Sin desalojo en la UAEM, crece la tensión entre Rectoría y sindicato de Administrativos por advertencia judicial de usar la fuerza pública
Cuernavaca, Morelos, 10 de noviembre de 2026, 16:00 horas.— La confrontación entre la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) entró este martes en una fase de mayor tensión, luego de conocerse una resolución del Tribunal Laboral que advierte sobre la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para liberar los accesos al Campus Chamilpa, donde los sindicalizados mantienen sus protestas para exigir la nivelación salarial y el pago de retroactivos.
Hasta esta tarde no se ha reportado ningún desalojo policial y el conflicto laboral continúa sin resolverse. Los trabajadores mantienen las movilizaciones en las puertas 1 y 2 de Ciudad Universitaria, con restricciones al tránsito vehicular y acceso peatonal permitido. En otras instalaciones de la máxima casa de estudios permanecen las protestas mediante paros de brazos caídos.
El documento judicial, fechado el 9 de noviembre y emitido por la jueza especializada en materia del Trabajo, Rocío Urióstegui Álvarez, responde a una solicitud de medida precautoria presentada por la administración universitaria. En él se requiere al sindicato permitir el libre tránsito peatonal y vehicular, retirar cualquier obstáculo y evitar que se impida el ingreso o salida de personas de las instalaciones.
La resolución establece que, en caso de incumplimiento, podrá utilizarse la fuerza pública para hacer efectiva la determinación judicial. También ordena a la organización sindical informar sobre su cumplimiento dentro de las 12 horas siguientes a la notificación, bajo apercibimiento de una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización. Sin embargo, el acuerdo no constituye una orden de desalojo automático ni acredita que se haya autorizado ya un operativo policial.
La situación adquiere especial relevancia porque las diferencias entre ambas partes no se limitan al control de los accesos universitarios. Los sindicalizados reclaman que aproximadamente mil 100 trabajadores perciben salarios inferiores al mínimo legal vigente y demandan recursos cercanos a 28 millones de pesos para cubrir la nivelación y los retroactivos correspondientes. La dirigencia sindical exige compromisos concretos y fechas de pago por escrito.
Por su parte, la administración encabezada por la rectora Viridiana León Hernández sostiene que enfrenta limitaciones presupuestales para responder inmediatamente a las demandas laborales y ha reiterado su disposición al diálogo. No obstante, el sindicato considera insuficiente la propuesta de aplicar la nivelación salarial en diciembre y cubrir los retroactivos hasta febrero de 2027.
Durante la jornada de este martes, las restricciones de acceso también ocasionaron la suspensión de las campañas de credencialización del Instituto Nacional Electoral y de vacunación que se desarrollarían dentro del Campus Chamilpa. La actividad académica igualmente registra afectaciones, mientras algunas unidades han considerado recurrir a clases virtuales.
La controversia coloca ahora a la Universidad frente a dos asuntos simultáneos: la exigencia de resolver una demanda salarial que los trabajadores consideran un derecho legalmente reconocido y la determinación judicial que busca garantizar el libre acceso a las instalaciones. La eventual intervención policial podría profundizar la polarización entre la Rectoría y sus trabajadores administrativos.
Al corte de esta tarde, el hecho central es que no hubo desalojo, las protestas continúan y tampoco existe un acuerdo salarial definitivo. La advertencia judicial permanece como un elemento adicional de presión sobre un conflicto que mantiene afectada la operación de la principal institución pública de educación superior de Morelos.
