LOS VÍNCULOS ENTRE CIUDADANOS ISRAELÍES Y EL CRIMEN ORGANIZADO QUE HAN SIDO DOCUMENTADOS EN MÉXICO
La relación entre ciudadanos israelíes, exmilitares extranjeros y organizaciones criminales latinoamericanas tiene antecedentes documentados desde hace décadas, aunque la evidencia disponible no demuestra que el Estado de Israel o el movimiento sionista controlen a los cárteles mexicanos. Uno de los antecedentes más relevantes se remonta a la década de 1990, cuando autoridades estadounidenses señalaron que organizaciones del narcotráfico mexicano recurrían a mercenarios extranjeros para entrenar a sus grupos armados. Una investigación publicada por The Washington Post en 1997 señaló que fuentes de seguridad identificaban entre esos mercenarios a personas provenientes de Israel, Colombia y Reino Unido, contratadas para instruir a integrantes de organizaciones criminales en explosivos y técnicas de combate. El reporte surgió durante una audiencia del Senado estadounidense sobre narcotráfico y seguridad en México.
Uno de los casos que aparece con mayor frecuencia en investigaciones sobre este fenómeno es el de Yair Klein, un exmilitar israelí que posteriormente se convirtió en mercenario. Sin embargo, su vínculo más sólidamente documentado es con Colombia, no con el gobierno israelí ni directamente con los principales cárteles mexicanos. Documentos de Naciones Unidas describieron investigaciones según las cuales Klein y otros mercenarios israelíes entrenaron grupos armados vinculados con narcotraficantes colombianos en el manejo de explosivos y otros métodos de combate. La documentación internacional señala que algunos de estos grupos fueron contratados por integrantes del Cártel de Medellín. Décadas después, investigaciones académicas continuaron señalando la influencia que tuvieron instructores y mercenarios israelíes sobre organizaciones paramilitares colombianas.
En México existen, además, antecedentes concretos de ciudadanos israelíes relacionados con organizaciones criminales mexicanas. En 2019, el asesinato de los israelíes Benjamín Yeshurun Sutchi y Alon Azulay en Plaza Artz, en Ciudad de México, llevó a las autoridades a investigar sus vínculos con la delincuencia organizada. De acuerdo con información citada entonces por medios mexicanos a partir de expedientes de la Fiscalía, Sutchi había tenido relaciones con integrantes de los Beltrán Leyva y antecedentes relacionados con narcotráfico, secuestro, armas y casinos. Investigaciones periodísticas también señalaron que las autoridades habían detectado desde años anteriores operaciones de personas identificadas como integrantes de la llamada “mafia israelí” relacionadas con lavado de dinero y suministro de armamento para organizaciones criminales mexicanas.
El caso de Plaza Artz también abrió una investigación sobre una posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Información difundida en aquellos años por autoridades y medios señaló que los dos hombres asesinados habrían tenido empresas en distintos estados del país y que algunas de esas estructuras empresariales presuntamente se utilizaban para operaciones de lavado de dinero. Una recopilación del Instituto Nacional de Migración, basada en información publicada por El Universal, señaló que el posible móvil estaba relacionado con una disputa con integrantes del CJNG y con dinero que presuntamente era lavado para dicha organización. El País también documentó la investigación de la Fiscalía sobre los vínculos entre los dos israelíes asesinados y la delincuencia organizada mexicana.
Otro aspecto que ha generado controversia es la presencia de armamento de fabricación israelí en manos de organizaciones criminales mexicanas. Investigaciones periodísticas han documentado que fusiles y otros equipos de origen israelí han aparecido en arsenales utilizados por grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, que un arma sea de fabricación israelí no significa que haya sido entregada directamente por el gobierno de Israel a un cártel: las armas pueden llegar al mercado criminal mediante intermediarios, desvíos, ventas legales previas, contrabando o mercados secundarios. Por ello, la presencia de armamento israelí constituye un dato relevante para investigar las rutas internacionales de tráfico de armas, pero no demuestra por sí misma una colaboración entre el Estado israelí y los cárteles mexicanos.
También existe evidencia de que exmilitares israelíes han participado en actividades criminales en otros países de América Latina, especialmente Colombia. Una investigación de InSight Crime basada en archivos de la Fiscalía colombiana señaló que redes criminales encabezadas por ciudadanos israelíes estuvieron relacionadas con tráfico de drogas y explotación sexual, y que algunas de sus operaciones tenían como clientes a exmilitares israelíes. Estos antecedentes ayudan a explicar por qué la presencia de ciudadanos israelíes con experiencia militar aparece recurrentemente en investigaciones sobre crimen transnacional, pero nuevamente es necesario diferenciar a individuos que actúan como mercenarios, empresarios o delincuentes de las instituciones del Estado de Israel.
En redes sociales, mientras tanto, la información comprobada se ha mezclado con afirmaciones mucho más amplias que sostienen que “soldados israelíes entrenaron a todos los cárteles mexicanos”, que Israel dirige al crimen organizado o que existe una operación sionista para controlar México. Algunas publicaciones incluso presentan como actuales fotografías o videos de soldados israelíes y los relacionan directamente con organizaciones criminales mexicanas. Hasta ahora, las fuentes revisadas no permiten confirmar esas afirmaciones generales. Lo que sí puede sostenerse documentalmente es que hubo mercenarios israelíes involucrados históricamente en el entrenamiento de grupos armados latinoamericanos, que existen antecedentes de ciudadanos israelíes relacionados con redes criminales en México y que armas de fabricación israelí han terminado en manos del crimen organizado. Convertir esos hechos en una afirmación de que “los sionistas controlan los cárteles” sería ir más allá de la evidencia disponible.
El fenómeno, por tanto, debe entenderse como parte de un mercado criminal internacional de armas, entrenamiento, lavado de dinero y servicios especializados, en el que han participado personas de distintas nacionalidades. La documentación disponible también muestra que los cárteles mexicanos han recurrido históricamente a especialistas extranjeros; en años recientes, por ejemplo, autoridades mexicanas han reportado el reclutamiento de exmilitares colombianos por parte de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG. La evidencia apunta así a una delincuencia organizada cada vez más transnacional, pero no demuestra que Israel como Estado, ni los judíos como comunidad, sean responsables del crimen organizado mexicano.
