Trump reconoce avances, pero aumenta la presión sobre México por narcotráfico y corrupción
El gobierno de Estados Unidos volvió a colocar a México entre los países considerados de mayor tránsito de drogas o producción ilícita de narcóticos para el año fiscal 2027, pero acompañó la clasificación con un mensaje particularmente directo: reconoce avances de la administración de Claudia Sheinbaum en el combate a los cárteles, aunque considera que todavía son insuficientes y exige mayores acciones contra la corrupción vinculada al narcotráfico.
La determinación presidencial, enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre, no significa que México haya sido “descertificado” ni que Washington lo haya colocado entre los gobiernos que, a su juicio, incumplieron de manera demostrable sus obligaciones internacionales contra las drogas. Esa categoría más severa fue aplicada a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. México permanece, en cambio, dentro de la llamada Majors List, relacionada con la magnitud del tránsito o producción de drogas y con factores geográficos y comerciales que facilitan esos flujos.
En el apartado dedicado a México, la administración de Donald Trump reconoce resultados obtenidos durante el gobierno de Sheinbaum, entre ellos mayores decomisos de drogas, acciones contra laboratorios clandestinos y una cooperación más estrecha en materia de seguridad fronteriza. El señalamiento más delicado aparece, sin embargo, cuando Washington sostiene que México debe avanzar contra funcionarios vinculados con actividades de corrupción y narcotráfico, además de fortalecer sus instituciones y aumentar los recursos destinados a seguridad.
El documento adquiere especial relevancia por el contexto de la relación bilateral. Durante los últimos meses, Washington ha elevado la presión sobre el gobierno mexicano para golpear no solamente las estructuras operativas de los cárteles, sino también sus redes financieras y eventuales mecanismos de protección institucional. La discusión se intensificó este año después de que fiscales estadounidenses presentaran acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico; el gobierno de Sheinbaum ha sostenido que cualquier actuación en México debe sustentarse en pruebas y realizarse dentro del marco jurídico nacional.
El mensaje de Washington contiene así reconocimiento y presión al mismo tiempo. Estados Unidos no coloca a México entre los países señalados por incumplimiento demostrado en materia antidrogas, pero tampoco considera suficiente lo realizado hasta ahora. La exigencia estadounidense para la siguiente etapa se concentra en profundizar las operaciones contra las organizaciones criminales, fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y, especialmente, actuar contra las redes de corrupción que permitan protección política o institucional al narcotráfico.
La determinación confirma que el combate al fentanilo y a los cárteles continuará ocupando uno de los puntos más sensibles de la agenda entre Trump y Sheinbaum. Para México, la diferencia no es menor: Washington reconoce resultados, pero mantiene abierta la presión sobre un terreno mucho más complejo que los decomisos y las detenciones: la posible penetración del narcotráfico en estructuras gubernamentales y de seguridad.
