Renuncia de Penélope Picazo genera incertidumbre en atención a víctimas en Morelos
Eva Penélope Picazo Hernández presentó su renuncia irrevocable como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV), efectiva a partir del 1 de julio de 2026.
La funcionaria, quien estuvo al frente del organismo desde 2021, argumentó motivos personales, aunque el anuncio se da en medio de acusaciones cruzadas de corrupción, investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y demandas de remoción por parte de algunos colectivos de víctimas.
Su salida deja en interinidad a la institución responsable de registrar víctimas, otorgar medidas de ayuda inmediata y coordinar la reparación integral del daño.
Esta baja temporal podría traducirse en retrasos en los procesos de atención a familias y colectivos afectados por la violencia en la entidad. La transición implica revisión de expedientes, posible burocracia adicional y una pérdida momentánea de continuidad en casos sensibles como desapariciones, feminicidios y delitos de alto impacto.
Aunque el marco legal y los fondos destinados permanecen vigentes, la desconfianza generada por los escándalos recientes podría desincentivar a las víctimas a buscar apoyo institucional, agravando la brecha entre la sociedad y las autoridades estatales.
El Congreso local deberá ahora recibir la renuncia y designar a un nuevo comisionado ejecutivo. De la rapidez, transparencia y perfil del sucesor dependerá que la CEARV recupere credibilidad y agilice sus funciones.
Mientras tanto, se recomienda a las familias afectadas mantener seguimiento documentado de sus expedientes y acudir a instancias como la Comisión de Derechos Humanos en caso de demoras injustificadas. Una transición ordenada será clave para evitar mayor revictimización en Morelos.
El conflicto entre Eva Penélope Picazo Hernández y Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, se intensificó en abril de 2026 cuando la excomisionada presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el fiscal y su hijo, Leonel Díaz Grajales. Según su acusación, ambos habrían operado una red para exigir “moches” de hasta el 25% de los recursos federales destinados a la reparación del daño de víctimas, aprovechando información confidencial de la CEARV —donde el hijo laboró temporalmente— y presionando para agilizar expedientes a cambio de pagos privados. La FGR desechó la denuncia por no configurarse delito federal, mientras que la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas al menos siete carpetas de investigación contra Picazo por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y malos tratos a víctimas.
