MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA: LIDERAZGO FIRME EN TIEMPOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 25 de mayo de 2026
En la etapa previa al Operativo Enjambre, Morelos vivía bajo los vaivenes persistentes de la extorsión sistemática. Grupos criminales, principalmente células vinculadas al Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, imponían el “cobro de piso” a comerciantes, transportistas, agricultores y hasta familias en la zona oriente del estado, particularmente en municipios como Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Yautepec.
Las denuncias ciudadanas se acumularon, acompañadas de videos filtrados que mostraban reuniones entre alcaldes y líderes criminales como “El Barbas”. La violencia generó un clima de temor que frenó la economía local y erosionó la confianza en las instituciones municipales. El Operativo Enjambre, impulsado por la Estrategia Nacional contra la Extorsión del gobierno federal, respondió a esa acumulación de información en el Centro Nacional de Inteligencia, quejas empresariales y alertas de la sociedad civil.
Durante la ejecución del operativo las autoridades federales —FGR, SSPC y Guardia Nacional— realizaron detenciones y cateos que golpearon directamente estructuras de poder local. Se capturó al alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano; al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez; y a funcionarios clave de Cuautla como el secretario municipal Horacio Zavaleta, el oficial mayor Pablo Adrián Portillo y el tesorero Jonathan Espinoza, además de una consejera de Morena. Se giraron órdenes contra el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien permanece prófugo.
Las acusaciones giran en torno a extorsión agravada, delincuencia organizada y presuntos nexos con el crimen. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas relacionadas. Estos hechos expusieron la infiltración criminal en gobiernos locales de distintos partidos y generaron un vacío temporal de autoridad en varios ayuntamientos.
En la etapa posterior, el impacto ha sido doble: alivio para las víctimas de extorsión que ahora respiran con mayor libertad y, al mismo tiempo, incertidumbre administrativa en los municipios afectados. Las síndicas han asumido provisionalmente y el gobierno estatal retomó la coordinación de seguridad en Cuautla y Atlatlahucan para evitar vacíos que el crimen pudiera aprovechar.
La gobernadora Margarita González Saravia ha mantenido una postura clara de respaldo al operativo federal, declarando públicamente que “no se protegerá a nadie” y que las acciones no responden a colores partidistas, sino a la ley. Su presencia en la zona oriente se ha intensificado, junto con reuniones constantes con empresarios y el anuncio de refuerzos como el avance en sistemas de videovigilancia C2 y evaluaciones de confianza en corporaciones policiacas.
Aquí radican precisamente las fortalezas de Margarita González Saravia, que la posicionan para enfrentar este desafío con solvencia. Su trayectoria como activista social desde los 15 años, su experiencia empresarial exitosa en el sector turístico —donde fundó asociaciones nacionales— y su paso por cargos clave en desarrollo económico, turismo y cultura bajo diferentes administraciones le otorgan una visión pragmática y de gestión probada.
Como primera mujer gobernadora de Morelos, ha demostrado capacidad para ordenar la casa: incrementos salariales a policías, estrategia de seguridad alineada con la federación, inversión en infraestructura y un enfoque humanista que prioriza el diálogo con la sociedad. Esa combinación de firmeza, cercanía con la gente y experiencia multisectorial le permite hoy actuar sin titubeos.
El proceder que debe seguir la gobernadora es claro y urgente. Debe profundizar la transparencia, apoyando sin interferir las investigaciones federales y ampliando los controles de confianza a todos los niveles de gobierno.
Garantizar la gobernabilidad inmediata en los municipios intervenidos, evitando que el crimen ocupe los espacios dejados por las detenciones.
Reforzar la presencia operativa en la zona oriente con despliegues coordinados, proteger a denunciantes y acelerar la reconstrucción económica mediante programas de apoyo a víctimas de extorsión.
Su comunicación debe seguir siendo directa: unidad federal-estatal, justicia sin persecución política y resultados medibles en la baja de delitos.
A largo plazo, invertir en inteligencia estatal, combatir la corrupción interna y fortalecer las vocaciones productivas de Morelos —turismo, agroindustria, ciencia— para que la seguridad sea sostenible.
El Operativo Enjambre representa un golpe necesario y positivo contra la narcopolítica, pero solo será transformador si va acompañado de un seguimiento implacable.
Margarita González Saravia cuenta con el perfil y la legitimidad para liderar esa reconstrucción institucional. Morelos, que la eligió como su primera gobernadora, espera de ella precisamente eso: orden, método y resultados concretos que devuelvan la tranquilidad y el progreso a sus comunidades. La historia de su trayectoria de lucha y servicio sugiere que está a la altura del momento.
