MORELOS ANTE LA HORA DE LA VERDAD: ¿CIRUGÍA MAYOR O SIMPLE RASPADO?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 3 de junio de 2026
La detención y prisión preventiva de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, junto con la caída de Agustín Toledano Amaro en Atlatlahucan e Irving Sánchez Zavala en Yecapixtla, marca el momento más incómodo que ha vivido la clase política morelense en años. El Operativo Enjambre no es un golpe aislado: revela una podredumbre sistémica donde presidentes municipales, secretarios y tesoreros habrían convertido los ayuntamientos en sucursales de facilitación para el Cártel de Sinaloa y sus células locales.
Reuniones con “El Barbas”, cobro de cuotas a cambio de impunidad y financiamiento de campañas a cambio de protección ya no son rumores de café: son carpetas judiciales con videos, testigos y órdenes de aprehensión.
La FGR y la SSPC tienen en la mira a alrededor de 15 alcaldías, principalmente de la franja oriente (Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala, Axochiapan) y sur-poniente (Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac). También se añade de manera destacada al municipio de Jiutepec, hoy por hoy una de las zonas de mayor incidencia criminal. Por algo será.
No se trata de manzanas podridas sueltas, sino de una red que lleva lustros operando con la misma naturalidad con la que se reparte el presupuesto. Institucionalizar la extorsión y la colusión no fue accidente: fue modelo de negocio. Morelos tiene hoy la oportunidad histórica de sacudirse esta delincuencia de cuello blanco que ha sido más dañina que los sicarios mismos, porque quien protege al criminal desde el palacio municipal multiplica el terror.
Sin embargo, la cautela es obligada. En México las llamaradas de petate contra la corrupción son tradición. Operativos mediáticos que terminan en negociaciones, amparos generosos, carpetas que se archivan o que solo atrapan a los de segunda fila mientras los verdaderos pactantes siguen en la sombra.
Si este Enjambre se reduce a tres o cuatro cabezas visibles y luego todo vuelve a la “normalidad” de cuotas y complicidades, solo habremos cambiado de capos por otros más discretos. Esto se llama gatopardismo.
La ciudadanía, harta de pagar doble tributo (impuestos y extorsión), exige resultados tangibles: sentencias firmes, confiscación de bienes y depuración total de corporaciones policiacas municipales.
Ojalá esta vez no sea solo el petate del muerto. Morelos merece romper el ciclo de podredumbre que convirtió gobiernos locales en franquicias del narco. Si las investigaciones avanzan sin miramientos partidistas y llegan hasta donde tengan que llegar, el estado podrá respirar. De lo contrario, solo habremos presenciado otro espectáculo para la galería mientras la delincuencia institucionalizada se reorganiza bajo nuevos nombres y nuevos acuerdos. La diferencia entre limpieza real y teatro la sabremos en los próximos meses. El pueblo morelense, que sufre en carne propia, ya no cree en promesas: exige cabezas, patrimonios decomisados y paz tangible.
