TOTOLAPAN: CUANDO EL CRIMEN ORGANIZADO CONSIGUE QUE LO DEFIENDAN

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 13 de octubre de 2026

Lo sucedido este lunes 12 de octubre en Totolapan, Morelos, constituye una de las demostraciones más preocupantes del poder territorial y de movilización alcanzado por la delincuencia organizada. No solamente porque integrantes de un grupo criminal consiguieron que las autoridades liberaran a José David “N”, alias El Güero del Gym, a cambio de tres colaboradores de la Fiscalía General del Estado privados de su libertad, sino porque, durante varias horas, una parte de la población civil y del transporte público apareció involucrada en las acciones destinadas a impedir que las fuerzas de seguridad cumplieran su cometido. La pregunta es inevitable: ¿qué tan profundas son las raíces sociales del crimen organizado en aquella región?

No estamos hablando exclusivamente de Totolapan. El fenómeno merece investigarse en sus conexiones con Atlatlahucan, Tlayacapan y Tlalnepantla, municipios morelenses colindantes, así como con Juchitepec, en el Estado de México. La reacción del lunes también se extendió hacia Yautepec, particularmente Oaxtepec y Cocoyoc, y afectó comunicaciones carreteras hacia otros puntos del oriente. Resulta especialmente preocupante la participación reportada de transportistas, operadores de rutas colectivas y mototaxis en los bloqueos. Unidades del servicio público, cuya función debería ser atender las necesidades de movilidad de la población, terminaron convertidas en instrumentos de presión contra las autoridades. Es indispensable establecer quiénes participaron voluntariamente, quiénes recibieron instrucciones y quiénes pudieron actuar bajo amenazas.

El 24 de octubre de 2023 publiqué una columna titulada Guerra de baja intensidad, donde recuperé algunos conceptos de un estudio elaborado por estrategas estadounidenses sobre las raíces sociales y económicas de los movimientos insurgentes. Uno de sus planteamientos centrales señalaba que el verdadero campo de batalla no siempre se encuentra donde hablan las armas, sino donde se disputa el respaldo de la población. Escribí entonces una frase que hoy recupero: “La lucha es por las mentes y los corazones”. Desde luego, una organización criminal no es equiparable a un movimiento insurgente con objetivos políticos. Sin embargo, ambos fenómenos pueden compartir un mecanismo peligroso: construir redes de protección, dependencia y legitimidad dentro de determinadas comunidades.

En aquella columna advertí que numerosos habitantes de regiones dominadas por organizaciones delictivas terminaban incorporándose, directa o indirectamente, a la economía criminal. Algunos por conveniencia económica; otros por relaciones familiares, temor, amenazas o por la ausencia de oportunidades legítimas. Los grupos delictivos no solamente reclutan pistoleros. También necesitan informantes, operadores financieros, transportistas, comerciantes, contactos políticos y personas capaces de movilizarse cuando alguno de sus integrantes enfrenta una acción de las autoridades. Lo ocurrido en Totolapan obliga a investigar si estamos frente a una estructura de esa naturaleza, sin cometer el error de atribuir complicidad a comunidades enteras.

Los antecedentes tampoco permiten considerar lo sucedido como un episodio aislado. En julio de 2025 ya se habían registrado bloqueos y movilizaciones de pobladores para obstaculizar operativos de seguridad en Totolapan. En febrero de este año fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por extorsión agravada Cristina Marlén, excandidata a la presidencia municipal, señalada por sus presuntos vínculos con la organización delictiva conocida como La Empresa. A ello se suman las investigaciones federales sobre relaciones entre integrantes del crimen organizado y personajes políticos de municipios del oriente de Morelos. Es decir, existían señales suficientes para comprender que el problema no se limitaba a perseguir delincuentes armados, sino que involucraba posibles redes sociales, económicas y políticas de protección.

