LA DELGADA LÍNEA ENTRE LA “PRESENCIA TERRITORIAL” Y EL PROSELITISMO ANTICIPADO
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 12 de agosto de 2026
E D I T O R I A L
En México la ley electoral es clara: no se puede pedir el voto ni posicionar candidaturas fuera de los plazos. Sin embargo, a meses de que arranque formalmente el proceso 2026-2027, las calles, las redes y los espectaculares ya están llenos de nombres, rostros y eslóganes que, en la práctica, funcionan como precampaña. La pregunta no es si ocurre, sino hasta cuándo seguiremos fingiendo que no.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define con precisión los actos anticipados de campaña: cualquier expresión, bajo cualquier modalidad, realizada fuera de la etapa oficial, que contenga llamados expresos al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o que solicite apoyo para contender. El Tribunal Electoral ha insistido en que deben concurrir tres elementos —personal, temporal y subjetivo— y que el subjetivo exige un mensaje explícito o inequívoco, no meras insinuaciones. En papel, el estándar es alto. En la realidad política, se diluye.
Hoy vemos a funcionarios y aspirantes de varios partidos, especialmente de Morena y sus aliados, desplegando propaganda, recorridos casa por casa, publicidad pagada en redes y figuras inventadas como “coordinadores de la defensa de la transformación”. La oposición responde con estrategias similares bajo otros nombres. Todos invocan la misma defensa: “no estamos pidiendo el voto, solo hacemos presencia territorial” o “informamos a la ciudadanía”.
Es un eufemismo cómodo. Cuando alguien inunda un distrito con su imagen meses antes de que existan precandidaturas formales, el mensaje llega igual, aunque no diga literalmente “vota por mí”.
Ha habido sanciones. El propio Tribunal ha declarado existentes actos anticipados en casos concretos, imponiendo amonestaciones y multas. Pero son gotas frente al océano de denuncias que se acumulan y de resoluciones que tardan o se diluyen.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral sigue posponiendo lineamientos que podrían poner orden en estos procesos previos. La falta de reglas claras no es neutral: beneficia a quien tiene más recursos, más estructura y más control territorial.
El problema de fondo no es solo jurídico. Es de equidad y de credibilidad. Cada vez que se tolera el anticipo sistemático, se envía un mensaje: las reglas importan menos que la capacidad de imponer hechos consumados. La ciudadanía termina observando una contienda que empieza mucho antes de lo legal, con ventajas acumuladas que luego son difíciles de corregir. Y cuando las autoridades actúan tarde o de manera selectiva, la desconfianza crece.
No se trata de prohibir la política. Se trata de que la política respete los tiempos que ella misma se impuso para garantizar una competencia mínimamente equitativa.
Mientras el llamado al voto se esconda detrás de eufemismos y la autoridad titubee, el anticipo seguirá siendo la regla no escrita de la contienda mexicana. Y eso, más que una violación técnica, es un desgaste constante de las instituciones que deberían arbitrar el juego.
