PENSIONES DORADAS: EL FESTÍN DE LOS PARÁSITOS DEL ERARIO PÚBLICO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 11 de junio de 2026
En México, donde el esfuerzo cotidiano de millones se traduce en sueldos modestos y jubilaciones precarias, el sector público sigue ofreciendo un paraíso de privilegios que ofende la inteligencia y la decencia. Tras la reciente reforma constitucional impulsada por el Gobierno Federal contra las “pensiones doradas”, el tope máximo para las jubilaciones de exservidores públicos —incluidos los de Pemex— se ha fijado en torno a los 134,290 pesos mensuales. Antes, casos excepcionales de exfuncionarios y personal de confianza en Pemex superaban el millón de pesos al mes. Ahora se “ajustan”. Pero la pregunta sigue siendo lacerante: ¿cómo es posible que esto haya existido siquiera?
Da rabia. Una rabia justificada y sana. Conozco a una química farmacobióloga que, para llegar a ser directora de control de calidad en laboratorios alemanes con filial en CIVAC (Cuernavaca), invirtió años de su vida: maestrías, un doctorado en química, innumerables cursos de especialización en Alemania, dominio técnico impecable y responsabilidad diaria sobre procesos críticos. Su sueldo rondaba los 80 mil pesos mensuales en activo. Se jubiló conforme a la ley, sin atajos ni privilegios.
En el sector privado, la meritocracia es brutal: produces valor o te vas. No hay “antigüedad mágica” que te regale un retiro millonario a costa de los contribuyentes.
En cambio, en Pemex y otras paraestatales, generaciones de “cuates” y “de confianza” acumularon pensiones que rayaban en el escándalo. Algunos exdirectivos percibían (¿perciben?) más de un millón mensual, financiados por recursos públicos que podrían haber servido para hospitales, escuelas o combatir la pobreza.
La reforma reciente es un paso necesario, pero llega tarde y con resistencia. Jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza marchan y protestan, como si el erario fuera una piñata inagotable. Mientras el promedio de pensiones en México ronda los 6 mil pesos, estos “afortunados” vivían (¿viven?) en otra galaxia.
Esto no es un problema aislado. Es cultural. Miles de “parásitos” —usemos la palabra sin eufemismos— entran al servicio público no por vocación de servir, sino por la promesa de una jubilación dorada. Generan antigüedad, escalan en cargos de confianza y, al retirarse, se llevan fortunas que nunca generaron en productividad real.
En Morelos, la resistencia a reformar a fondo la Ley del Servicio Civil es legendaria. Los politicastros y politiqueros locales saben que tocar ese hueso les cuesta votos y lealtades. Sé de un ex presidente del IMPEPAC que, con cargo al propio instituto, percibe más de 80 mil pesos mensuales de pensión. ¡Pura vida!, como diría Clavillazo. Mientras tanto, profesionales del sector privado ven cómo sus impuestos financian este circo.
El sector privado no tolera esto. Una empresa alemana o mexicana exitosa no puede permitirse pagar jubilaciones millonarias a exdirectivos mientras sus ingenieros o técnicos luchan por llegar a fin de mes. La competencia es despiadada: innovas, reduces costos, creas valor o quiebras. En el público, el dinero sale del bolsillo ajeno —el nuestro— y la rendición de cuentas es opcional hasta que una reforma constitucional obliga a ajustar.
No se trata de negar derechos adquiridos ni de ser inhumano con quienes trabajaron décadas. Se trata de justicia elemental. Nadie debería jubilarse con montos que duplican o triplican el sueldo de un presidente o de un médico de base, especialmente cuando esos recursos provienen de impuestos pagados por mexicanos que ganan mucho menos. La reforma al artículo 127 es un avance contra el abuso, pero debe ser el principio de una limpieza profunda: transparencia total en pensiones, eliminación de regímenes especiales obsoletos y un sistema de jubilaciones que premie el mérito real, no la cercanía al poder.
México no puede seguir permitiendo que el servicio público sea sinónimo de retiro millonario a costa de la nación. Basta de parásitos dorados. Es hora de que el esfuerzo privado deje de subsidiar la comodidad pública. Los contribuyentes merecemos algo mejor que ver cómo nuestro dinero engorda pensiones obscenas mientras miles de profesionales honestos se retiran con lo justo.
¡Que la austeridad republicana no sea solo discurso! Que sea realidad.
