Tribunal mantiene abierto proceso contra las hermanas Guerra por violencia política de género
Cuautla, Mor.— Las hermanas Juanita Guerra Mena, senadora de la República, y Anita Marysol Ludmilla Sánchez Guerra, regidora de Cuautla, enfrentan un nuevo episodio judicial luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos rechazara la impugnación mediante la cual buscaban combatir medidas dictadas dentro de un procedimiento relacionado con presunta violencia política contra la regidora cuautlense Araceli Xixitla Zapotitla. La información fue dada a conocer este jueves por el periodista Luis Pablo Carrillo Manjarrez, de Interdiario de Cuautla.
De acuerdo con el reporte, el TEEM declaró infundados e inoperantes los planteamientos presentados por ambas funcionarias contra las medidas de apremio encaminadas a impedir que continuaran mencionando en sus publicaciones a Xixitla Zapotitla. La determinación corresponde al expediente TEEM/JEJ/14/2026-2 y fue resuelta el pasado 15 de septiembre. La decisión no significa todavía una sentencia definitiva que acredite la responsabilidad de las hermanas Guerra por violencia política en razón de género, pero sí permite que el procedimiento continúe.
El asunto adquiere especial relevancia porque Juanita y Anita Guerra han recurrido anteriormente a procedimientos relacionados con violencia política en razón de género contra ciudadanos y comunicadores. En octubre de 2025, por ejemplo, el propio Tribunal Electoral resolvió como inexistentes las infracciones denunciadas por Anita Sánchez Guerra contra Francisco Cedeño Guerrero, Gabriel Martínez Portilla y Jorge Ronaldo Anrubio Guatemala. Otro procedimiento promovido anteriormente por Juanita Guerra contra un comunicador también terminó sin que se acreditara la conducta denunciada.
Pero uno de los episodios que mayor desgaste público les produjo ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando las periodistas Silvia Lozano y Guadalupe Flores documentaban afuera del Palacio de Gobierno, en Cuernavaca, el dispositivo de seguridad que acompañaba a las hermanas Guerra. El incidente derivó en una confrontación con las comunicadoras y posteriormente en denuncias de hostigamiento, intimidación y obstáculos al trabajo periodístico. Silvia Lozano recurrió incluso al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El caso escaló hasta provocar un pronunciamiento de ARTICLE 19, organización que expresó su preocupación por lo ocurrido con ambas reporteras y señaló que los hechos del 23 de enero no debían considerarse de manera aislada. De acuerdo con la organización, existían antecedentes de confrontaciones con integrantes de la prensa en Cuautla. Periodistas de la región oriente también acudieron posteriormente ante el Cabildo para exigir garantías para desarrollar su trabajo, después de denunciar actos intimidatorios atribuidos a integrantes del dispositivo de seguridad que acompañaba a las funcionarias.
La contradicción política resulta evidente, aunque jurídicamente deben separarse los expedientes: por un lado, las hermanas Guerra han utilizado los mecanismos creados para combatir la violencia política contra las mujeres; por otro, ahora son ellas quienes enfrentan un procedimiento promovido por otra mujer que reclama protección frente a conductas que considera constitutivas de violencia política. Corresponderá al Tribunal determinar si esas acusaciones se acreditan y establecer, en su caso, las consecuencias legales.
El nuevo revés procesal tampoco permite anticipar la resolución final, pero sí prolonga una controversia que ya trascendió las diferencias personales entre funcionarias de Cuautla. La violencia política en razón de género constituye un instrumento jurídico indispensable para proteger la participación de las mujeres en la vida pública; precisamente por ello, cada denuncia debe analizarse con rigor, sin utilizar esta figura para inhibir la crítica, el escrutinio periodístico o las diferencias políticas legítimas.
Para Juanita y Anita Guerra, el expediente abierto representa además otro capítulo de una larga cadena de confrontaciones públicas que ha terminado involucrando tribunales, periodistas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y hasta dispositivos de seguridad. Esta vez, sin embargo, las hermanas no aparecen como denunciantes: son señaladas dentro de un procedimiento que seguirá adelante y cuya resolución corresponderá, finalmente, a las autoridades electorales.
