TOTOLAPAN: ¿QUIÉN PERMITIÓ QUE CRECIERA EL PODER CRIMINAL?
EDITORIAL
La Crónica de Morelos
Lunes 12 de octubre de 2026
Algo sucede en Totolapan que merece una investigación mucho más profunda que los operativos policiacos realizados periódicamente para capturar a presuntos líderes criminales. Lo ocurrido este lunes, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados, movilización de fuerzas federales y estatales, y versiones sobre enfrentamientos y policías lesionados, vuelve a colocar a ese municipio en el centro de las preocupaciones sobre seguridad pública. El despliegue habría tenido como objetivo a un individuo identificado como “El Güero Gym”, cuya presunta captura todavía requería confirmación oficial. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué condiciones han permitido que organizaciones delictivas encuentren en Totolapan un espacio para operar y movilizar personas cuando las autoridades intentan intervenir?
No se trata de un episodio aislado. Hay un antecedente especialmente delicado que no debe quedar en el olvido. En 2024, una finca conocida como Los Aguacates, ubicada en Totolapan, fue escenario de una reunión entre un presunto operador del Cártel de Sinaloa, identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, y diversos personajes políticos de la región oriente de Morelos. Un video difundido posteriormente exhibió aquel encuentro. Entre las personas relacionadas con esa investigación figuran Jesús Corona Damián, de Cuautla; Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, además de funcionarios del Ayuntamiento cuautlense. Varios de ellos terminaron detenidos y vinculados a proceso durante la denominada Operación Enjambre, en mayo de 2026, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Su responsabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales.
Conviene subrayar una distinción: aquellos funcionarios y exfuncionarios pertenecían a otros ayuntamientos, no necesariamente al de Totolapan. Sin embargo, resulta imposible ignorar que la reunión investigada se celebró precisamente en territorio totolapense. ¿Por qué ahí? ¿Desde cuándo funcionaba aquella propiedad como sitio de encuentro? ¿Quiénes conocían las actividades desarrolladas en el inmueble? ¿Existían redes de protección, complicidad o intimidación? Son preguntas legítimas que deben responder las instituciones encargadas de la inteligencia y la investigación criminal, sin anticipar responsabilidades ni convertir sospechas en sentencias.
Los antecedentes tampoco terminan ahí. En julio de 2025 se registraron bloqueos y movilizaciones para obstaculizar operativos de seguridad contra presuntos integrantes de grupos delictivos. En febrero de 2026 fue detenida Cristina Marlén Burgos, quien había sido candidata a la alcaldía de Totolapan en 2021 por la coalición PRI-PRD. Posteriormente quedó vinculada a proceso por extorsión agravada, mientras continuaban las investigaciones sobre sus presuntas relaciones con la organización denominada “La Empresa”. En aquel momento, el secretario estatal de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que existían órdenes de aprehensión contra individuos identificados como “El Apá” y “El Güero”. Es decir, las autoridades conocían desde meses atrás la existencia de objetivos criminales en esa región.
Actualmente, el presidente municipal de Totolapan es Alejandro Alfaro Nolasco, surgido del Partido del Trabajo para el periodo 2025-2027. Es importante precisar que los antecedentes mencionados no acreditan participación alguna del alcalde en actividades delictivas. No obstante, su administración tiene la responsabilidad institucional de explicar qué medidas ha emprendido para fortalecer la seguridad municipal, qué coordinación mantiene con las autoridades estatales y federales, cómo se supervisa a la corporación policiaca y cuáles han sido los resultados de los compromisos relacionados con la instalación de sistemas de videovigilancia. La población merece conocer esas respuestas, particularmente cuando las operaciones contra presuntos delincuentes terminan alterando la vida cotidiana de comunidades enteras.
Existe además otro aspecto preocupante: la aparente capacidad de ciertos grupos para movilizar transportistas y habitantes cuando se desarrollan acciones de las fuerzas de seguridad. Sería injusto señalar indiscriminadamente a la población de Totolapan, pues debe investigarse cuántas personas participaron voluntariamente y cuántas pudieron haber actuado bajo amenazas. Precisamente por eso resulta indispensable conocer cómo funcionan esas redes, quiénes las organizan y qué mecanismos de presión utilizan. Cuando una detención puede traducirse en bloqueos, incendios y resistencia a la autoridad, el problema rebasa la presencia de un solo presunto jefe criminal.
La seguridad de Totolapan no puede depender exclusivamente de operativos esporádicos, por importantes que sean. Se requiere una estrategia permanente de inteligencia, investigación financiera, fortalecimiento policial y vigilancia sobre posibles vínculos entre organizaciones delictivas y estructuras políticas o administrativas. Esa responsabilidad corresponde a instituciones municipales, estatales y federales, cada una dentro de sus atribuciones. Tampoco debe perderse de vista la cercanía del proceso electoral de 2027, cuando las experiencias recientes de infiltración criminal en otros ayuntamientos morelenses obligan a extremar las medidas de prevención y supervisión.
Totolapan merece dejar de ser noticia por operativos, bloqueos y presuntos jefes criminales. Sus habitantes tienen derecho a vivir sin miedo y a contar con instituciones capaces de protegerlos. Lo ocurrido este lunes exige esclarecer no solamente quién fue detenido y qué sucedió durante el enfrentamiento reportado, sino también qué estructuras permitieron que la delincuencia adquiriera semejante capacidad de reacción. Porque detener a un presunto líder criminal puede representar un avance; impedir que otro ocupe su lugar es el verdadero desafío del Estado.
