OTRA FRANQUICIA MÁS: BIENESTAR CIUDADANO SE SUMA AL NEGOCIO DE LAS PRERROGATIVAS
Mientras Morelos sigue sangrando por la violencia organizada, el Impepac acaba de entregar una licencia más para que otro grupo cobre del erario. La consejera presidenta Mireya Gally Jordá entregó la constancia de registro como partido político local a “Bienestar Ciudadano AC”, encabezado por Diana Laura Nava Valdovinos.
Otra sigla. Otro logotipo que aparecerá en la boleta. Otro aparato que se financiará con dinero público para “representar” a los ciudadanos. En un estado que ya carga con Morena, PAN, PRI, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y las marcas nacionales recién llegadas como PAZ y Viva México, el sistema de partidos ya no es un mecanismo de representación: es una franquicia rentable.
Cada nuevo registro significa más prerrogativas, más estructuras pagadas por el contribuyente y más fragmentación del voto que, históricamente, solo beneficia a las cúpulas que viven de esto.
Lo más grave no es el registro en sí. Lo más grave fue la respuesta de la autoridad electoral cuando le preguntaron cómo van a impedir que el crimen organizado infiltre candidaturas. Gally Jordá fue clara: el Impepac “no puede ir más allá de lo establecido en la ley”. Y remató con el clásico pase de pelota: que los propios partidos revisen a sus candidatos porque así lo pidió la presidenta y la gobernadora.
Es decir: la institución que tiene la obligación constitucional de garantizar la integridad del proceso electoral se declara incapaz de hacer nada y le pide a los mismos partidos —muchos de ellos históricamente permeables— que se vigilen solos. Eso no es institucionalidad. Eso es simulación con membrete oficial. En un estado donde varias regiones viven bajo el control o la amenaza directa de grupos criminales, delegar la depuración de candidaturas a la “buena voluntad” de las dirigencias partidistas no es ingenuidad: es complicidad por omisión.
El negocio sigue, la responsabilidad se diluye. Mientras se reparten más prerrogativas entre más siglas, las autoridades electorales ya anunciaron que su trabajo termina en la entrega de la constancia. Lo demás —incluida la infiltración del dinero sucio en las campañas— es problema de “los partidos”. Es la misma lógica que ha permitido que el sistema se convierta en lo que es: un mecanismo de distribución de recursos públicos disfrazado de pluralidad.
Cuantos más partidos existan, más se diluye la responsabilidad y más fácil resulta que perfiles cuestionables lleguen a las boletas.
Bienestar Ciudadano AC ya tiene su registro. Ya tiene derecho a cobrar del presupuesto. Y, como los demás, tendrá la misma excusa cuando le pregunten por candidatos con vínculos oscuros: “Nosotros solo cumplimos con la ley”.
El problema no es que haya un partido más. El problema es que el órgano electoral ya ni siquiera finge que le importa quiénes llegan al poder con dinero público. Solo entrega la franquicia y se hace a un lado. Y mientras tanto, Morelos sigue esperando que alguien, en algún lado, decida que la democracia no es un negocio más.
