientos de Morelos y para quienes elaborarán el nuevo programa federal de seguridad. Antes de anunciar cuántos elementos serán contratados, convendría realizar una radiografía completa de las corporaciones municipales: número real de policías operativos, salarios netos, prestaciones, certificaciones, patrullas disponibles y presupuesto anual. Con esos datos será posible determinar dónde están las mayores carencias y cuánto costaría corregirlas. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir la historia de los grandes anuncios que terminan diluyéndose cuando llega el momento de financiarlos. Morelos necesita más policías, desde luego, pero también necesita que quienes ya están en las calles reciban un trato digno. Porque resulta absurdo exigirles que defiendan nuestra tranquilidad mientras sus propias condiciones laborales permanecen en el abandono.
