Ruteros y mototaxistas participaron en bloqueos tras operativo contra presunto líder criminal en Morelos
La intervención de operadores del transporte público en los cierres carreteros registrados el lunes 12 de octubre en Totolapan y municipios vecinos abrió nuevos cuestionamientos sobre la utilización de unidades de servicio colectivo para obstaculizar operativos de seguridad. Entre los transportistas señalados figuran conductores de la Ruta Tehuixtlera, la Ruta 13 y operadores de mototaxis de la región oriente del estado.
Los acontecimientos comenzaron durante la tarde del lunes, cuando elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos desplegaron un operativo en Totolapan para detener a José David “N”, identificado en reportes periodísticos como “El Güero del Gym”. La Fiscalía confirmó su captura y lo señaló como presunto generador de violencia con influencia regional, relacionado con la organización delictiva denominada Pueblos Unidos.
La intervención policial provocó una serie de bloqueos que se extendieron hacia Cocoyoc, Oaxtepec, Atlatlahucan, Tlayacapan y Yautepec. En los accesos a Oaxtepec se reportó la participación de operadores de la Ruta Tehuixtlera, mientras que en Santa Rosa, municipio de Yautepec, conductores del transporte colectivo atravesaron sus unidades para impedir la circulación hacia la carretera Oaxtepec–Xochimilco.
Otra de las afectaciones ocurrió sobre la carretera federal México–Cuautla, a la altura del kilómetro 88, donde operadores de mototaxis y rutas locales de Atlatlahucan bloquearon el tránsito vehicular. Asimismo, reportes periodísticos señalaron la intervención de conductores de la Ruta 13 en los cierres de los accesos a Totolapan, alrededor de las 19:30 horas. Durante la jornada también se registraron incendios de vehículos, quema de neumáticos y otros obstáculos colocados sobre las vialidades.
El episodio alcanzó mayor gravedad cuando integrantes de la organización delictiva retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. La propia institución confirmó que, para conseguir su liberación, entregó al detenido horas antes (y a otros tres capturados), concretándose el intercambio aproximadamente a las 19:35 horas. Uno de los servidores públicos resultó herido por arma de fuego y fue hospitalizado, aunque su condición fue reportada como estable.
No es la primera vez que una operación contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada termina con bloqueos y la utilización de vehículos del transporte público en Totolapan. El 23 de julio de 2025, durante seis cateos relacionados con el grupo delictivo La Empresa, habitantes de ese municipio cerraron carreteras, utilizaron unidades de transporte y mototaxis para impedir el desplazamiento de las autoridades e incendiaron un vehículo. En aquella ocasión, el Gobierno de Morelos informó que algunos participantes habían actuado bajo amenazas de un individuo identificado como “El Charlie”. La presión provocó que las corporaciones dejaran en el lugar dos vehículos previamente asegurados, para evitar una confrontación mayor.
La reiteración de estos acontecimientos plantea la necesidad de investigar quiénes organizaron los bloqueos del lunes, cuáles fueron las unidades utilizadas y si sus operadores actuaron voluntariamente o bajo amenazas de grupos delictivos. La participación de transportistas en acciones que obstaculizan el trabajo policial exige una revisión de las autoridades de movilidad y procuración de justicia, sin que ello implique responsabilizar indiscriminadamente a los integrantes de las rutas señaladas.
El caso también evidencia un problema de seguridad que rebasa los enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes: la capacidad de movilizar vehículos, cerrar carreteras y ejercer presión sobre las instituciones. Corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades individuales, investigar la posible utilización de organizaciones de transportistas por estructuras criminales y establecer medidas para impedir que situaciones semejantes vuelvan a comprometer la seguridad y la libre circulación de la población.
