PABLO NIVARDO: CUANDO LAS INDIRECTAS EMPIEZAN A TENER DESTINATARIO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 29 de septiembre de 2026
En política pocas declaraciones son gratuitas, mucho menos cuando provienen de quien tiene la facultad de nombrar y remover funcionarios. José Luis Urióstegui Salgado acaba de reconocer públicamente que la estrategia de seguridad en Cuernavaca no ha funcionado del todo, que su administración sigue debiéndole resultados a la sociedad y que la presencia de la policía municipal es cada vez menos notoria. Hasta ahí podría tratarse de una autocrítica obligada después del asesinato de los dos jóvenes estudiantes de la Preparatoria 2 en Chulavista. Pero el alcalde agregó algo mucho más significativo: habrá evaluación de los mandos de la SEPRAC y, si los resultados no mejoran, podrían venir cambios.
Traducido del lenguaje institucional al político, el mensaje tiene destinatario. Se llama Pablo Nivardo Aguilera Casados, actual titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca. Urióstegui no anunció su destitución ni señaló directamente que haya perdido la confianza en él, pero sí lo colocó públicamente frente a un examen cuyos resultados serán conocidos en unas semanas. Cuando un presidente municipal establece frente a los medios un plazo para evaluar a sus responsables de seguridad, algo se está moviendo.
La historia, además, comienza a parecer conocida. Guillermo García Delgado, anterior responsable de la seguridad municipal, también fue objeto de cuestionamientos sobre resultados antes de abandonar el cargo. Durante algún tiempo comenzaron a aparecer señalamientos e indirectas respecto del funcionamiento de la corporación hasta que finalmente llegó el relevo. Entonces apareció Pablo Nivardo Aguilera como la alternativa para corregir aquello que no estaba funcionando. Ocho meses después, el discurso empieza nuevamente a caminar por terrenos semejantes.
Hay una diferencia importante. Aguilera Casados llegó con un respaldo institucional considerable. Su perfil fue planteado dentro del esquema de coordinación de seguridad y su nombramiento fue presentado como una oportunidad para fortalecer la inteligencia, la investigación y la relación de Cuernavaca con las autoridades estatales y federales. Precisamente por eso resulta significativo que sea ahora el propio alcalde quien ponga sobre la mesa la posibilidad de revisar la permanencia de los mandos de la SEPRAC.
El asesinato de Christian y Gael en Chulavista cambió el escenario. No solamente por la brutalidad del doble homicidio y porque las víctimas eran dos estudiantes muy estimados entre habitantes de Alta Vista, sino porque volvió a colocar la seguridad de Cuernavaca bajo una enorme presión pública. Urióstegui tenía que reaccionar. Y reaccionó reconociendo fallas, pero también señalando hacia abajo dentro de la estructura municipal.
Ahí aparece una lectura política inevitable. Cuando el alcalde dice que su gobierno sigue debiéndole a la sociedad, asume una parte de la responsabilidad; pero cuando inmediatamente habla de policías poco visibles, de mandos que deben acompañar a sus elementos, de evaluación de resultados y de eventuales cambios, comienza también a delimitar responsabilidades. Él queda colocado como quien detecta el problema, exige resultados y ordena corregir; los responsables operativos quedan convertidos en quienes deberán explicar por qué esos resultados no llegaron.
No podemos afirmar que Urióstegui pretenda responsabilizar personalmente a Pablo Nivardo Aguilera por lo sucedido en Chulavista. Tampoco existen elementos suficientes para asegurar que ya decidió sustituirlo. Pero sí podemos advertir que el alcalde está construyendo públicamente una narrativa que eventualmente le permitiría hacerlo: reconoce la crisis, señala deficiencias operativas, fija un periodo de evaluación y anticipa que podría haber cambios.
Y precisamente el plazo resulta revelador. Dos semanas no resolverán la inseguridad de Cuernavaca. Nadie puede modificar en catorce días problemas acumulados durante años. Por eso el periodo anunciado parece funcionar más como una evaluación política y administrativa que como una verdadera medición del fenómeno delictivo. A partir de ahora, cualquier episodio grave ocurrido durante ese lapso aumentará inevitablemente la presión sobre la SEPRAC y su titular.
Pablo Nivardo debería conocer perfectamente ese lenguaje. Cuando un jefe político comienza a decir públicamente que los resultados no alcanzan, que habrá evaluaciones y que nadie tiene asegurada la permanencia, normalmente no está enviando felicitaciones. Está marcando distancia.
Pero existe una cuestión todavía más importante que el destino personal del secretario. Si Guillermo García Delgado salió porque los resultados no eran suficientes y Pablo Nivardo Aguilera llegara eventualmente a enfrentar el mismo argumento, entonces habrá que dejar de preguntarnos únicamente quién ocupa la oficina principal de la SEPRAC. Porque cambiar secretarios puede modificar mandos, procedimientos y estrategias, pero no necesariamente resuelve las causas de una policía insuficiente, la falta de presencia preventiva, los problemas de inteligencia y la capacidad operativa de la corporación.
Y ahí aparece una responsabilidad que ningún relevo puede borrar: la seguridad pública municipal finalmente forma parte del gobierno encabezado por José Luis Urióstegui Salgado. El secretario ejecuta y dirige operativamente, pero el alcalde gobierna, supervisa, decide nombramientos y responde políticamente por los resultados de su administración. Sustituir a un mando puede ser necesario cuando éste fracasa; convertir sucesivamente a los mandos en explicación de los fracasos sería otra cosa.
Por eso las palabras pronunciadas después de la tragedia de Chulavista merecen atención. Quizá estemos simplemente frente a una advertencia destinada a sacudir a la corporación y obligarla a reaccionar. Quizá estemos observando los primeros movimientos de un nuevo relevo. Las próximas semanas permitirán saberlo.
Lo que ya puede decirse es que Pablo Nivardo Aguilera Casados dejó de estar solamente al frente de la SEPRAC para colocarse también bajo evaluación pública de su propio jefe. Y si recordamos cómo comenzó a deteriorarse la relación política con Guillermo García Delgado antes de su salida, el parecido resulta difícil de ignorar.
En política las indirectas tienen una característica peculiar: casi siempre parecen dirigidas a todos, pero normalmente hay alguien que sabe perfectamente que son para él.
