Presencia de agentes de la CIA, FBI y DEA en México: una colaboración de décadas con riesgos y tensiones
La operación de agentes de inteligencia y agencias federales de Estados Unidos (CIA, FBI y DEA) en territorio mexicano no es un hecho reciente ni excepcional. Desde hace décadas, estas dependencias han mantenido una presencia activa en México, principalmente en tareas de capacitación, inteligencia antidrogas, intercambio de información y apoyo operativo contra el crimen organizado. Esta colaboración se ha dado en distintos sexenios y bajo diferentes marcos bilaterales, aunque en ocasiones ha generado fricciones, controversias y accidentes.
Un ejemplo claro ocurrió el 24 de agosto de 2012 en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos.
El incidente de Tres Marías
Una cámara instalada en el casco de un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), junto con otras grabaciones, permitió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reconstruir los hechos. La investigación concluyó que elementos de la Policía Federal (PF) violaron sus protocolos al disparar de manera injustificada contra una camioneta blindada Toyota con placas diplomáticas (BCM-242), en la que viajaban dos agentes de la CIA —Jess Hood Garner (también referido como Chese Garner o Jess Hood Garner) y Stan Dove Boss— y un capitán de la Marina, Fabián Molina Llera (o Fabián Molino), quien conducía el vehículo.
Según la reconstrucción, entre 18 y 20 hombres (algunos vestidos de civil y otros uniformados) abrieron fuego desde vehículos particulares y a pie. La camioneta blindada recibió decenas de impactos de bala (reportes hablan de alrededor de 40 a 152 disparos según distintas fuentes). Los agentes estadounidenses se dirigían a un campo de entrenamiento en Xalatlaco, Estado de México, donde colaborarían como instructores de tiro con personal de la Semar.
El gobierno mexicano reconoció ese mismo día que los agresores eran policías federales. La Embajada de Estados Unidos lo calificó como una emboscada. La PGR descartó cualquier vínculo con el secuestro de Salvador Vidal Flores Pérez, funcionario del INAH, ocurrido en la zona poco antes.
La Subprocuraduría de Control Regional, a cargo entonces de Victoria Pacheco Jiménez, investigó además un posible encubrimiento por parte de mandos de la Policía Federal, pues no todos los involucrados fueron presentados inicialmente.
En junio de 2019, un juez federal condenó a 12 policías federales a 34 años de prisión por homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. Otros dos elementos fueron absueltos. En años posteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso. En 2023, un tribunal liberó a nueve elementos de la extinta Policía Federal al considerar que no había pruebas suficientes en su contra. Algunos de los sentenciados han buscado amparos para revertir sus condenas.
El incidente evidenció las tensiones que pueden surgir en la cooperación de seguridad entre ambos países, especialmente durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la presencia operativa de agencias estadounidenses era intensa.
Accidente fatal de agentes de la CIA en Chihuahua
Catorce años después, el 19-20 de abril de 2026, dos funcionarios estadounidenses adscritos a la Embajada de Estados Unidos murieron en un accidente automovilístico en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Viajaban junto con dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua: Pedro Román Oseguera Cervantes (director de la AEI) y Manuel Genaro Méndez Montes.
Según reportes de The Washington Post, The New York Times y CNN, basados en fuentes familiarizadas con el caso, los dos estadounidenses eran agentes de la CIA. Regresaban de una operación antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde se desmanteló uno de los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas más grandes hallados en la región. El vehículo en el que viajaban se salió de la carretera, cayó por un barranco y explotó.
Autoridades mexicanas inicialmente los describieron como “instructores” de la Embajada. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal no tenía conocimiento previo del operativo y pidió explicaciones, enfatizando que cualquier colaboración de este tipo requiere autorización federal. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los hechos, incluyendo posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Este trágico accidente ocurre en un contexto similar al de 2012: agentes estadounidenses participando en actividades de inteligencia y apoyo antidrogas en territorio mexicano, en coordinación con autoridades locales o federales.
Contexto histórico: una presencia de décadas
La labor de la CIA, el FBI y especialmente la DEA en México se remonta a décadas atrás. Desde la “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon en los años 70, pasando por la Operación Cóndor en los 80, hasta los acuerdos de la Iniciativa Mérida (2008), estas agencias han colaborado con gobiernos mexicanos en inteligencia, capacitación, erradicación de plantíos y operaciones contra cárteles.
Esta cooperación ha sido clave en capturas importantes, pero también ha generado críticas por soberanía, casos de corrupción, operaciones encubiertas controvertidas y, como se ve en estos dos incidentes, riesgos mortales tanto para personal estadounidense como mexicano.
A la fecha de hoy, 21 de abril de 2026, el caso de Chihuahua está en fase de investigación inicial, mientras que el de Tres Marías sigue como un referente de los riesgos y complicaciones que implica esta colaboración bilateral de largo aliento.
