TRANSPORTE EN MORELOS: ¿MODERNIZACIÓN REAL O NUEVA VICTORIA DE LOS GRUPOS DE PRESIÓN?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 13 de mayo de 2026
En Morelos, los transportistas —especialmente los ruteros— están más que acostumbrados a ejercer presión. Cada vez que el gobierno intenta ordenar el servicio, salen a las calles, bloquean avenidas y amenazan con dejar sin transporte a la población. Siempre exigen incrementos tarifarios.
Esta vez no fue diferente: tras meses de negociaciones marcadas por el habitual forcejeo, el Gobierno del Estado y los representantes del sector anunciaron ayer un acuerdo de “modernización” que incluye subir la tarifa de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio. Los usuarios pagarán más; la pregunta es si realmente recibirán un servicio digno o solo prolongarán el statu quo.
Las dos principales organizaciones de permisionarios —Rutas Unidas y la Federación Auténtica del Transporte— operan como auténticos grupos de presión y de interés. Sus principales líderes llevan más de 20 años ocupando ínsulas de poder donde hacen lo que les viene en gana, mientras los verdaderos transportistas se parten la madre en aras de cumplir los mandatos de ley.
Los grupos de presión actúan movilizando a sus bases para generar ruido público, bloqueos y paros que obligan a las autoridades a ceder ante la urgencia del servicio. Los grupos de interés, en cambio, defienden privilegios económicos concretos: mantener el modelo “hombre-camión” que les permite controlar rutas y unidades sin mayor competencia ni rendición de cuentas. En la práctica, ambos roles se confunden y se refuerzan mutuamente para resistir cambios estructurales.
Un aspecto poco mencionado en los comunicados oficiales es la concentración de poder. Varios líderes de estas organizaciones monopolizan decenas o incluso cientos de títulos de concesión. Lejos de ser simples representantes de pequeños permisionarios, controlan flotas enteras que les generan ingresos importantes mientras muchos operadores reales trabajan como asalariados precarios. Esta estructura oligopólica explica por qué la “modernización” avanza tan lento: el interés particular de los grandes concesionarios suele pesar más que el bienestar colectivo de usuarios y choferes.
La gobernadora Margarita González Saravia ha insistido en que el ajuste tarifario irá acompañado de renovación vehicular, cobro digital, capacitación de operadores y pasos hacia la electromovilidad. Este martes se creó una Comisión de Modernización con varias secretarías y representantes del sector. Sobre el papel, suena prometedor. En la realidad morelense, estas comisiones suelen diluirse entre reuniones y compromisos que después se negocian de nuevo bajo presión.
Los morelenses merecen un transporte seguro, ordenado y asequible. Sin embargo, mientras los verdaderos dueños del negocio sigan concentrando concesiones y usando la radicalización como herramienta habitual, cualquier acuerdo corre el riesgo de ser solo un alivio temporal para los transportistas y una nueva carga para las familias. La modernización no puede ser solo un titular; debe traducirse en unidades dignas, rutas eficientes y, sobre todo, menos poder de veto para los grupos de interés.
El reto para el Gobierno está claro: convertir este acuerdo en resultados visibles antes de que la presión habitual vuelva a torcer la balanza. Los ciudadanos ya estamos hartos de pagar más por lo mismo de siempre.
