Tras el escándalo de corrupción, el INE abre sus contratos a revisión: diez años bajo la lupa
Más vale tarde que nunca. Después de los señalamientos de presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió someter a revisión sus operaciones administrativas y establecer controles para impedir nuevos casos de favoritismo, conflictos de interés y manejo discrecional de recursos públicos.
El Consejo General del organismo aprobó el jueves 5 de noviembre un programa extraordinario de fiscalización que contempla solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados durante la última década, de 2016 a 2026, aunque el alcance definitivo de las revisiones deberá ajustarse a las atribuciones legales de la autoridad fiscalizadora.
La decisión llega después de la renuncia de Taddei y de las investigaciones periodísticas que exhibieron presuntas redes de proveedores favorecidos mediante contrataciones millonarias. El propósito ya no consiste únicamente en identificar posibles anomalías, sino en establecer quiénes autorizaron las adjudicaciones, cómo se ejercieron los recursos, qué funcionarios intervinieron y si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Entre las medidas aprobadas figuran auditorías externas, un inventario detallado de contratos, mecanismos para recibir denuncias anónimas y disposiciones para preservar expedientes físicos y electrónicos, registros contables, comunicaciones institucionales y otros documentos relacionados con las operaciones sujetas a investigación. También se contempla revisar los mecanismos de acceso a información reservada, incluidos los datos del padrón electoral.
Uno de los aspectos más relevantes es la intención de reducir las adjudicaciones directas y privilegiar las licitaciones públicas, incluso internacionales, para ampliar la competencia entre proveedores. La consejera Carla Humphrey planteó, además, recuperar los contrapesos administrativos mediante una mayor participación de los integrantes del Consejo General en las decisiones sobre el manejo presupuestal, hasta ahora concentradas en otras instancias ejecutivas del instituto.
El consejero Arturo Castillo calificó lo sucedido como la crisis institucional más grave en la historia del INE y sostuvo que el esclarecimiento de los hechos no puede terminar con la salida de su anterior presidenta. En la misma línea, la presidenta provisional, Blanca Cruz, ofreció colaboración con las autoridades investigadoras y defendió la necesidad de transparentar la administración del organismo.
La revisión también podría tener consecuencias para contratos vigentes. Si las auditorías acreditan irregularidades o incumplimientos, el instituto podrá promover su rescisión conforme a los procedimientos legales correspondientes y presentar denuncias ante las autoridades competentes. Sin embargo, la aprobación de este programa no significa que ya se hayan comprobado delitos ni determinado responsabilidades individuales.
El verdadero desafío será convertir las auditorías en resultados verificables. El INE deberá demostrar que la revisión no se limitará a producir informes administrativos, sino que permitirá identificar responsabilidades, recuperar recursos cuando legalmente proceda y corregir las fallas que hicieron posibles las presuntas irregularidades. La proximidad de las elecciones de 2027 añade urgencia: el organismo necesita garantizar contrataciones transparentes sin comprometer la organización de los comicios.
Después de años de cuestionamientos sobre el manejo de recursos, la nueva dirección del INE enfrenta una prueba decisiva. La renuncia de Guadalupe Taddei cerró una etapa, pero no necesariamente las investigaciones sobre lo ocurrido. La credibilidad del instituto dependerá ahora de que las indagatorias alcancen a todos los involucrados, sin excepciones, y de que las medidas anunciadas no terminen convertidas en una operación de limpieza de imagen sin consecuencias jurídicas.