La jornada del lunes alcanzó su momento más delicado cuando integrantes de Pueblos Unidos, organización identificada por la Fiscalía, retuvieron a tres colaboradores de la institución investigadora para exigir la liberación de José David “N”. Alrededor de las 19:35 horas se concretó el intercambio. La Fiscalía justificó su decisión señalando que la prioridad era preservar la vida de sus trabajadores, uno de los cuales resultó herido por arma de fuego. Es comprensible que ninguna autoridad quiera sacrificar a sus elementos. Pero también resulta inevitable advertir las consecuencias de semejante desenlace: un grupo criminal logró imponer condiciones a una institución del Estado mexicano mediante la privación ilegal de la libertad de sus servidores públicos. La vida de los agentes fue salvaguardada, pero quedó un precedente extremadamente delicado que no puede repetirse.

Y todavía hubo otra tragedia, que merece atención por separado. Cuatro integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos fallecieron en un accidente sobre la autopista La Pera-Cuautla, cuando se dirigían a apoyar el despliegue de seguridad relacionado con los acontecimientos de Totolapan. Dos murieron en el lugar y otros dos durante su traslado para recibir atención médica. Versiones periodísticas señalan que entre los involucrados había elementos de la Guardia Nacional comisionados en la SSPC estatal, y que tres de las víctimas mortales pertenecían a esa institución federal, información confirmada por el titular de esa institución. Más allá de la precisión administrativa, cuatro servidores públicos perdieron la vida mientras cumplían una misión de auxilio. Sus familias merecen solidaridad, respaldo institucional y una investigación rigurosa sobre las condiciones en que viajaban y las causas del percance. No murieron por disparos de los delincuentes, sino en un accidente carretero; esa distinción es fundamental, aunque la tragedia haya ocurrido durante la misma emergencia.

Después de semejante jornada, sería un gravísimo error limitar la respuesta institucional a nuevos patrullajes, retenes y sobrevuelos. Lo verdaderamente urgente es emprender un trabajo de inteligencia criminal, financiera y social mucho más profundo en Totolapan y su entorno regional. La Fiscalía, las instituciones federales de seguridad y las áreas de inteligencia deben identificar quiénes financiaron las movilizaciones, quiénes organizaron los bloqueos, cómo se transmitieron las instrucciones, qué operadores del transporte participaron y si existen servidores públicos que brindan protección a esas estructuras. También habrá que investigar las fuentes de financiamiento, las posibles complicidades institucionales y las razones por las cuales una organización criminal pudo responder con semejante rapidez a la detención de uno de sus integrantes.

Pero existe otra tarea igualmente importante: recuperar la confianza de las comunidades. No todos los habitantes de Totolapan y los municipios circunvecinos simpatizan con los grupos delictivos. Seguramente hay muchas familias que viven sometidas al miedo, la extorsión y las amenazas. Precisamente por ello, las acciones de inteligencia deberán acompañarse de mecanismos confiables de denuncia, protección a testigos, fortalecimiento de las policías municipales y oportunidades económicas capaces de reducir la dependencia de las estructuras criminales. Confundir a toda una comunidad con sus delincuentes solamente profundizaría el problema. La autoridad debe distinguir entre quienes colaboran deliberadamente con el crimen y quienes padecen su dominio.

En octubre de 2023 advertí que algunas regiones del país estaban entrando en una peligrosa dinámica donde el crimen organizado dejaba de ser exclusivamente una estructura armada para convertirse en un poder con respaldo social. Tres años después, Totolapan ofrece motivos suficientes para retomar aquella reflexión. El desafío no consiste únicamente en volver a detener a “El Güero del Gym”, sino en desarticular la red que hizo posible su liberación. Si los responsables de las retenciones, las agresiones y los bloqueos quedan impunes, habrán comprobado que pueden doblegar nuevamente a las autoridades. Y cuando una organización criminal consigue que sectores de la población salgan a defenderla, mientras el Estado se ve obligado a negociar bajo amenaza, el problema deja de ser solamente policiaco: se convierte en una disputa por el control efectivo del territorio. Eso es precisamente lo que Morelos no puede permitirse.