MORELOS POR LA SEGURIDAD: OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y DESAFÍO REAL
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 26 de mayo de 2026
E D I T O R I A L
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, impone de manera clara e ineludible a estados y municipios la responsabilidad de garantizar la seguridad pública como función concurrente del Estado. No se trata de una facultad discrecional, sino de un mandato imperativo para salvaguardar la vida, libertades e integridad de los ciudadanos. Omitir esta obligación no solo genera inseguridad, sino que expone a las autoridades a responsabilidades por incumplimiento.
El plan “Morelos por la Seguridad”, que se presentará este jueves, llega en un momento oportuno para alinear acciones locales con este marco constitucional y responder a las demandas ciudadanas de paz.
El régimen de la gobernadora Margarita González Saravia muestra fortalezas notables en este empeño. La coordinación con la Federación ha permitido reducciones concretas en delitos de alto impacto durante 2025, el fortalecimiento de la infraestructura de vigilancia y la dignificación policial mediante aumentos salariales y profesionalización. Iniciativas como el Plan Integral de Seguridad Universitaria y el enfoque en reconstrucción del tejido social demuestran una visión preventiva y territorial que trasciende la mera reacción. Estos avances posicionan al estado para consolidar un modelo más integral.
Sin embargo, las debilidades persisten y no pueden ignorarse. La infiltración delictiva en algunas estructuras municipales, las altas denuncias de extorsión y la percepción ciudadana aún elevada revelan rezagos heredados y desafíos en la depuración institucional. La crisis financiera de varios ayuntamientos limita la cobertura operativa, mientras que la dependencia excesiva de operativos federales subraya vacíos en la capacidad local autónoma. Implementar “Morelos por la Seguridad” exigirá superar estas brechas con transparencia y firmeza.
El éxito del plan dependerá de su capacidad para traducir obligaciones constitucionales en resultados tangibles y sostenibles. Deberá priorizar la coordinación plena con los 36 municipios, la evaluación continua de indicadores y la participación ciudadana real, evitando que se convierta en un anuncio más sin seguimiento riguroso. Solo así se evitarán omisiones que comprometan no solo la gobernabilidad, sino el pacto social mismo.
Morelos tiene la oportunidad histórica de transformar su realidad de seguridad. Si el gobierno aprovecha sus fortalezas, corrige debilidades y actúa con el rigor que exige el artículo 21 constitucional, “Morelos por la Seguridad” podrá pasar de promesa a legado de paz. La ciudadanía, exigente y vigilante, será el juez definitivo de su eficacia.
