PENSIONES DORADAS Y ABUSO EN LOS AGUINALDOS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 1 de mayo de 2026
En su sexenio, el gobernador Lauro Ortega Martínez (1982-1988) tuvo la intención de beneficiar con el aguinaldo de tres meses —y no los 15 días señalados por la ley— solamente a los trabajadores sindicalizados al servicio del Poder Ejecutivo. Aquella determinación, pensada como un avance para la base laboral, se extendió de manera irregular y perniciosa a lo largo de los años, transformándose en un privilegio que hoy muchos funcionarios de alto nivel reclaman como si fuera un derecho adquirido, sin importar su verdadera condición jurídica. Debido a la “costumbre” cualquier hijo de vecino, en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en los organismos públicos descentralizados, entre miles de trabajadores de confianza y en todos los municipios morelenses, exige el pago de tres meses de aguinaldo. Y también entra en juego la calidad que esos funcionarios tienen: no son subordinados, sino patrones.
La ley es clara y no deja lugar a interpretaciones caprichosas. El aguinaldo, como prestación laboral, está diseñado para los trabajadores que mantienen una relación de subordinación con un patrón. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo y las normativas locales aplicables al servicio público: se trata de un reconocimiento al esfuerzo de quien depende de un salario y de un jefe, no de quien ejerce el poder público como autoridad.
Sin embargo, en la práctica, numerosos funcionarios de primer nivel —secretarios, directores generales, titulares de órganos y otros altos mandos— han venido cobrando 90 días de aguinaldo como si fueran simples empleados de base. Esa distorsión es grave. Estos servidores no son subordinados; son patrones. Dirigen dependencias, toman decisiones de gasto, firman contratos, supervisan y, en muchos casos, ejercen funciones de inspección, vigilancia o representación del Estado. Su relación con el erario no es de subordinación laboral, sino de confianza y responsabilidad política. Pretender que merecen la misma prestación que un trabajador sindicalizado es un abuso que contradice el espíritu y la letra de la ley.
No merecen seguir cobrando 90 días de aguinaldo. Hacerlo equivale a premiar la opacidad y el autoenriquecimiento con recursos públicos que deberían destinarse a servicios reales para la ciudadanía: salud, educación, seguridad o infraestructura. Cuando un funcionario de alto nivel se ampara en esa prestación “dorada”, lo que hace es despojar al contribuyente y perpetuar un esquema de desigualdad dentro del propio gobierno: unos trabajan bajo condiciones precarias y otros se benefician de privilegios que la ley nunca contempló para ellos.
La iniciativa que se ha manejado en el Congreso local para reducir el aguinaldo a 45 días y establecer topes razonables en pensiones va precisamente en la dirección correcta: restaurar la legalidad y la equidad. No se trata de afectar a los trabajadores de base, quienes cumplen con su labor diaria y merecen respeto a sus prestaciones legítimas. Se trata de poner fin a los excesos de quienes, desde posiciones de poder, se han comportado como si el erario fuera su caja chica personal. Me viene a la mente la situación de un conocido ex presidente del Impepac, quien, con cargo al presupuesto anual de ese organismo, se embolsa mes a mes una pensión de 100 mil pesos. Por eso se la pasa a toda madre luciéndose como gran exponente del arraigo en Morelos.
Es hora de que la ley se aplique sin excepciones ni favores. Los funcionarios abusivos que se creen dueños del presupuesto y no servidores del pueblo deben entender que su condición de patrones les impone obligaciones, no privilegios adicionales. Solo así avanzaremos hacia un servicio público austero, transparente y verdaderamente al servicio de Morelos.
