RETORNO A LAS AULAS CON MEDIDAS A MEDIAS: LA UAEM ENTRE LA SEGURIDAD Y LA PROTESTA INCONCLUSA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 07 de julio de 2026
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos reanudó este lunes las clases presenciales en el campus Chamilpa con un paquete de nuevas medidas de seguridad: 80 cámaras adicionales, filtros de acceso y registro digital. Tras meses de paro estudiantil detonado por los feminicidios de Kimberly y Karol, la institución busca recuperar la normalidad académica. Sin embargo, la Torre de Rectoría y el auditorio Emiliano Zapata siguen ocupados por un grupo de estudiantes de la Residencia Estudiantil, lo cual evidencia que el conflicto no se ha resuelto de fondo, sino que se ha parcheado.
Es positivo que la universidad haya invertido en infraestructura de vigilancia y control de accesos, elementos indispensables para generar confianza en una comunidad golpeada por la violencia de género. El regreso a la presencialidad también es necesario: la educación virtual prolongada erosiona la calidad formativa, especialmente en carreras que requieren laboratorios, interacción directa y experiencia práctica. No obstante, estas medidas técnicas, por sí solas, no abordan las causas estructurales de la inseguridad que rodea a los campus ni las demandas legítimas de las estudiantes sobre prevención, protocolos claros contra el acoso y coordinación efectiva con autoridades estatales.
La persistencia de la toma de Rectoría revela una falla en el diálogo institucional. Aunque el paro formal concluyó en abril y se liberaron otras instalaciones, mantener ocupado un espacio simbólico clave transmite que la rectoría no ha logrado generar las garantías suficientes de un “regreso seguro y digno”.
Esta situación genera incertidumbre: ¿hasta cuándo durará la ocupación? ¿Afectará el funcionamiento administrativo y el resto de las actividades universitarias? Una universidad no puede avanzar con un pie en la normalidad y otro en la confrontación permanente.
En última instancia, la UAEM enfrenta un desafío doble: fortalecer la seguridad tangible sin militarizar el campus y reconstruir la confianza mediante transparencia y rendición de cuentas reales sobre los casos de violencia. Las cámaras y filtros son un avance, pero insuficiente si no van acompañados de políticas preventivas serias, investigación exhaustiva de los feminicidios y un compromiso genuino con la comunidad estudiantil. De lo contrario, el retorno presencial quedará como un espejismo de normalidad sobre un problema que sigue latente.
