Sentencia histórica de 82 años de prisión contra Alfonso Miranda Gallegos, el exalcalde de Amacuzac que “gobernaba” desde la cárcel

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2025 – En un fallo que marca un hito en la lucha contra la infiltración del crimen organizado en la política mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 82 años y seis meses de prisión, además de una multa de 1 millón 225 mil 910 pesos, contra Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, exdiputado local y exalcalde electo de Amacuzac, Morelos.

Miranda, de 62 años, cobró notoriedad nacional en 2018 al convertirse en el primer alcalde en la historia reciente de México que “gobernaba” su municipio desde una celda de máxima seguridad, dirigiendo decisiones municipales a través de llamadas telefónicas y mediante una red de familiares y allegados.

El veredicto fue dictado por el Juez Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, con sede en La Laguna, Coahuila, tras una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR. La sentencia se basa en pruebas irrefutables, incluyendo testimonios, dictámenes periciales, análisis de comunicaciones y evidencias documentales, que acreditan la participación directa de Miranda en actividades delictivas desde al menos 2013.

Los delitos que sellaron su destino

Miranda Gallegos fue hallado culpable de delincuencia organizada en las modalidades de delitos contra la salud (narcotráfico) y secuestro, así como de secuestro agravado. El caso pivotal gira en torno a un secuestro cometido en junio de 2013 en Amacuzac, Morelos, donde la víctima fue interceptada en la vía pública por un grupo armado, retenida bajo vigilancia en un punto de resguardo controlado por la organización criminal y liberada solo tras la intervención de autoridades estatales. Según la investigación, Miranda no solo participó en la planificación y ejecución, sino que actuó en coordinación con otros integrantes de la célula delictiva, utilizando su influencia local para facilitar las operaciones.

Desde 2013, Miranda fue identificado como un operador clave de “Los Rojos”, un grupo criminal originario de la zona sur de Morelos, dedicado al tráfico de drogas, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad en municipios colindantes con Guerrero. Esta organización ha sido señalada por su rivalidad con otros carteles, como Guerreros Unidos, y por su rol en la confusión que llevó a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

De hecho, Miranda es tío de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, un líder de Los Rojos sentenciado en 2023 a 20 años de prisión por delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud. Detenidos de Guerreros Unidos confesaron en su momento haber confundido a los normalistas con miembros de Los Rojos, lo que exacerbó la violencia en la región.

La FGR destacó que la sentencia representa un “avance significativo” en el combate a delitos de alto impacto, gracias a la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales de Morelos y Coahuila, que permitió consolidar una carpeta de investigación iniciada hace más de una década.

Una carrera política empañada por el crimen

Alfonso Miranda Gallegos construyó una trayectoria política en Morelos que lo posicionó como una figura controvertida. Militante del Partido del Trabajo (PT), fungió como diputado local en el Congreso de Morelos, donde fue acusado repetidamente por pobladores y autoridades de nexos con el crimen organizado. Su gestión como alcalde de Amacuzac (2015-2018) estuvo marcada por denuncias de corrupción, amenazas a periodistas y un clima de miedo en el municipio, donde Los Rojos ejercían control territorial a través de extorsiones y homicidios.

En 2018, Miranda buscaba reelegirse como alcalde bajo la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), pero su campaña se vio truncada de manera dramática. El 6 de mayo de ese año, en pleno proceso electoral y a solo semanas de los comicios del 1 de julio, fue detenido en el Estado de México por agentes federales que le cumplimentaron una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, contra la salud y secuestro. Trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, Durango –un penal de máxima seguridad–, Miranda no pudo rendir protesta constitucional como alcalde electo, pese a haber ganado la elección con una votación abrumadora.

Sin embargo, su influencia no se desvaneció tras las rejas. Reportes periodísticos y testimonios revelaron que Miranda continuaba “gobernando” Amacuzac desde la prisión: impartía órdenes a funcionarios municipales vía llamadas telefónicas, delegaba en un círculo de confianza compuesto por familiares y amigos, y mantenía el control sobre recursos públicos y decisiones locales. Esta situación generó un escándalo nacional, ilustrando la penetración del narcotráfico en las instituciones. Amacuzac, un pequeño municipio de unos 15 mil habitantes enclavado en la sierra de Morelos, se convirtió en sinónimo de la “narcopolítica”, con calles vigiladas por sicarios y un ayuntamiento paralizado por el temor.

Impacto en Morelos y lecciones para México

El caso de Miranda Gallegos no es aislado en Morelos, un estado azotado por la violencia del crimen organizado desde la fragmentación de los Beltrán Leyva en 2010. Los Rojos emergieron como un grupo líder en la región, controlando rutas de tráfico de heroína y metanfetaminas hacia el centro del país. La sentencia de este fin de semana envía un mensaje claro: la impunidad en la intersección entre política y delincuencia tiene un costo alto.

Autoridades de la FGR enfatizaron que el proceso judicial incluyó medidas accesorias, como la reparación del daño a la víctima y lineamientos estrictos para el cumplimiento de la pena en el sistema penitenciario federal. Mientras Miranda cumple su condena en Durango, Amacuzac sigue lidiando con las secuelas de años de control criminal: economías locales extorsionadas, familias desplazadas y una desconfianza arraigada en las urnas.

Este veredicto, calificado como “histórico” por la FEMDO, podría abrir la puerta a revisiones de otros casos similares en Morelos, donde al menos una docena de exfuncionarios han sido vinculados a carteles en los últimos años. Para los morelenses, representa no solo justicia, sino un recordatorio de la necesidad de desmantelar las redes que pervierten la democracia desde las sombras.