Por negligencia en cuatro litigios, CFE enfrenta condenas por 119 millones de pesos en Morelos
Cuernavaca, Morelos, 16 de noviembre de 2026. Una serie de omisiones en la atención de demandas laborales contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó condenas económicas por 119 millones de pesos, situación que derivó en una sanción de diez años de inhabilitación y una multa por la misma cantidad contra un exservidor público de la División de Distribución Centro Sur, con sede en Morelos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México dio a conocer este lunes que las irregularidades ocurrieron durante 2019 y 2020, cuando el servidor público dejó sin contestar cuatro demandas laborales promovidas contra la empresa eléctrica. Esta falta de defensa jurídica ocasionó resoluciones desfavorables para la institución, con obligaciones económicas equivalentes a los 119 millones de pesos establecidos en la sanción.
De acuerdo con el informe federal, las investigaciones fueron desarrolladas por la Unidad de Responsabilidades de la CFE, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó las sanciones correspondientes por las faltas administrativas graves acreditadas. La inhabilitación impedirá al exfuncionario desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante una década, sin perjuicio de los medios legales de impugnación que pueda promover.
El caso de Morelos figura entre las sanciones económicas más elevadas incluidas en el informe difundido este 16 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El balance nacional comprende a 82 personas servidoras públicas, una persona particular y una empresa, con sanciones que incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones y multas que, en conjunto, alcanzan aproximadamente 175 millones de pesos.
La resolución también coloca bajo atención los mecanismos de supervisión jurídica de la CFE, particularmente los procedimientos internos destinados a responder demandas laborales y evitar afectaciones al patrimonio público. Por ahora, no se ha precisado si las condenas derivadas de los cuatro litigios ya fueron cubiertas por la empresa, ni si la sanción económica contra el exservidor público se encuentra firme o ha sido impugnada.
