NUEVO DESAFÍO CONTRA EL ESTADO MEXICANO: ASESINAN A ALCALDE DE MORELOS POR NO ALINEARSE
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 23 de julio de 2026
El asesinato de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, a plena luz del día dentro del Palacio Municipal, no es un crimen aislado ni un hecho lamentable más en la estadística de la violencia mexicana. Es la ejecución pública de una advertencia que el Estado fue incapaz de neutralizar.
Dos meses después de una narcomanta que le exigía “alinearse” y casi seis meses tras sobrevivir a un atentado, el edil del PVEM fue abatido por sicarios que entraron sin mayor resistencia al corazón del poder municipal. Este hecho desnuda la fragilidad institucional: cuando un alcalde es ejecutado en su propia oficina por negarse a someterse a un cártel, el mensaje no es solo para los políticos locales, sino para todo el aparato de gobierno.
Las amenazas fueron explícitas y públicas desde el 2 de mayo. La narcomanta atribuida a un grupo criminal acusaba a Lavín Romero de proteger a rivales y le daba un ultimátum sin matices: “O te alineas o te alineas… vamos por todos”. Esa advertencia llegaba apenas tres meses después del atentado del 31 de enero en la carretera México-Oaxaca, donde sicarios en motocicleta abrieron fuego contra su vehículo. El alcalde pidió licencia para recuperarse, pero al regresar enfrentó el destino que él mismo había intentado evitar. La impunidad con la que operan estos grupos revela una falla estructural: las autoridades conocen las amenazas, despliegan operativos posteriores, pero no logran prevenir el golpe anunciado.
El contexto de Temoac y el oriente de Morelos agrava la gravedad del caso. La región es disputada por Los Aparicio (Huazulco), una célula dedicada a secuestros, extorsiones y narcomenudeo que, pese a haber sido “desarticulada” en noviembre de 2024 y nuevamente en septiembre de 2025, sigue activa. Resulta especialmente perturbador que entre los detenidos figurara Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, ex tesorera municipal y suegra del propio alcalde. La infiltración del crimen organizado en el entorno familiar y administrativo del edil ilustra cómo los cárteles no solo amenazan desde fuera, sino que corrompen y operan desde dentro de las instituciones locales.
Más allá de Los Aparicio, Temoac se encuentra en una zona de influencia de Comando Tlahuica, Guerreros Unidos y el CJNG, en medio de una fragmentación criminal que la Fiscalía General de la República ha identificado con al menos once organizaciones en el estado. Esta multiplicidad de actores genera una violencia permanente y cíclica: detenciones mediáticas que no desmantelan estructuras, liberaciones rápidas y rearme.
El asesinato de Lavín Romero es solo la culminación visible de esa disputa territorial donde el Estado aparece como un actor secundario, incapaz de imponer su monopolio de la fuerza.
Este crimen representa un desafío directo al Estado mexicano. Cuando un alcalde es asesinado por negarse a “alinearse” con el narco, se erosiona la soberanía en su nivel más básico: el gobierno municipal. La respuesta no puede limitarse a operativos reactivos ni a comunicados de condena. Urge una estrategia que rompa la impunidad, depure las corporaciones infiltradas y recupere el control territorial. De lo contrario, cada nuevo asesinato de un servidor público por no someterse al crimen organizado será, como este, una humillante demostración de que en amplias regiones del país quien realmente gobierna no es el Estado, sino quien tiene las armas y la voluntad de usarlas.
