Van 11 presidentes municipales asesinados en México durante el régimen de Claudia Sheinbaum Pardo
Hasta junio de 2026, se reportan al menos 11 presidentes municipales asesinados en México desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024.
Esta cifra proviene de recuentos de medios nacionales y compilaciones públicas actualizadas hasta mediados de junio de 2026.
La mayoría de los reportes coincidían en 10 casos hasta el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, en noviembre de 2025, y un undécimo se sumó con el homicidio ocurrido en junio de 2026.
Entre los casos confirmados se encuentran, en orden cronológico aproximado: Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo, Guerrero, secuestrado y decapitado pocos días después de asumir en octubre de 2024; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, Oaxaca, apuñalado en octubre de 2024; Jesús Franco Lárraga, de Tancanhuitz, San Luis Potosí, en diciembre de 2024; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, Oaxaca, en mayo de 2025; Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero, en junio de 2025; Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán, también en junio de 2025; las alcaldesas Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, y Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec, Michoacán, ambas en junio de 2025; Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo, en octubre de 2025; Carlos Manzo Rodríguez, de Uruapan, Michoacán, asesinado en un festival público el 1 de noviembre de 2025; y Joel Bravo Martínez, de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, atacado en su domicilio el 13 de junio de 2026 pese a haber solicitado protección.
Algunos recuentos varían ligeramente según si se incluyen solo alcaldes en funciones, electos o casos con posibles matices personales, pero la cifra de 10 hasta noviembre de 2025 y 11 con el caso reciente de Oaxaca resulta consistente en fuentes confiables. Muchos de estos asesinatos se vinculan al crimen organizado, disputas territoriales o amenazas previas que fueron ignoradas.
Los estados más afectados han sido Oaxaca, Michoacán y Guerrero. La violencia contra autoridades locales no es un fenómeno nuevo —sexenios anteriores registraron decenas de casos—, pero ha continuado de manera persistente bajo el actual gobierno. Las cifras oficiales pueden diferir ligeramente según la clasificación de los casos.
