LOS HOYOS DELINCUENCIALES Y LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE INSEGURIDAD
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 20 de abril de 2026
A estas alturas de la incidencia delictiva nacional, nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México, lo cual nos remonta, no a 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo federal y declaró la guerra al narcotráfico, sino a varias décadas de administraciones priistas. Saco a cuentas a Calderón, porque es el cliente favorito de la 4T para transferirle las culpas ¡por los desatinos de hoy!
Al menos durante las más de tres décadas anteriores, el catalizador de estos procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico.
Dicho lapso sirvió para penetrar todos los vericuetos de la sociedad: economía, política, cultura, deportes y la vida cotidiana. El tránsito de la economía de la mariguana a las más rentables de la cocaína, la amapola, el fentanilo y las metanfetaminas produjo una nueva élite económica que, a golpes de audacia y dinero, siempre ha buscado disputarles el poder local, regional y nacional a las élites tradicionales.
El excelente libro “El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco” (Grijalbo 2009), del periodista Diego Enrique Osornio, expone infinidad de ejemplos sobre la perversa relación imperante entre algunos jefes de cárteles con políticos de diferentes regiones mexicanas.
Ahí leemos lo siguiente: “Así, para los habitantes de muchas poblaciones no ha sido (ni es) rara la forma en que los capos ponían (y ponen) sus aviones y helicópteros al servicio de candidatos a tal o cual cargo de elección popular, senadores, diputados, alcaldes, comandantes de policía, altos mandos castrenses, empresarios y, desde luego, patriarcas clericales”.
En buena medida, la importancia social que adquirió el narcotráfico obedece al hecho de que la penetración de su dinero y cultura gozó por años de la complicidad y el beneplácito de las élites de este país, incluidas las élites de esos pequeños o grandes territorios que se conocen como la “célula básica de nuestro sistema político”, es decir, los municipios.
El problema es el ruido y el escozor que se generan cuando trasciende la eventual alianza entre hampones y autoridades de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, como dijo hace muchos años don Roberto Blanco Moheno: “En México pasa todo, pero no pasa nada”. Es así como seguimos inmersos en la impunidad, el peor problema nacional.
Para entender un poco más el reacomodo del crimen organizado a nivel nacional, sobre regiones que podemos comparar con mercados, es importante recordar que un delincuente potencial viola la ley cuando el beneficio del acto es superior al castigo esperado, mismo que se obtiene multiplicando la severidad del castigo por la probabilidad del mismo. Así, si la pena por cometer un homicidio es 40 años de prisión y la probabilidad de recibirla es de 20 por ciento, el castigo esperado sería de ocho años, multiplicado por el costo de oportunidad del delincuente. Si el beneficio para un delincuente de matar a una persona es igual o inferior a esa cifra, probablemente no lo cometa.
Pero, ¿qué pasa si, por razones exógenas, el beneficio traspasa ese umbral? Asumiendo como constante la capacidad de castigo en el corto plazo, el delincuente tenderá a cometer el homicidio y otros delincuentes harán lo mismo. Mientras más homicidios ocurran, menor será la probabilidad de que cualquier acto en lo individual sea castigado y, por tanto, el castigo esperado tenderá a disminuir, generando con ello un incremento adicional en el número de homicidios.
Las ocho muertes ocurridas este sábado en Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, junto con cientos de asesinatos acumulados desde 2018 hasta la actualidad, indudablemente están vinculadas a hoyos delincuenciales que aún permanecen abiertos.
La lógica de determinadas bandas las obligó a centrar sus actividades hacia delitos tipificados por el fuero común ante la necesidad de dinero, movilidad y armas. Además del narcomenudeo, es inocultable el aumento en todo tipo de robos, destacando los asaltos a mano armada y el robo de vehículos. Por eso prevalece una delicada percepción social de inseguridad pública generalizada.
