LA VIOLENCIA QUE NO TERMINA CON LA MUERTE: POR ENDURECER EL CASTIGO A LA PROFANACIÓN DE CUERPOS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 14 de mayo de 2026
El 9 de abril de 2024 escribí sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz acaecido en la Ciudad de México. En ese texto sostuve con claridad que ese homicidio y sus respectivas agravantes existió, y lo subrayé precisamente por el evidente manejo del cuerpo de la joven, depositado como algo prescindible en un paraje de la autopista La Pera-Cuautla. Ese acto no solo culminó una agresión mortal, sino que prolongó la violencia más allá del último aliento.
La pareja hoy presa —Vanessa N. y Rautel N.— debe pagar por ello. El cuerpo de Ariadna presentaba lesiones por golpes y se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple calificado de mortal, según informó entonces la fiscal Ernestina Godoy. Pero el horror no se detuvo ahí: el cuerpo fue trasladado, ocultado y abandonado de manera degradante.
La Fiscalía General de Justicia capitalina identificó a Vanessa N. como la amiga con quien Ariadna se fue tras una reunión en un restaurante, y a Rautel N. como su novio. En el departamento donde estuvieron los tres se detectaron, pese a la limpieza, rastros de sangre en el piso de la sala, un cojín y la recámara principal. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre —identificado como Rautel— salía cargando a una mujer aparentemente inconsciente e inmóvil sobre su hombro.
Ese hombre llevó a la víctima al estacionamiento, la depositó en una camioneta y después, según la investigación, condujo hasta el paraje de la autopista a Tepoztlán donde fue hallado el cuerpo.
Un juez giró órdenes de aprehensión contra ambos por feminicidio. Vanessa fue detenida en Ecatepec e ingresada a Santa Martha Acatitla; Rautel se entregó en Monterrey tras alerta migratoria e Interpol. El caso demostró que la cosificación no termina con la muerte.
Hoy, esa misma lógica de violencia post mortem es la que busca combatir la diputada Melissa Montes de Oca con su iniciativa de reforma al Código Penal de Morelos. La legisladora propone endurecer las sanciones para la profanación, degradación, ocultamiento, desmembramiento o abandono indigno de cuerpos de víctimas de feminicidio. Se trata de cerrar un vacío legal que hasta ahora ha permitido que la crueldad se extienda más allá del homicidio.
Montes de Oca advirtió con razón que la violencia feminicida no termina con la muerte. En Morelos hemos visto cuerpos abandonados en barrancas, restos calcinados, ocultos o expuestos en vías públicas como objetos desechables. Esa deshumanización no solo busca impunidad: envía un mensaje de odio y cosificación contra todas las mujeres.
La propuesta surgió de los trabajos de la Mesa Violeta, impulsada por la Fiscalía General del Estado de Morelos junto con instituciones y sociedad civil. Representa un esfuerzo concreto para fortalecer el marco legal contra la violencia de género. Legislar con perspectiva de género significa reconocer que, cuando el agresor entierra, calcina o desmiembra, no solo evade la justicia, sino que ejerce una forma extrema de violencia que lastima a la sociedad entera.
La diputada subrayó que el derecho penal debe evolucionar ante las realidades que enfrenta el estado. Garantizar justicia incluso cuando las víctimas ya no pueden alzar la voz es un deber ético y jurídico. La iniciativa busca que estos actos agravantes sean sancionados con mayor severidad, enviando un mensaje claro: el cuerpo de una mujer asesinada no es basura ni un medio para ocultar evidencias.
Por la memoria de Ariadna Fernanda y de tantas otras cuyos restos fueron tratados con saña, urge aprobar esta reforma. Endurecer el Código Penal para castigar la profanación y degradación de cuerpos no solo protege la dignidad de las víctimas, sino que disuade a quienes creen que la violencia puede prolongarse impunemente después de la muerte.
Que este tipo de iniciativas avancen en Morelos y en todo el país. Solo así honraremos a las víctimas y construiremos un marco legal que reconozca la violencia feminicida en toda su crudeza: desde el primer golpe hasta el último acto de desprecio contra un cuerpo sin vida. La sociedad lo exige y la justicia lo demanda.
